¿Miedo nosotros?
Marco Antonio Aguilar Cortés
Morelia.- “No aceptaremos suicidio político”, dijo Andrés Manuel López Obrador el pasado domingo en el Zócalo de la ciudad de México, conjugando en primera persona de plural el verbo aceptar.
¿A cuántos prospectos a suicidas políticos se refería, y a quiénes? No señaló ni la cantidad ni especificó los nombres de ellos, siendo omiso al respecto.
Es de suponer que lo más propio y honesto, en el caso, hubiese sido expresar ese mismo concepto en primera persona de singular: No aceptaré suicidio político.
Todo individuo sensato habla por sí en ese tipo de temas delicados; sin embargo, es común que los demagogos al parlotear ante un público se abroguen el derecho de disertar “en nombre del pueblo”, careciendo de mandato legal para hacerlo.
Claro que Andrés Manuel se autoproclamó hace aproximadamente 6 años “presidente legítimo de México”, y aún no termina su sexenio ni ha pedido licencia; y este estatus, sui generis e inconstitucional, acaso le permita reelegirse.
Obvio que lo anterior no le otorga ningún derecho a pronunciarse en nombre del pueblo, por lo que el plural empleado respecto al suicidio político queda como uno más de sus gracejos.
También ante sus seguidores, asistentes al expo-fraude que organizaron muy cerca de la sede del gobierno perredista del Distrito Federal, indicó López Obrador: “Hay miles de pruebas que fundamentan la nulidad del proceso de elección del presidente de la república… todas ellas serán entregadas mañana lunes al Tribunal Electoral”. Pues… ¿no que ya habían entregado todas las pruebas?
En verdad, se enreda entre sus mentiras. Observemos que insiste en que el “PRI compró 5 millones de votos”, lo que implica que no todos los 19 millones de votos que obtuvo ese partido fueron adquiridos; exclusivamente esos 5 millones fueron obtenidos ilícitamente en contratos de compraventa, según el impugnante.
Y para que jurídicamente prospere lo anterior, el promovente de la nulidad debe probar la existencia de cada uno de esos 5 millones de contratos, especificando el nombre de quién compró y de quién vendió, con el monto y las circunstancias de tiempo, lugar y modo.
Lo anterior no es una argucia de derecho, sino una prueba básica de toda acción.
Queda claro que lo único que aceptará Andrés Manuel es la nulidad que él solicita: la de la elección del presidente. Y esto constitucionalmente no es posible, en la especie, ya que las causales que se citan, no probadas, son para la nulidad de toda la elección federal, y no para una de sus partes: la elección presidencial.
Cierto es que Andrés Manuel afirmó: “Los magistrados tienen que pensarlo bien, porque no abandonaré las protestas aunque se enojen mis opositores… Cuando terminemos esta expo-fraude, vamos a llenar el camión de 25 toneladas que está aquí… con todo lo que se está exhibiendo”. Pensando, sin ningún sentido jurídico y de justicia, que las pruebas en un juicio se miden por toneladas, y no por la calidad probatoria de los hechos denunciados.
Así que el fraude llamado López Obrador seguirá hasta la eternidad, bajo la égida del miedo: ¿Miedo nosotros? ¡Miedo, el gobierno, que tiene cercado el Palacio Nacional!