Prestigio dilapidado
México abrió sus fronteras a los perseguidos cumpliendo
con los principios, para nosotros inviolables del derecho de asilo.
Lázaro Cárdenas del Río
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
El inmoral abandono de los gobiernos panistas de nuestra emblemática política en materia de asilo político, seguramente influyó en el ánimo del periodista Julian Assange para optar por Ecuador como refugio ante la persecución desatada en su contra por revelar, a través de WikiLeaks, cables diplomáticos secretos que mostraron al mundo la degradación de la política mundial.
México no quedó exento de ser expuesto por las revelaciones difundidas desde el portal administrado por el australiano, muchas de las cuales sólo corroboraron la inocultable claudicación de principios históricos y soberanos por parte de las dos últimas administraciones federales, particularmente en las que se refieren a las relaciones exteriores, cuyo eje rector se conformaba por el apotegma juarista del respeto al derecho ajeno, al que complementó la Doctrina Estrada que manifiesta expresamente el espíritu conciliador y respetuoso de la república hacia la autodeterminación de los pueblos y a la no intervención en sus asuntos interno por parte del Estado mexicano.
La congruencia y compromiso institucional de nuestros representantes diplomáticos, generó en el mundo la autoridad moral que ubicó a México como referente en los momentos más aciagos de la historia moderna.
Hombres de la talla de Gilberto Bosques, de Victor M. Urquidi, de Luis I. Rodríguez, bajo la conducción de los cancilleres José Angel Ceniceros y Eduardo Hay, se convirtieron en operadores de una política de asilo para los miles de refugiados, entre los que figuraron personalidades tan contrastantes como Trostky o el rey Karol II de Rumania y los miles de españoles que, tras la derrota Republicana fueron protegidos por la bandera mexicana, llegando a extremos de tal magnitud, que nuestro lábaro patrio fue garante del sepelio del presidente Manuel Azaña en suelo francés en noviembre de 1940.
Qué decir de las peripecias que nuestros diplomáticos debieron sortear para garantizar la vida de los miles de perseguidos generados por las dictaduras militares latinoamericanas, particularmente el embajador Gonzalo Martínez Corbalá, quien tras el golpe de Augusto Pinochet en 1973 personalmente atendió y protegió a miles de chilenos, en tanto el canciller Emilio O. Rabasa desplegaba todas las acciones diplomáticas a fin de garantizar la integridad de la embajada del acoso militar.
Este solidario prestigio fue dilapidado por acciones como la negativa del gobierno de Vicente Fox a conceder el asilo político a Juan Carlos Artzola, Asier Arronategi, María Asunción Gorrotxategui; José María Urquijo, Ernesto Alberdi y Félix Salustiano, vascos detenidos en 2003, extraditados a solicitud del gobierno español acusados de etarras.
Y ni hablar de la entrega a la Policía Nacional Colombiana del profesor Miguel Angel Beltrán Villegas en mayo de 2009 —quien por cierto fue exonerado hace poco tiempo por la justicia de su país—, que fue secuestrado en las propias instalaciones del Instituto Nacional de Migración al presentarse a renovar su visa de estudiante y de cuyas instalaciones el gobierno de Felipe Calderón trasladó en una extradición fast track hasta Bogotá, para obsequiar la solicitud del presidente Uribe.
Esas muestras de autoritarismo y subordinación a intereses contrarios al inviolable principio al derecho de asilo que ennobleció al gobierno del general Cárdenas, seguramente alertaron en 2009 al depuesto presidente hondureño Manuel Zelaya a ampararse bajo la bandera de Brasil, como debe haber ocurrido con Assange y otros muchos acosados que constatan que México ha dejado de ser ejemplo de solidaridad y refugio seguro para los perseguidos políticos.