Gabriel Fernández Espejel
El enfrentamiento entre mineros y policías en Marikana, Rustenburg al noroeste de Johannesburgo, significó la muerte de 34 personas y dejó al menos 78 lesionados. El hecho se reporta como uno de los operativos policiacos más sangrientos desde la culminación del apartheid en Sudáfrica (1994); asimismo, algunos especialistas lo equiparan con la matanza de Sharpeville en 1960, en la que perecieron más de 60 manifestantes y que es considerada como el inicio del movimiento nacional que depuso a la entonces minoría blanca gobernante.
El letal enfrentamiento ocurrió entre los 3 mil mineros que iniciaron el paro de labores con igual número de policías, que fueron enviados al sitio a romper la huelga. Testigos presenciales señalan que la policía pertrechada con rifles y pistolas automáticas disparó en contra de los trabajadores que portaban, básicamente, palos y machetes una vez que éstos traspasaron la línea de seguridad establecida por las fuerzas del orden.
La huelga que se presentó a comienzos de agosto en la mina de platino de la compañía Lonmin, la tercera productora de este metal en el planeta, es consecuencia de los altercados entre los dos principales sindicatos que buscan una mejor paga y la policía. La violencia entre estos grupos ya sumaba 10 muertes, dos de ellas de uniformados, antes del catastrófico suceso.
Los dos mayores sindicatos se encuentran divididos a pesar de que comparten las exigencias de mejores salarios. El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros (NUM; por sus siglas en inglés) fue acusado por el sindicato independiente -producto de una escisión interna del NUM- de haber abandonado sus raíces y trabajar a favor de la postulación del presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, para retener la presidencia del partido del Congreso Nacional Africano.
Los familiares de los fenecidos exigen el esclarecimiento de lo ocurrido ya que aún se desconocen las causas precisas que llevaron a la policía a abrir fuego en contra de los manifestantes. El presidente Jacob Zuma, por su parte, abandonó la cumbre regional en Mozambique en la que se encontraba a fin de seguir de cerca las investigaciones al respecto; al mismo tiempo que decretó una semana de luto nacional.
La tensión en la mina Lonmin continúa aún cuando ya se retomó parte de las operaciones. Los trabajadores siguen a la espera de respuestas a sus demandas laborales que suponen incrementos de más de 100 por ciento en salarios que apenas rebasan los 6 mil pesos anuales; los dueños, por su parte, sólo han lanzado amenazas de despido a aquellos que no regresen a sus puestos. La mina da empleo a 25 mil personas de manera directa, así como a 10 mil contratistas externos.