Ni con marchas, máscaras y sombrerazos
Félix Fuentes
Pierden el tiempo Andrés Manuel López Obrador y su séquito de desesperados si creen cambiar el resultado de la elección presidencial mediante marchas y reclamos airados como ése de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “no se venda como lo hizo el IFE”.
La Sala Superior del organismo juzgador es integrada por siete magistrados electorales, obligados a revisar con rigor cada uno de los procesos de elección popular, así como las impugnaciones, punto por punto. Y, agotados los análisis, dictar las sentencias por unanimidad.
Ante las presiones ejercidas por Andrés Manuel López Obrador, derrotado de acuerdo con los estrictos conteos de votos en el Instituto Federal Electoral, afirmó el presidente del Tribunal Electoral, José Alejandro Luna Ramos, que nadie ganará en la mesa lo que no ganó en las urnas.
Esto fue interpretado por las huestes de López Obrador como un adelanto de que la sentencia será en su contra y azuzaron a sus incondicionales, incluidos los del Yo Soy 132, a elevar protestas “pacíficas” para no provocar a los “halcones de Atlacomulco”, los priistas.
Algunos acelerados que participaron en la reunión de Atenco proclamaron un levantamiento social, como si grupos tan menores fuesen capaces de enfrentar a una sociedad hastiada de tantos escándalos y problemas causados por el desesperado perdedor y presunto redentor de la democracia.
Quieran aceptar o no, los jóvenes iniciadores del Yo Soy 132 han caído en poder de los obradoristas, los sobrevivientes del sindicato de Luz y Fuerza del Centro y de miles de ninis que ni trabajan ni estudian, así como de supuestos defensores de tierras. El domingo pasado fueron acarreados al Zócalo, donde vendedores ambulantes y fritangueros superaban a los manifestantes.
Los del Yo Soy 132 debieran saber la máxima del socialista chileno Salvador Allende de que la universidad no pasa por la revolución. Y de paso tomar en cuenta que a los asistentes a instituciones particulares o de paga, como es el caso de la Ibero, les señalan calificativos ofensivos por pertenecer, en su mayoría, a la clase privilegiada.
Muchos jóvenes advirtieron que habían caído en las redes de López Obrador y decidieron deslindarse de él, pero continúan otros, hoy acompañados de diversos sectores, como es el caso de electricistas y campesinos.
De todos modos y pese a las amenazas implícitas en las marchas, como la desairada del domingo pasado en el Distrito Federal, los consejeros no se van a someter a los caprichos del candidato de izquierda derrotado.
El consejero Esteban Penagos López hizo saber, en comunicado de prensa, que el Tribunal Electoral no tiene preferencia por partidos, candidatos o colores y la única que puede presionar es la Constitución General de la República. Rechazó, terminante, el eventual cambio de sus fallos por presiones de los marchistas.
Por supuesto, los magistrados no van a pasar por alto la diferencia de 3 millones 329 mil 91 votos del priista Peña Nieto sobre López Obrador, sólo porque éste exprese la ocurrencia de que el partido tricolor compró cinco millones de votos, ni más ni menos.
En todo juicio, de la índole que sea, quien acusa está obligado a probar y el candidato de las izquierdas tendría que contar con cinco millones de declaraciones de los electores beneficiados y presentar las boletas de “votos comprados”, lo cual le es imposible a cualquiera.
Y si llega a comprobarse que el PRI canalizó recursos económicos a través de cualquier empresa financiera, a lo más le será impuesta una multa que, según los conocedores, no pasará de 300 millones de pesos. Y punto final.
Por supuesto, López Obrador no se va a resignar a nada porque está empecinado en ser presidente de México y vigilante, como dijo, de los 3 billones de pesos del presupuesto federal. Ni quien lo saque de esa paranoia.