Entrevista a Arturo Sánchez/Exconsejero electoral
Irma Ortiz
El camino de las impugnaciones a los comicios del primero de julio, su presentación ante el Tribunal Electoral; las iniquidades en la competencia, el presunto financiamiento ilegal a las campañas y la posibilidad de anular la elección presidencial de 2012, son algunas de las reflexiones que hace para Siempre!, el exconsejero electoral Arturo Sánchez Gutiérrez, actualmente investigador del Colegio de México, y quien vivió en carne propia el asunto de los Amigos de Fox en los comicios presidenciales de 2006.
Caminos de la impugnación
El mecanismo normal para impugnar una elección se realiza en cada uno de los distritos electorales y se debe establecer una serie de causales de nulidad en esa casilla o distrito. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibe estos casos, los analiza y determina qué tipo de irregularidades se registraron, para eso se tiene que presentar una serie de pruebas, de elementos escritos. El Instituto Federal Electoral tiene que hacer lo mismo, defender la elección que organizó.
Cuando se impugna la elección presidencial se acude al TRIFE y se presenta un juicio en contra de la elección. Se esgrimen elementos que deben acompañarse de pruebas, de elementos en todo el país para acreditar varias circunstancias. Una es que en efecto, hubo condiciones que no permitieron el voto libre, que no se dieran las elecciones en los términos que marcan la ley; que hubo violencia en un número importante de casillas; que hubo situaciones anómalas como casillas fuera del lugar, que se impidió que una serie de ciudadanos votara y demás. Si así ocurre, el TRIFE tiene que contabilizar claramente en cuántos casos hay irregularidades importantes y cuántas casillas debieran ser anuladas.
El primer camino es que el número de casillas anuladas sean más del 25 %, implica probar que hubo este tipo de fallas en al menos 35 mil casillas. Con eso el TRIFE tendría que decir que, en efecto, hubo una serie de irregularidades acreditadas y como fue en una cuarta parte del país procede anular la elección.
Sin embargo, el tipo de impugnación que promueve el Movimiento Progresista, la coalición, el candidato Andrés Manuel López Obrador tiene que ver con otros problemas. Alegatos que argumentan que los artículos constitucionales que garantizan que las elecciones se realicen con ciertos espacios de libertad no fueron cumplidos a cabalidad. Por eso tiene que construir argumentos que tienen que ver no con lo que pasó en la casilla, ni con los votos que entraron, salieron y se contaron, sino con las condiciones generales de la elección.
Iniquidad en la competencia
¿Es importante que haya habido iniquidad o no?, ¿por qué resulta un argumento complicado? La ley establece cuáles son los criterios para que haya condiciones de equidad en la competencia y éstas son prerrogativas otorgadas a los partidos; acceso a los medios de comunicación, etc. y regulan que haya equidad en la competencia.
Ellos esgrimen que esas leyes pudieron haberse cumplido, pero lo que no se cumplió fue el patrocinio o apoyo externo que recibió un candidato por parte de los medios de comunicación. La presencia exagerada de un candidato antes o en determinado momento que le permitió posicionarse con antelación a los demás candidatos y que les dio una ventaja.
Esto en términos generales constituiría una inequidad, por eso es que argumentan lo que ahora conocemos como adquisición de tiempos en radio y televisión ilegales, no es que haya comprado tiempos —difícilmente se podría probar—, las televisoras saben que es una falta grave, sino que adquirió tiempos porque las televisoras o radiodifusoras lo colocaron gratuitamente promoviendo su campaña, su presencia como gobernador del Estado de México y luego como precandidato de una manera que hizo inequitativa la competencia. Es un tema, habría que probarlo, el TRIFE tendría que valorarlo.
Financiamiento ilegal
Otro argumento también genérico, es que hubo un tipo de financiamiento exagerado, ilegal, un tipo de apoyo económico que no ha sido plenamente acreditado, pero que es evidente y el TRIFE tendrá que hacer el análisis correspondiente. Por eso a esta coalición le interesa mucho que el IFE acelere los trámites para resolver las quejas que recibió en materia de financiamiento ilegal de la campaña.
¿Qué es lo que pasó? El IFE tiene una unidad de fiscalización encargada de revisar los ingresos y egresos de los partidos y de los candidatos. Tiene que revisar cómo se realizaron los gastos de la campaña y acreditar su validez. ¿Qué argumenta la coalición?, que hubo una adquisición de dinero ilegal, hubo un gasto excesivo, se rebasaron los topes de campaña y todo esto genera condiciones de inequidad en la competencia.
Hay que acreditarlo, la instancia con atribuciones para hacerlo es la Unidad de Fiscalización del IFE y ahí no hay un tiempo específico para resolver estas quejas. La Unidad ya inició sus investigaciones, según hemos visto en la prensa, hizo cuestionamientos a algunas de las empresas y bancos e inicia un proceso que es largo, complejo.
Recordemos el tiempo que llevó el Pemexgate o Amigos de Fox para su resolución, implican acreditar fehacientemente cada uno de los dichos porque hablamos de violaciones específicas a la ley. Si acuso a alguien de que recibió ingresos indebidos, hay que ver cuál es el origen de ese ingreso, cuánto dinero fue, a través de qué mecanismos entró, cómo se utilizó y esto no resulta tan fácil como mostrar una serie de tarjetas en la televisión.
