Entrevista a José Roldán Xopa/Profesor investigador del CIDE

Antonio Cerda Ardura

 A lo largo de las dos administraciones federales del PAN, México se mantuvo en un nivel promedio de 3.0 en el Indice de Percepción de la Corrupción de Transparency International (IPC), en una escala en la que 0 significa sumamente corrupto y 10 muy transparente.

Al explicar este estancamiento, Huguette Labelle, presidenta de Transparencia Internacional, sostiene que “es común que entidades centrales que impulsan reformas enfrenten sistemas a nivel estatal y municipal basados en prácticas arraigadas como el favoritismo y la discrecionalidad en la toma de decisiones”.

“La labor del Ejecutivo federal es una”, indica Labelle, “y el desempeño de gobiernos municipales, el Poder Judicial o los Congresos, otra”.

“Las acciones que emprendió el Ejecutivo en los últimos 12 años”, continúa Labelle, “no siempre se materializaron en cambios homogéneos en la vida nacional. Hay avances que reconocer en acceso a la información pública, la desregulación federal de trámites y la armonización contable, pero también hay otros que mostraron menor desarrollo y donde priva la impunidad. La corrupción en trámites y servicios para los hogares, por ejemplo, sigue siendo un impuesto regresivo y un obstáculo al desarrollo”.

En cuanto al renglón de la impunidad política, la presidenta de Transparencia Internacional agrega que “otras economías emergentes como Brasil han demostrado voluntad política para atacar la corrupción, incluso si ello ha significado ir en contra de miembros del gabinete”.

“El equilibrio entre reformas estructurales y modernización y las acciones efectivas de sanción y contra la impunidad a nivel central y a lo largo del territorio nacional requiere mejorarse. Por ello, los resultados de la última década son mixtos”, puntualiza.

Debido a lo anterior, y en virtud de que México ocupará en 2013 y 2014 la presidencia de la Sociedad de Gobierno Abierto, un foro destinado a fomentar la transparencia en todo el mundo, el presidente electo Enrique Peña Nieto ha propuesto la creación, aún en la etapa de transición, de una Comisión Nacional Anticorrupción.

Acorde con su postulado de que una presidencia democrática es la que es transparente en el uso y manejo de los recursos públicos, Peña Nieto establece que ese órgano constitucional “tendría facultades para investigar y sancionar actos irregulares de los tres órdenes de gobierno y de los tres niveles de gobierno”.

También plantea dotar al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) de competencia en asuntos de los estados y municipios, así como de los poderes Legislativo y Judicial.

En entrevista con Siempre!, José Roldán Xopa, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE), indica que la Comisión Nacional Anticorrupción debe ser autónoma, estar alejada del poder político, y debe contar con dientes.

 

Lejos del poder político

En México se han creado distintas comisiones, cuyos resultados no siempre han dejado satisfecha a la sociedad. No obstante, por primera vez, por parte del presidente electo, Enrique Peña Nieto, se plantea la fundación de una Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Qué características o perfil deberá tener esta institución?

Dice el dicho que la mejor forma de no resolver los problemas es designar una Comisión. Sin embargo, por supuesto, lo deseable es que ése no sea el destino de esta medida. En principio, me parece positivo que haya iniciativas para atacar uno de los grandes problemas del país, que es la corrupción, pero, ¿qué es lo relevante? Primero, es importante que haya un organismo o una entidad que tenga capacidades de investigación. El atacar la corrupción implica que se haga un trabajo objetivo, serio y profundo y que no se den escopetazos al aire, con severas fallas, cuando se lleve a los presuntos responsables ante los tribunales o ante los órganos de control. El ejemplo más palpable de esto es el caso de la Procuraduría General de la República (PGR), que tiene poco éxito cuando se trata de castigar delitos, así que es un riesgo en el que no se debe caer.

Hay algunas experiencias en otros países que nos establecen distintos modelos de cómo organizar comisiones anticorrupción. Uno de ellos es el caso de Perú, en donde, con Alan García, se creó una comisión de alto nivel, que fue un modelo de coordinación de los distintos poderes del estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para establecer políticas generales de combate a la corrupción. No obstante, cada uno de esos poderes tiene sus propios órganos especializados de investigación, por lo que es un modelo que, en lo personal, me parece que no sería muy eficaz.

Sin embargo, en Perú se logró llevar al expresidente Alberto Fujimori ante los tribunales y cumple una larga condena, entre otros cargos, por corrupción.

Sí, aunque el logro con Fujimori no fue precisamente por esta Comisión, sino por los órganos especializados en la investigación penal de los delitos. Por esto, aparte de sus capacidades de investigación, ¿cuál sería el otro elemento importante en una Comisión Anticorrupción? Que pueda tener un mapa de riesgos, es decir, de cuáles son las áreas en las que se presentan más los casos de corrupción, por ejemplo, todo el sistema de compras gubernamentales, o la obra pública, para que pueda dirigir sus esfuerzos hacia esos elementos claves de la función pública. Otra característica es que la Comisión goce de autonomía en su funcionamiento para que no esté influida por las consideraciones de política, en donde, de manera discrecional, se decide a quien investigar o a quien no, y a quien castigar y a quien no. Eso, me parece, es uno de los grandes problemas.

