Juan Barrera Barrera

Al impedir un juez la entrada en vigor de una ley comercial en la Florida, la extrema derecha cubano-americana asentada en ese estado sufrió un rotundo fracaso, en un intento más por reforzar el bloqueo comercial, económico y financiero contra Cuba. El primero de mayo pasado, el gobernador republicano de Florida, Rick Scott, había firmado el proyecto de  ley FHB 959, que prohíbe a los gobiernos locales firmar contratos con empresas que mantienen negocios con Cuba y Siria, pero al mismo tiempo reconocía que la iniciativa violaba la propia legislación estadounidense,  ya que “se hace inactiva” si contraviene las leyes federales.

Un mes después, el juez Michael Moore determinó, en una medida cautelar, que esa ley está en conflicto con la facultad del gobierno federal para establecer la política exterior, por lo que invadiría asuntos exteriores que son exclusivos del poder Ejecutivo. El asunto es que la mafia cubana, que ya adelantaba un triunfo, se ha volcado en contra del gobernador Scott, porque dicha ley era considerada como una muestra de lealtad política hacia ese grupo, y que sería utilizada para la obtención de cargos de elección popular por el Partido Republicano.

Bastión del exilio cubano

En la Florida viven alrededor de un millón 200 mil cubanos exiliados, la mayoría de los cuales se ubican en el sur de la península. En esta comunidad se han consolidado como un poderoso grupo de presión en el mosaico político de los Estados Unidos. Actualmente la mafia cubana tiene un importante asiento en la Cámara de Representantes que ocupa Ileana Ros-Lehtinen que preside el poderoso Comité de Asuntos Exteriores, más conocida como “la loba feroz” dentro del lobby mafioso cubano americano y abierta defensora de terroristas anticubanos.

En tiempos de campaña electoral intentaron una jugada arriesgada al pretender que podrían forzar la firma del presidente Barack Obama y que con ello el mandatario se ganaría las preferencias del electorado cubano-americano en su ruta reeleccionista. No sólo exhibieron falta de elemental pericia política, sino que abrieron un flanco de conflicto con el mandatario estatal, que también se prestó para el juego a sabiendas de que su ley de marras no pasaría la aprobación del Congreso ni mucho menos del presidente estadounidense, pues se trata de un asunto de política exterior.

Barco humanitario

Sin embargo, el congresista estatal, David Rivera, dijo estar dispuesto a demandar al gobernador Rick Scott y al estado de Florida “para forzar la aplicación de la ley” contra la isla de Cuba, que tendría que haber entrado en vigor el primer día de julio.  Pero la mafia anticubana no sólo recibió un revés con el rechazo de la ley, sino que sufrió otro descalabro histórico a mediados de julio, al zarpar un barco de Miami, el “Ana Cecilia”, con ayuda humanitaria rumbo a La Habana, con lo que se convirtió en el primer cargamento marítimo que cumple esta ruta en más de 50 años de que EU mantiene un feroz cerco comercial, económico y financiero hacia la isla antillana.