Implica muchos elementos, por eso la Coalición trata de recopilar testimonios y pruebas para hacerlo, pero difícilmente va a estar claramente resuelto durante los próximos meses, es mucho más complejo. Sin embargo, el candidato argumenta que si hay indicios suficientes, que el TRIFE tendrá que valorar y presentará todas las pruebas que tenga a la mano.
Otro asunto importante para la competencia de la Fiscalía Especial para los Delitos Electorales (FEPADE) es la compra de votos o la presión al elector para votar en el sentido de que, con el dinero que se haya obtenido, se compraron votos y se forzó a la ciudadanía a votar en cierta dirección, ya sea a través de mecanismos de coacción o a través de pagar el voto. Hay que probarlo.
¿Se puede anular la elección?
Desde mi punto de vista hay algunos elementos que puede valorar el TRIFE y otros que resulta muy difícil de probar en el plazo que tiene. En los casos Pemexgate o Amigos de Fox, se acusó, se probó que el candidato Vicente Fox había recibido ingresos de manera ilegal y que la Coalición que conformaba el PAN y el partido Verde Ecologista en el 2000, violaron esta norma.
Se hizo una investigación muy larga, se recurrió a diferentes tipos de bancos para obtener la información y se acreditó la falta. ¿Cuál fue la consecuencia? Una de las multas más importantes que ha puesto el IFE al PAN y al PVEM, pero no fue suficiente para anular la elección o quitarle la presidencia de la república al señor Vicente Fox.
Si hoy ocurriera lo que se dice que ocurrió y el TRIFE logra valorarlo o el IFE logra probarlo, podrá en su momento si es el caso, aplicarle una gran multa al PRI y al PVEM porque forman parte de la coalición, pero no veo bajo qué argumento ese solo hecho sería suficiente para anular la elección. Tendría que ser ese hecho vinculado con una gran cantidad de otro tipo de faltas, para que el TRIFE tuviera una visión integral de la elección y la declarara inválida por estos elementos.
Lo veo ciertamente difícil, el Tribunal va a tener un gran reto en ser muy cuidadoso para argumentar por qué sí o por qué no ocurren estas situaciones; pero además hay un elemento muy importante: en el 2006 cuando tuvimos una impugnación similar, el TRIFE contaba con una serie de testimonios y jurisprudencias previas que le permitían aplicar lo que se denominaba la nulidad abstracta de la elección.
Nulidad abstracta
¿Qué significa?, un poco esto: no puedo demostrar que hubo fraude, no puedo demostrar que los votos fueron cambiados, pero sí puedo demostrar integralmente que la elección incurrió en una serie de faltas y es un poco lo mismo que argumentó Andrés Manuel en esta elección. A pesar de eso el TRIFE en el 2006, con todo lo que pasó declaró que no era el caso, que incluso se habían puesto en riesgo ciertos elementos de la elección, por diferentes actores, pero no era suficiente para anularla.
La causal de nulidad abstracta fue eliminada de la ley, fueron eliminados todos artículos que tenían una vinculación con este tipo de valoración para dejar más certeza en el actuar del Tribunal a la hora de resolver estos casos. Más complicado se hace con todos esos elementos, tratar de construir una causal que tenga como base la nulidad sin tener elementos previamente establecidos de nulidad abstracta. Sin embargo algunos magistrados siguen buscando interpretar y pueden tener razón, que la ley sí les da las atribuciones suficientes para, dentro del marco constitucional y legal que rige en el país, hacer una interpretación amplia y en ese sentido tener elementos para anular la elección.
La pregunta es si con una ley reformada, con formas de acceso a los medios de comunicación, con los monitoreos que hizo el IFE, con la regulación de las campañas, con todo esto y las acusaciones, es suficiente para que el Tribunal camine por la vía de la nulidad.
Se antoja difícil, estamos a la espera de que el Tribunal empiece con mucho cuidado y desglose estos análisis. La experiencia de 2006 es muy importante, ellos saben del costo político que tiene no ser muy claros y precisos a la hora de explicar cualquiera de las decisiones que tomen.
Septiembre, fecha límite
El TRIFE tiene un camino largo que recorrer. Se presentan no sólo las elecciones para la presidencia de la República, sino se presentan hasta 300 posibles impugnaciones a cada una de las candidaturas. Seguramente no se impugnarán todas, pero sí algunas, se impugnarían también algunas de las senadurías y no nada más por un solo partido. Hay muchos resultados en elecciones para diputados y senadores que están muy cerrados y cualquiera de los dos partidos va a tratar de ganar para sí un senador o un diputado más, sobre todo si vemos que están en el borde de que un partido y sus aliados puedan tener mayoría en la Cámara.