Hay, por otra parte, una Comisión que a mí me parece muy interesante: la que se formó en Ecuador. Esa Comisión Anticorrupción se diseñó de manera autónoma para que sus comisionados pudiesen ser integrados de forma más independiente de los poderes políticos. Con ese objetivo se integraron una serie de colegios electorales, por ejemplo, en las universidades. Así que los rectores de las universidades, la academia, nombraron a uno de los comisionados. Y otros sectores de la sociedad nombraron a cada uno de los otros miembros del órgano de gobierno. Esa Comisión ecuatoriana se dotó con capacidades de investigación, para pedir documentos y para solicitar el levantamiento del velo corporativo, el del secreto bancario y el fiscal. De esta manera podía obtener información directa y facultad para mandar a comparecer a los testigos, lo cual me parece un ejercicio interesante y que habría que estudiar con mayor detenimiento.

Lo mejor, tal vez, es su grado de autoridad.

¡Por supuesto! Es tener dientes, en términos coloquiales. El tener dientes no significa más que contar con  facultades para poder integrar las averiguaciones y las investigaciones lo más objetivas y completas que sea posible.

Normalmente las comisiones trabajan sólo con recomendaciones que, por lo general, no son tomadas en cuenta. ¿Sería conveniente alguna capacidad de sanción?

Depende de cuáles sean las sanciones. Las que podrían resultar más cercanas a una comisión de carácter administrativo, son, precisamente, las sanciones administrativas a los servidores públicos. Pero ahí también habría que tener mucho cuidado de que las sanciones administrativas no estén influenciadas por la popularidad o el afán de obtener titulares en los periódicos, sino que sean sumamente objetivas. El órgano que aplique las sanciones administrativas tiene que ser lo más objetivo posible, porque, si no, se pervierte ese mecanismo. Ningún organismo va a obedecer a la popularidad o impopularidad de un caso y, por supuesto, las sanciones tienen que ser emitidas por órganos especializados, como son los jueces. Así que es importante tener un buen diseño para que las investigaciones de los casos de corrupción se puedan presentar ante el ministerio público y tengan éxito cuando sean promovidas ante los jueces penales. Y es que la conducta corrupta importa delitos penales.

 

Legitimidad y prestigio

En México hay instituciones, como el Instituto Federal Electoral o la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), respecto a las cuales la opinión pública siente que han perdido cierta legitimidad. Por ejemplo: a la CNDH se le acusa de proteger delincuentes, y al IFE, que, en teoría, es autónomo, se le achaca estar intervenido por políticos. ¿Cómo blindar la Comisión Anticorrupción para que su labor no se demerite con visiones de este tipo?

Yo creo que si se le otorgan características como el tener facultades para que realmente pueda hacer sus funciones, autonomía, y además sus decisiones tengan solidez y objetividad, creo que sería una entidad que, en la medida en que vaya actuando, iría ganando legitimidad. Una vez que sea echada a andar y vaya teniendo resultados, esos resultados serán también condición de legitimidad y de prestigio. De manera que, importa, por supuesto, el diseño del órgano; que sea autónomo, que tenga atribuciones, es decir, que tenga dientes, y que sus integrantes sean personas prestigiadas, especialistas en su función, que no estén capturadas por los partidos políticos, porque ése es un elemento que va pervirtiendo las buenas intenciones. Si los partidos políticos se reparten a los miembros de la Comisión por cuotas, como ha sucedido con el IFE, o con su titular, en la medida en que su designación depende de la aprobación del Senado, por supuesto que se van estableciendo compromisos con los distintos partidos. Cuando la cabeza de una institución de este tipo, para poder ser aprobada y favorecida con su grupo, realiza compromisos en los que va dejando regados en el camino pedazos de dignidad y de autonomía, entonces el propio mecanismo de selección va desprestigiando y vulnerando su capacidad de decisión.

Esto abarca muchas comisiones.

Y también al IFE. En la medida en que el IFE es designado por los partidos políticos, sus comisionados y sus consejeros se van repartiendo por cuotas. ¡Es lo que hemos visto, sin necesidad de mayores pruebas!

México aún se ubica entre los países más corruptos. ¿Una institución como ésta nos traerá realmente un buen grado de sanidad?

Me parece que cualquier iniciativa en este terreno es meritoria, pero no basta con la sola intención. Tal propuesta tiene que ser respaldada y garantizada con buenos diseños institucionales y con la designación de personas serias y capaces. De lo contrario, será nada más una modificación en el papel, la cual tendría como costo que las cosas no cambien y la decepción pública de lo que pudiera representar  una esperanza. Esta iniciativa es positiva, pero tiene que ganarse el mérito en la medida en que haya un buen diseño.