Por el narcotráfico se han prendido los focos rojos
Roberto Miranda Sánchez
Cada día son más evidentes las amenazas crecientes a la seguridad y a la estabilidad de los Estados nacionales por el desarrollo incontrolado del narcotráfico, prácticamente en todos los países se han prendido los focos rojos.
Las bandas de narcotraficantes y del crimen organizado se han internacionalizado, se han globalizado.
Los conflictos internos de México con sus propios antagonismos como la delincuencia organizada, el narcotráfico, la vulnerabilidad de las fronteras y la inseguridad pública provocan un grave deterioro de la imagen de las fuerzas de seguridad.
La criminalidad en sus características más execrables e imaginables se ha vuelto cotidiana en varios estados de la República; la violencia se ha apoderado de ellos.
El Tratado de Libre Comercio también impactó la comercialización de los estupefacientes en territorio nacional y propició su evolución hacia una visión económica globalizadora, las mafias mexicanas se transnacionalizaron y descubrieron el potencial interno del consumo de drogas especialmente entre los jóvenes.
Las mafias del narcotráfico y del crimen organizado en su lucha por lograr el control de determinadas zonas geográficas del país, han comenzado a utilizar jóvenes marginados como vanguardia en sus enfrentamientos con la policías federales, estatales, municipales y las Fuerzas Armadas.
Estos jóvenes marginados de la estructura educativa y económica se han convertido en el caldo de cultivo de manipulación por parte del narcotráfico y el crimen organizado, ya que les representa tres ventajas:
—Son sustituibles en cualquier momento, en caso de que mueran en enfrentamientos armados, ya que el país cuenta, según la Organización Internacional de Comercio (OCDE), con una reserva cercana a los siete millones de jóvenes marginados.
—Las leyes vigentes en materia penal aseguran que un menor de edad detenido por asesinato, tráfico de drogas y otros delitos penales en materia federal o del fuero común, se benefician de procesos libertarios antes de cumplir dieciocho años.
—Carecen de una estructura psicológica social y familiar efectiva contra las ofertas de dinero fácil que proporciona el crimen organizado. La génesis de las bandas lo atestigua cualquier país del mundo.
La inseguridad, es decir, la ausencia o déficit de seguridad pública, se ha vuelto un problema de seguridad interna, la población exige al gobierno mayor protección en todos los niveles y las corporaciones policíacas no logran resolver el problema de cómo actuar con eficacia, con eficiencia contra el crimen organizado. Varios de los problemas son la desconcentración, la descentralización, la desregulación e incluso la falta de unificación de las policías, lo que afecta notablemente su profesionalización y actuación.
El antagonismo interno que se presenta a las Fuerzas Armadas en su actuación en el combate al narcotráfico y al crimen organizado, cuando han tenido que intervenir para salvaguardar la seguridad pública del país en varias regiones; situación que nos hace reflexionar sobre las diferencias entre seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad interior.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, establece: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, del Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la misma Constitución señala a los distintos niveles de gobierno y que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos y serán de carácter civil, disciplinario y profesional”.
La misma Carta Magna identifica a la seguridad nacional como una facultad del Presidente de la República, al señalar, en el artículo 89, que a él corresponde “Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente o sea el Ejército, de la Armada y la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.
De manera que en la coyuntura actual los miembros de las Fuerzas Armadas debemos reflexionar sobre el impacto de los actos brutales y crueles del narcotráfico y del crimen organizado y su pretendida vulnerabilidad de la seguridad pública y seguridad interior.
Las Fuerzas Armadas han actuado coherentemente realizando acciones de protección a la seguridad pública del país para lo cual carecen de sustento legal, ya que es función constitucional de las autoridades civiles, federales, estatales y municipales.
En el país, existen más de 1,660 corporaciones policíacas, 400 municipios o más de los 2,449 que hay, carecen de policía, muchos de ellos están incumpliendo su obligación constitucional de proporcionar seguridad pública a la población.
En los estados y municipios las corporaciones policíacas no han logrado suprimir la comisión de los delitos, la inseguridad ciudadana se ha vuelto un problema de seguridad pública de México, por lo que se ha involucrado a las Fuerzas Armadas.
Actualmente uno de los principales debates en México, magnificados por organismos internacionales, es el empleo que hace el Gobierno Federal de militares en operaciones de apoyo o en sustitución, de las policías federales, estatales, municipales y en apoyo del Ministerio Público Federal y del Fuero Común.
La participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra bandas de narcotraficantes es catalogada como estrategia de mano dura por detractores del sistema político mexicano, quienes, critican y censuran en todos los medios a su alcance.
El antagonismo interno que enfrentamos es que la supuesta mano dura se identifica de manera exclusiva con el empleo de las Fuerzas Armadas y posibles violaciones a los derechos humanos, no obstante que el combate al crimen organizado requiere de una respuesta clara, inequívoca, precisa, contundente, que si también puede catalogarse como dura y técnica.
La participación de las Fuerzas Armadas es censurada y criticada por su organización, inteligencia, responsabilidad, disciplina, concreción y coherencia en las operaciones, planeación, lealtad, interés nacional y resultados, valores y experiencias que no entienden la gran mayoría de los supuestos “expertos en seguridad”.
Las Fuerzas Armadas de México están en el primer plano para contrarrestar, atender y dirimir esos antagonismos internos.
Los críticos mal intencionados sobre la participación de las Fuerzas Armadas en estas operaciones pasan por alto que la Ley de Seguridad Nacional señala que son amenazas a la seguridad nacional: Los actos tendientes a consumar sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional; actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que pueden implicar una afectación al Estado Mexicano; los actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada; los actos tendientes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la federación; los actos tendientes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada; todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas, y actos tendientes a obstaculizar actividades de inteligencia o contrainteligencia.
Es monopolio del Estado, la soberanía y el poder coercitivo para mantenerla. Lograr la seguridad requiere de un sistema de inteligencia nacional que apoye el desarrollo integral de sus Fuerzas Armadas y policíacas, para que estén preparadas, adiestradas y equipadas para responder oportunamente a los antagonismos que afectan al Estado Nacional, y esto debe ser apoyado principalmente por todos los integrantes del Estado.
El verdadero problema se presenta cuando una sociedad acepta que el monopolio legítimo de la fuerza que es lo que define a un Estado, se disgregue, se diluya, se cuestione o se ejerza por otros actores que no forman parte del Estado.
De ahí que cada Estado Nacional debe identificar sus antagonismos internos y externos por medio de sus sistemas de inteligencia, complemento fundamental e indisoluble de la seguridad nacional y de la soberanía para proteger a la sociedad, a la nación y evitar la disolución del monopolio legítimo de la fuerza; porque se daña de manera irreparable la democracia del principio militar de las Fuerzas del Estado con ideas exóticas o de moda que responden a intereses particulares, mezquinos y de grupo que quieren anteponerse al interés de la nación.
El autor es general de división,
diplomado de Estado Mayor.