Gravísima imputación internacional

Raúl Jiménez Vázquez

Heredero del histórico tribunal de conciencia fundado por Sir Bertrand Russell para juzgar los crímenes de derecho penal internacional cometidos durante la guerra de Vietnam, el Tribunal Permanente de los Pueblos tiene por misión investigar in situ aquellos ataques a la población que se perpetran desde las entrañas mismas de los aparatos estatales. Su presencia se ha hecho patente en más de 40 países, como El Salvador, Colombia, Argentina, Sahara Occidental y Filipinas.

La instalación formal de la Sección México se realizó en octubre del 2011, asignándosele una agenda conformada por siete ejes temáticos: I) guerra sucia, violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia; II) migración, refugio y desplazamiento forzado; III) feminicidio y violencia de género; IV) violencia contra los trabajadores; V) violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía; VI) devastación ambiental y derechos de los pueblos; VII) desinformación, censura y violencia contra los comunicadores.

Enmarcados bajo el epígrafe “Libre comercio, guerra sucia, impunidad y derechos de los pueblos”, los trabajos se llevarán a cabo a lo largo de los años 2012 y 2013; a principios del año 2014 tendrá lugar una audiencia final y la emisión del veredicto. El primer encuentro oficial se celebró hace pocos días en ciudad Juárez y más tarde se continuó en la capital de la república, donde seis jurados internacionales originarios de Argentina, Brasil, Francia, España y Australia escucharon pacientemente lo que resultó un verdadero aluvión de denuncias contra el Estado mexicano.

En la sesión inaugural el secretario general Gianni Tognoni expresó lo siguiente: “¿Hay o no lugar en la historia para los pueblos?; ésta debe ser una tribuna para que el pueblo declare cuál es su interpretación sobre las leyes económicas, que al parecer son más importantes que los derechos humanos, más cuando obedecen a tratados de libre comercio que se erigen en un poder virtual porque se dice que deben ser reglas para el desarrollo, aunque se opongan a la realidad concreta de las personas que sufren”.

Tras ese contundente exordio se precipitaron las intervenciones de sobrevivientes de la matanza de Acteal, opositores a las mineras canadienses y familiares de los migrantes ejecutados en Tamaulipas, entre tantos otros. El líder de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas lanzó un severísimo reproche: “Venimos a acusar al Estado de condenarnos a dejar de existir, de quitarnos incluso los medios de subsistencia para dejarnos en manos del mercado, de haber creado un modelo económico devastador”; la increpación fue a su vez secundada con el aporte de datos sin lugar a dudas conmovedores: tres de cada cuatro familias campesinas viven en la pobreza, tres y medio millones de pequeños productores han sufrido los embates de cambios estructurales en el sector agropecuario y el grueso de ejidatarios y comuneros ya no trabajan la tierra.

Más tarde se dio cuenta de los reclamos concernientes a los feminicidios acaecidos en la frontera norte, la catástrofe ambiental de la sierra Tarahumara, la agresión a los centros de rehabilitación, el ataque a Villas de Salvárcar, la desaparición forzada de muchas personas y el aniquilamiento de familias enteras. En la sesión de la ciudad de México se escuchó el clamor de los deudos de los mineros de Pasta de Conchos, los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y los trabajadores de Mexicana de Aviación.

Al término de la amplísima ronda de actividades el Tribunal dictó un fallo de carácter preliminar asentando: I) el Estado se ha convertido en un guardián de los intereses privados, II) las raíces de la violencia, la desigualdad y la destrucción del medio ambiente se ubican en el libre comercio, III) muchos de los hechos constatados podrían ser tipificados como crímenes de lesa humanidad en los términos del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, IV) 50 mil personas muertas y 250 mil desplazados no son simplemente el resultado de un comercio de drogas en manos de los cárteles, V) las autoridades han empleado sistemáticamente políticas represivas que afectan a los trabajadores y a la población en general, las cuales se traducen en la práctica de torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, feminicidios y criminalización de la protesta social, VI) el Estado ha diseñado y aplicado un modelo de relaciones laborales que ha hecho crisis, VII) el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo tienen un espíritu pionero y ejemplar, pero sobre ellos se ciernen amenazas de agresión.

 Luego de descartar términos como “guerra sucia” o “estrategia contrainsurgente”, en virtud de que éstos “pueden diluir la naturaleza de lo que está sufriendo el pueblo mexicano”, los jueces de conciencia concluyeron que el conjunto de violencias que ocurren en México encuadra dentro de la patología política y jurídica del terrorismo de Estado.

A los electores nos gustaría saber qué piensan los candidatos presidenciales en relación con esta gravísima imputación de carácter internacional.