Hay impugnaciones y el Tribunal tiene que desahogarlas antes del primero de septiembre y conformar el Congreso de la Unión. En los primeros días de agosto tendrá que resolver los asuntos relacionados con esa parte de la elección para integrar el Congreso de manera definitiva, y después el TRIFE declare la validez de la elección presidencial y entregue al Congreso de la Unión —en particular a la Cámara de Diputados—, la declaratoria de validez de la elección para que ésta haga dos cosas: emitir el bando solemne de presidente electo y se prepare para recibirlo el primero de diciembre.
El camino es claro y hay tiempos, qué bueno que el TRIFE tiene tiempo para el análisis, ojala haga una investigación muy profunda. Es su responsabilidad valorar todas las pruebas; establecer claramente por qué sí y por qué no. Es factible que el TRIFE le pida al IFE, “tráeme los paquetes electorales de este lugar, éstas otras actas las quiero analizar”. Puede abrir más paquetes, porque tiene jurisdicción completa para hacer este tipo de investigación.
Tres millones y medio de votos de diferencia
La diferencia más grande con 2006 es que ahora hay tres millones y medio más o menos de votos de diferencia. Se antoja complicado porque bajo cualquier circunstancia los ciudadanos se expresaron, puede o no gustarnos, puede alguien haber votado por el candidato ganador, pero de eso se trata la democracia, a veces se gana y a veces no.
El magistrado Alejandro Luna Ramos cuando hizo una declaración sobre que no se puede ganar en la mesa lo que los ciudadanos emitieron en las urnas, se refería a eso. No estaba adelantando ningún juicio, simple y sencillamente dijo: la voluntad ciudadana tendrá que ser respetada por encima de cualquier otra circunstancia y es otro elemento que tiene que valorar el TRIFE.
El Movimiento Progresista ha pedido separar a los magistrados Luna Ramos y Alanís Gutiérrez de la calificación de la elección presidencial por supuestos vínculos con el PRI y es muy complicado. No veo que haya ninguna base para hacer ese tipo de argumentación, lo que están haciendo ahí, sin adelantar juicios.
Supongamos que el TRIFE dice que, en efecto, con el voto de Luna Ramos y de Alanís Figueroa la elección fue válida. Qué va a decir el Movimiento, “se lo dije, iban a votar por el PRI”, pero es que no van a votar por el PRI, sufragan por un recurso fundado y motivado haciendo un análisis, valoración de las pruebas, conforme a derecho, que tiene que tener mucha claridad y transparencia en su elaboración.
Por eso el propio TRIFE elaboró, de entrada, una comisión en donde está Salvador Nava, Flavio Galván, para evitar lo que pasó en 2006, de juntar a equipos y hacer una valoración para después compartirlo junto con los demás magistrados y llegar a un enriquecimiento de la argumentación y declarar la validez o no de la elección.
Me da mucha risa cuando se habla de este tipo de acusaciones porque es desconocer cómo funcionan los órganos colegiados, la mesa de consejo general del IFE por ejemplo, en la que tuve el honor de participar por siete años, me decían eres muy proclive a tal partido, pero las decisiones no se toman porque yo digo, hay un debate entre nueve, ni modo que diga aunque sea ilegal voy a defender a este partido. Eso no ocurre, es la riqueza de que sean 9 consejeros electorales, incluido el presidente (IFE) y que sean 7 magistrados, inclusive el presidente (TRIFE). No se trata de unanimidad a fuerza, se trata de debate sumando los diferentes puntos de vista para construir una resolución tan importante como la que será ésta.
Declaración del presidente Calderón
El debate es que hubo cosas que todos vimos que pudieran generar algún tipo de reflexión o corrupción. Todos vimos en efecto las campañas electorales, las entrevistas, las encuestas que marcaban una tendencia clara desde el principio. Vimos una presencia desde hace mucho tiempo del señor Peña Nieto en la televisión, igual que vimos una presencia cotidiana en los medios de López Obrador. Vimos que Josefina Vázquez Mota llega como producto de una elección muy compleja al interior del PAN. También que el día de la elección hubo incidentes en muchas partes de la república, ni modo que neguemos que eso ocurrió, eso forma parte del debate público.
La pregunta que todos nos hacemos, porque nadie tiene la visión integral de todo el país, es si todos estos elementos son suficientes para cambiar lo que la ciudadanía votó en las urnas el día primero de julio. Como nadie puede tener la verdad absoluta, ni tiene la observación de todo el país, ni los detalles de todo lo ocurrido, para eso está el TRIFE. Que el presidente de la república tiene un punto de vista, que pudo haber compra y coacción, que el presidente del PAN dice otra cosa, todo el mundo tiene derecho a dar su dicho, pero la única verdad jurídica es la que va dar el TRIFE.
Que bueno que Andrés Manuel y su coalición vayan al TRIFE y que los partidos que tengan dudas acudan a éste, ellos tienen la altísima responsabilidad de decirnos jurídicamente quién tiene la razón porque nadie más puede hacer el análisis integral de lo que pasó en la elección. Seguramente el Tribunal va a encontrar que en efecto hubo fallas, pero también juzgará si son suficientes para anular toda la elección cuando hay tres millones y medio de votos de diferencia o tendrá que demostrar algo muy complicado, que esos tres millones y medio de votos o más, fueron inducidos, comprados, pagados por un partido y ameritan que se anule la elección.