En un ambiente de graves condiciones

Alfredo Ríos Camarena

Las condiciones sociales y económicas del país atraviesan por graves circunstancias, pues a pesar de los objetivos constitucionales de justicia y equidad social, las condiciones de desigualdad son enormes, y las brechas, entre los que todo tienen y los que nada poseen, son abismales.

Esta situación de marginación y pobreza, a la que se agrega la angustiosa inseguridad en que vivimos, es campo fértil para la confrontación social y para la movilización de grupos que tienen objetivos o causas contestatarias al sistema político.

Por eso, la agitación producida por grupos como la CNTE, los campesinos de Atenco y el Sindicato Mexicano de Electricistas, plantea una acción violenta, que pretende tener que ver con el proceso electoral; la realidad es que estos movimientos —con justificación o sin ella— se han venido gestando por problemas gremiales específicos.

Muy distinto es el caso de los jóvenes del movimiento Yo Soy 132, quienes sí nacieron como una protesta, particularmente hacia los medios de comunicación y, en cierta forma, contra la candidatura de Enrique Peña Nieto; pero este movimiento ha sido rebasado y prácticamente engullido por los anteriores.

No debe haber confusión: los partidos políticos nacionales son los protagonistas de este proceso y tienen abiertas las vías jurisdiccionales que les otorgan la Constitución y la ley, y que se agotan inexorablemente con la resolución inapelable del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Qué bueno que se exija a Peña Nieto el cumplimiento de sus promesas, si finalmente obtiene la presidencia de la república, y todo parece indicar que así será. Es sano que la demanda social se inserte en un lugar preponderante en la agenda del próximo sexenio; hay muchas causas y razones para que la sociedad esté inquieta.

Es preocupante que esta confusión pretenda llevarnos a un escenario de violencia que no deseamos y que resultaría contraproducente para la solución de los temas pendientes.

Esperamos que se resuelva el conflicto poselectoral conforme a derecho y que los conflictos sociales sean abordados con atención en la agenda nacional.

La responsabilidad de estas posibles acciones, probablemente violentas, recae en diversos actores. Desde luego, los propios protagonistas que despliegan sus banderas de lucha; pero el gobierno federal y los partidos políticos que postulan a López Obrador tienen un obligación cívica elemental: impedir el paso a una lucha que distorsione el tejido social y desequilibre el progreso del país.

Desde luego, el respeto que la Constitución nos merece obliga a las instituciones a cumplir con las garantías individuales, pero el gobierno federal, por su parte, y también los gobiernos locales, tienen que cumplir a plenitud sus facultades institucionales, para evitar la ingobernabilidad.

Bastante tenemos ya con lo que nos ha acontecido en estos últimos años.