Agua potable, gasto social, justicia, presupuesto, reforma política…
Carlo Pizano
Es común el error de pensar que los problemas públicos se resuelven con leyes o corrigiendo las mismas. En la mayoría de las ocasiones, el problema no está en el deber ser (la norma) sino en el ser (la conformidad con la norma). Esto aplica para nuestra ciudad de México. Impunidad es la clave para entender los desafíos de esta gran metrópoli, situación que los gobiernos del PRD no han querido o podido entender en todos los casos. Pero lo anterior no significa que tengamos leyes perfectas o defectos en la regulación u organización del Distrito Federal.
La VI Legislatura de la Asamblea Legislativa ya tiene una agenda por delante. Sin duda, y sin ser de su competencia se encuentra la reforma política del Distrito Federal. La legislatura que concluye en unos cuantos días envió al Senado de la República una propuesta de consenso entre todos los partidos políticos que aguarda, como muchas otras propuestas e iniciativas, que el Constituyente Permanente le dé prioridad.
Sin embargo, a nivel local se puede avanzar, por ejemplo, en fortalecer la operatividad de las delegaciones teniendo como finalidad una organización similar a la de los municipios. Particularmente, el gobierno del Marcelo Ebrard ha debilitado y restado funciones a las delegaciones centralizando las mismas, en perjuicio de los ciudadanos. Sin duda, hay que acercar el gobierno.
El despilfarro en el gasto social del Gobierno del Distrito Federal está ubicado por instancias académicas que incluyen la UNAM, por lo que el legislativo, vía leyes o el presupuesto, debe priorizar aquellos programas que efectivamente modifiquen la realidad social y de las personas, entendiendo que la política social debe ser subsidiaria, que por definición significa temporal y en justa medida.
Siguiendo con temas presupuestales, es urgente que la Asamblea Legislativa tome la decisión de ya crear su Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, prevista en su Ley Orgánica, pero sin haberse constituido; así se darán pasos para lograr un equilibrio de fuerzas entre la poderosa Secretaría de Finanzas y los diputados.
El sistema penal acusatorio derivado de la reforma constitucional de 2008 es un pendiente de instaurar en los códigos penales sustantivos y procesales; reforma urgente ante unos ministerios públicos sobrevalorados por los perredistas, empezando por el próximo jefe de Gobierno.
Es impostergable que en materia de agua, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México adquiera autonomía orgánica y sea el que con criterios técnicos defina las tarifas y no como sucede ahora con criterios partidistas y electorales. En esta área, la Asamblea Legislativa debe destinar el presupuesto requerido para renovar las viejas redes de agua y drenaje.
Al Tribunal Superior de Justicia le urge mayor transparencia y rendición de cuentas; un buen inicio sería que su presidente compareciera de manera anual ante los diputados.
Estos son sólo una muestra de asuntos urgentes en el ámbito de acción de los próximos legisladores de la ciudad de México. Esperemos que el profesionalismo legislativo y la presión ciudadana hagan de esta agenda una realidad.