Entrevista a Erubiel Tirado/Investigador asociado del RUSI
Moisés Castillo
A pesar de los 60 mil muertos de la lucha contra el narco, el polémico caso Cassez, la infiltración del crimen organizado en el aeropuerto de la ciudad de México, las acusaciones directas del excomisionado de la Policía Federal Preventiva Javier Herrera Valles, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se ha convertido en el hombre fuerte del sexenio. Inamovible, con más recursos públicos para su secretaría, pero siempre desaparece en momentos turbulentos y espinosos. El caso Tres Marías no es la excepción.
La historia
Hasta el momento, 12 de sus policías fueron arraigados por 30 días, luego de que presuntamente atacaron un vehículo diplomático en el que viajaban dos funcionarios estadounidenses y un integrante de la Marina. La balacera se registró en las inmediaciones del poblado de Tres Marías, Morelos.
Las versiones son encontradas y distintas sobre este hecho sangriento. ¿Error o emboscada? Unos dicen que los federales iban vestidos de “civil” y circulaban en autos particulares. Sin embargo, cuando los agentes fueron presentados en la delegación de la PGR-Morelos, llegaron con uniforme oficial.
Una versión más señala que eran agentes de la CIA y que se dirigían a un campo de entrenamiento de la Marina ubicado en la zona de Xalatlaco. El poblado de Tres Marías, municipio de Huitzilac, es considerado uno de los lugares más peligrosos de Morelos.
La propia embajada de Estados Unidos emitió un comunicado en el que señaló que dos miembros del personal de su gobierno y un capitán de la Armada de México “se dirigían en un vehículo de misión diplomática hacia una instalación de entrenamiento cuando fueron emboscados por un grupo de individuos”.
“El vehículo —agrega el comunicado— intentó escapar, fue perseguido y sufrió daños considerables. Los pasajeros solicitaron la ayuda de las fuerzas armadas de México, las cuales respondieron. Se trasladó del lugar a los dos pasajeros estadounidenses heridos, se les atendió médicamente y su condición es estable. El capitán de la Marina no sufrió lesiones serias”.
A principios de agosto, el diario The New York Times ya había publicado que al menos una veintena de elementos de la Agencia Central de Inteligencia y empelados civiles del Ejército trabajaban en una base del norte del país. En este sentido, el gobierno federal dijo que los estadounidenses estaban para capacitar a militares y policías, sin realizar ninguna función “operativa” y que su presencia está dentro de la ley.
Ante el embajador Anthony Wayne, el presidente Felipe Calderón se comprometió a esclarecer el caso hasta sus últimas consecuencias.
“Quiero manifestarle, embajador, que lamento profundamente los sucesos ocurridos hace unos días en el estado de Morelos. Como ustedes saben, los hechos se están investigando a fondo, con todo rigor y severidad, por la Procuraduría General de la República, para deslindar responsabilidades y actuar en consecuencia, porque no podemos permitir que pasen esos hechos”.
“Sea por negligencia, sea por falta de capacitación —finalizó—, sea por falta de confiabilidad, sea por complicidad, no pueden permitirse esos hechos, se están investigando absolutamente y con todo rigor”.
Por su parte, el representante de Washington fue más cauto y reconoció la lucha bilateral contra el crimen organizado.
“La corrupción representa —dijo— un reto continuo para todos. Se debe reconocer la importancia que los oficiales de la policía con todos aquellos que participan en el sector de procuración de justicia cuenten con la confianza de la población, por ello el Gobierno de Estados Unidos se unió por medio de la Iniciativa Mérida a los esfuerzos del gobierno mexicano en el programa de control y confianza, y esta colaboración bilateral a la fecha ha llevado al fortalecimiento de los centros de evaluación federal y estatal con equipo nuevo, actualización técnica de procesos de evaluación específicos”.
En tanto, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, criticó las acciones de abusos de la Policía Federal, no sólo en este caso sino en otros que se han registrado en el país.
“No hay justificación alguna —dijo— para ese tipo de uso excesivos de la fuerza, sin duda, es que es una acción más indebidamente ejecutada por servidores públicos que en lugar de estar cumpliendo con el respeto a la ley están llevando a cabo otro tipo de acciones”.
“Estamos aquí ante una falla sumamente grave por parte de los elementos, pudiera tratarse de una acción orquestada y es el compromiso de la Procuraduría General de la República la que tiene que determinar el porqué de estas circunstancias y sobre todo si existe otros elementos involucrados”.
Ausencia de coordinación
Para Erubiel Tirado, investigador asociado del Royal United Services Institute for Defence & Security Studies de Londres (RUSI), independientemente de que haya acuerdos de cooperación secretos, Estados Unidos impone al Estado mexicano la agenda de seguridad.
“Hay que recordar —dijo— que a mediados de los 80 hubo una discusión sobre la pertinencia de permitir a los agentes de la DEA a realizar investigaciones y que estuvieran armados. Parece que hemos perdido no sólo la batalla contra el narco sino la batalla en la defensa de nuestra soberanía en términos de autoridad. La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional puede investigar este caso y pedir información para saber la verdad de los hechos”.
¿Qué lectura podemos hacer a este hecho violento registrado el 24 de agosto?
Lo que nos debe preocupar como ciudadanos es la falta de coordinación entre las agencias de seguridad y lo que nos muestra es que no hay comunicación adecuada. Pudo haber sido una tragedia, pudo haber puesto al traste y en riesgo la colaboración con Estados Unidos, un país que el gobierno del presidente Calderón ha dependido en términos de llevar a cabo su estrategia de seguridad.
