Entrevista a Jacqueline Peschard Mariscal/Comisionada del IFAI

Antonio Cerda Ardura

El ganador de las elecciones presidenciales del 1 de julio, el priísta Enrique Peña Nieto, anunció que las primeras iniciativas que presentará ante el Congreso de la Unión serán para la creación de una Comisión Anticorrupción, el fortalecimiento del Instituto Federal del Acceso a la Información (IFAI) y para transparentar la contratación gubernamental de espacios en los medios de información.

En particular, respecto al IFAI, Peña Nieto dijo que pretende ampliar sus facultades para potenciar la transparencia en los estados y municipios.

Aunque los puntos específicos de esas propuestas aún no se conocen, Siempre! entrevistó a la comisionada del IFAI, Jacqueline Peschard Mariscal, para conocer, con base en su experiencia al frente de ese organismo, qué medidas son necesarias para ampliar los mecanismos y facilitar aún más el acceso de la población a la información pública del gobierno.

Jacqueline Peschard indica que aunque el modelo mexicano de transparencia es reconocido, incluso, a nivel internacional, aún falta garantizar que el derecho a la información cuente con procedimientos uniformes en todo México, de manera que se evite que cada autoridad, en cada entidad, interprete qué datos deben ser públicos y cuáles debe mantenerse en reserva.

Derecho constitucional

A diez años de la creación del IFAI y prácticamente a semanas de que concluya la administración del presidente Felipe Calderón, ¿cuál sería el balance que usted haría sobre del trabajo de esta institución? ¿Cuál ha sido la aportación a México?

El IFAI, que está por cumplir diez años de existencia, ha logrado socializar o generar entre la población el sentido de que el acceso a la información, y, más recientemente, la protección de datos personales en el sector privado, son ejercicios de derechos fundamentales. El IFAI ha podido también hacer conciencia del por qué la población tiene la posibilidad de demandar a las dependencias y entidades del poder público la información que estas generan o resguardan. Lo que faltaría es que este conocimiento se extienda a otras regiones del país, porque las solicitudes sobre información pública federal, por ejemplo, están concentradas principalmente en el Distrito Federal y el Estado de México, aunque cada entidad tiene su propio Instituto de Transparencia. En suma, se ha logrado el reconocimiento de que la garantía de información es un derecho fundamental amparado por la Constitución. El que se conozca ese derecho, se promueva el ejercicio de ese derecho y, además, se cumpla con que la información pública llegue a la población, ha sido posible, en buena medida, no sólo por la existencia de este organismo garante que tiene una autonomía de funciones, sino por la expedición de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Antes de la existencia del IFAI, México venía arrastrando una cadena de vicios en la administración pública, y el principal era que todo se escondía. Había un gran secretismo a conveniencia del gobierno. Suponemos que el IFAI se ha topado con cierta reticencia a la entrega de información.