Las versiones opuestas y las contradicciones sobre la naturaleza del incidente y de la actividad que realizaban un grupo de diplomáticos norteamericanos en un vehículo oficial acompañados por un marino, está lleno de ambigüedades y falta de información que no permite saber qué es lo que está pasando. No es la primera vez que la Policía Federal está inmiscuida en un hecho escandaloso y trágico como paso en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y nos deja entrever que las cosas tampoco están muy bien en las agencias de seguridad de Estado mexicano que se han ido formando en los últimos años.
¿Washington sólo confía en la Marina, que también ha estado involucrada en casos de violación de derechos humanos?
No sólo es el aspecto de la coordinación interinstitucional entre los organismos de seguridad estadounidense y el mexicano. También los términos de la colaboración con otras instituciones y la interacción estrictamente diferenciada del sector defensa (Sedena-Marina) en esta lucha contra el narcotráfico. Si algo nos enseña el operativo contra Arturo Beltrán Leyva en 2009 es que en los últimos años se ha forjado una comunicación horizontal, que no pasa por un filtro que antes había (Presidencia o Gobernación) para coordinar, canalizar y conocer la información sobre ciertos operativos. No tenemos aquí más que un cambio en el patrón, ya no se pasa por un filtro vertical. El Departamento de Estado, la DEA o la CIA tienen una relación horizontal con la Marina. Este tipo de cosas vulneran no sólo la soberanía nacional en términos de autoridad sobre lo que pasa en nuestro territorio, sino también pone en entredicho la propia agenda de seguridad del Estado mexicano. Lo que se hace es depender de una agenda que no es nuestra. Esto nos sirve para ilustrar el grado de distorsión del funcionamiento de nuestra agencias de seguridad en este tipo de actividades. Y obviamente lo vulnerables que se vuelven nuestras instituciones cuando establecen este esquema de comunicación horizontal.
Pero los riesgos son los llamados “daños colaterales”…
Exponer a las fuerzas armadas de manera tan abierta aun cuando se justifique que son el último recurso porque nuestras policías son corruptas, no es suficiente. Sacarlas de los cuarteles para patrullar y realizar labores para las cuales no están preparadas las expone a cometer violaciones a los derechos humanos. Otro aspecto importante es que se exponen a la corrupción que proviene del narco y es algo que apenas se está explorando hacia el final del sexenio, qué tanto ha afectado la corrupción en los sectores militares. También las expone en cuanto a su vulnerabilidad al ser el último eslabón y recurso del Estado mexicano para aplicar la violencia legítima. Si el presidente en un principio hubiera cubierto las formas constitucionales, hubiera blindado la actuación de los miembros del Ejército. No les hubiera dado carta de impunidad, pero tampoco habría sido tan evidente o habríamos visto una mejor cobertura legal sobre sus acciones. No hubiésemos visto el triste espectáculo que se dio dos años con la reforma a la Ley de Seguridad Nacional impulsada, no por el presidente Calderón, por un sector duro dentro de las fuerzas armadas para cubrirse legalmente.
Pérdida de soberanía
¿Qué tan delicado sería que agentes de inteligencia de Estados Unidos estén realizando operaciones en México?
Si se confirma que los diplomáticos —que ya no están en México— era personal que no estaba acreditado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, nos sugiere un descontrol total. El Estado mexicano tiene una pérdida sustancial del control sobre su soberanía en términos de seguridad. No se trata de que no haya cooperación internacional porque la naturaleza del crimen organizado es trasnacional. Pero una cosa es establecer los términos de una cooperación responsable y otra es hacerse de la vista gorda para que operen en territorio mexicano, investiguen y participen en operativos. Lo que tenemos es una distorsión y una violación grave a nuestras leyes. Independientemente que haya acuerdos de cooperación secretos y que pueden estar señalando que los agentes de seguridad realicen estas actividades.
Opacidad en el manejo de recursos
¿Podemos decir que Genaro García Luna es el hombre fuerte del sexenio?
No sé si podría particularizar, prefiero establecer el análisis vía instituciones, pero evidentemente funcionan a través de un sello personal o estilo de actuar y deberíamos revisar puntualmente lo que ha pasado. Pero no sólo es García Luna, es todo un sector de funcionarios y operadores del sector seguridad que están desde la época del PRI antes de que perdiera el poder en el 2000. Hay que recordar que el Sistema Nacional de Seguridad Pública nace a medidos de los 90 y que esos operarios en 10 años se gastaron 300 mil millones de pesos y no se sabe en qué. Esto nos habla de un grupo que se ha formado y consolidando en términos de trazar las políticas públicas de seguridad, aun antes de la crisis que le estalló a Felipe Calderón.
Mucha de esa gente proviene del Centro de Investigación y Seguridad Nacional…
Claro. García Luna tenía a su cargo un área operativa antisecuestros. Si uno mira las historias alrededor de esos personajes que han transitado desde el Cisen-seguridad nacional-policía federal, veremos que los nombres permanecen y tienen influencia. Se ha forjado a lo largo de tres lustros una casta burocrática del sector seguridad que es corresponsable del fracaso de las políticas de seguridad de las últimas dos décadas y siguen renovándose en puestos y replanteando estrategias con un chantaje del miedo. A cambio obtienen recursos sin control, poco transparentes, con una estructura tecnoburocrática muy particular que tiene acceso a recursos públicos que no son auditables bajo el pretexto de “seguridad nacional”. No hay transparencia, no hay rendición de cuentas. En este sentido, no sólo es García Luna, es Galván Galván, Saynez, tenemos un sector que se ha forjado y consolidado vía acceso de recursos sin control, de acciones ilegales como son los excesos, violaciones a derechos humanos. Ahí tenemos un déficit institucional muy grande que difícilmente se corregirá en el corto plazo. No sólo García Luna no aparece en el panorama en los últimos días sino también el secretario de Gobernación.