Sí. Hay una gran paradoja en el tema de la transparencia y el acceso a la información. Por un lado, la aprobación de la ley federal y las estatales, y la reforma constitucional al artículo sexto en materia de acceso a la información, se dieron casi por unanimidad. Es decir, había una especie de consenso entre las distintas fuerzas políticas en la necesidad de abrir la información pública a las personas. Esto, desde luego, fue producto de todo un proceso en el que estuvo involucrada la transición democrática. La Ley de Transparencia, por ejemplo, se aprobó en el 2002, una vez que se logró la alternancia en el Poder Ejecutivo federal y cuando había una gran exigencia social en favor de que los gobiernos no solamente surjan de las urnas y de elecciones competidas, sino que también se desempeñen de una manera democrática. Pero así como se dio ese consenso para regular el acceso a la información, en la práctica, en el ejercicio de las solicitudes de información, hubo una enorme discrepancia para transparentar las dependencias. Efectivamente, encontramos una resistencia, yo diría que genérica, a entender que la transparencia es parte de la práctica cotidiana en la gestión pública. Dicho en otras palabras: si yo genero un documento con información de una dependencia, no tengo por qué esperar a que alguien me lo pida para ver si lo doy, sino que debo entender que éste es un documento que no es mío. Yo lo resguardo, pero es de la población, de los ciudadanos. Esa noción es la que todavía falta generalizar. Ha habido necesidad de que el IFAI esté actuando, que la opinión pública esté presionando, que los particulares demanden información, y que las organizaciones sociales también presionen para que el conjunto de normas que se han aprobado por unanimidad se traduzcan en efectividad cotidiana. Eso falta en general. Sin embargo, las resoluciones del IFAI se acatan en un 99 por ciento. Aunque el IFAI no tiene capacidad de sancionar, sus resoluciones son una instrucción que obliga a las dependencias a dar información. Así que, en resumen, subsisten de manera genérica ciertas resistencias a hacer de la transparencia una práctica cotidiana. También hay ciertas áreas, como la PGR, con las que hemos tenido algunas tensiones para obtener información, no respecto a las averiguaciones previas en curso, que nunca se da, sino con relación a datos estadísticos que deberían de ser públicos por norma, ya que no están asociados a personas, sino al crimen organizado, o, por ejemplo, el número de muertos, las operaciones, etcétera. Hemos tenido algunas otras reservas con otras dependencias y entidades, como el Sistema de Administración Tributaria, pero sólo en temas en particular que tienen que ver con la cancelación de créditos fiscales. Estás reticencias son en el uno por ciento de los casos, focalizadas sólo en ciertas áreas.

Ahora que ha trascendido que hay una propuesta de Enrique Peña Nieto para reforzar el IFAI, ¿cuáles serían los puntos en los que usted considera que podría mejorar esta institución?

Las diferentes fuerzas políticas han puesto el tema de la transparencia en sus distintas agendas, en las de gobierno o en las parlamentarias. Esto habla de que existe ya una exigencia social fuerte para el avance la transparencia, porque nuestra Constitución y los tratados internacionales que México ha firmado señalan que el acceso a la información es un derecho personal, humano y fundamental. Así que lo primero que requiere ese derecho son fórmulas para homogenizar los procedimientos, las formas para interpretar, incluso por parte de las distintas autoridades, qué información debe ser pública y cuál debe estar temporalmente reservada. Y es que ocurre que una misma solicitud de información se interpreta en un estado como información reservada, y en otros como información pública. Podemos hablar, por ejemplo, del sueldo de un rector de una universidad pública. Hay un estado que dice: “Es confidencial” y, en el ámbito federal, sostenemos: “Es un dato de recurso público y se tiene que hacer público”.

Habría que protocolizar los distintos casos.

Hay que buscar la forma de homogenizar criterios y de hacer más uniformes los procedimientos. Hay estados en los que el órgano garante de la transparencia no es la primera instancia, sino la segunda después del propio gobierno. Es decir, el órgano garante no es el que resuelve, sino una instancia administrativa. Todo esto va dando diferentes formas de interpretar, aun cuando exista un artículo sexto constitucional que dice cuáles son los principios básicos del acceso a la información y que siempre debe de haber un organismo garante con autonomía de decisión, de funcionamiento y de operación. Esa autonomía tendría que ser uno de los puntos que habría que extender de manera generalizada. Actualmente México cuenta con órganos de transparencia autónomos en 21 estados, pero en el ámbito federal nosotros no somos autónomos, como ocurre en otras entidades. Lo que permitiría la autonomía es la posibilidad de fortalecer la acción del organismo garante y, justamente, trabajar de cara a esta homologación de procedimientos, de criterios, y de facultades de las autoridades que garantizan el derecho de acceso a la información.

Como usted indica, ya existen en muchos estados mexicanos los órganos de transparencia.

 

Ley general

La propuesta de Peña Nieto señala que el IFAI debe tener más alcances en los estados y municipios. ¿Cree usted que los órganos de transparencia debían contar con un mando único, como se ha pretendido, por ejemplo, con la policía?

No. Quizás nadie ha pensado en una autoridad única, algo así como una autoridad nacional, porque tenemos un sistema federal. En lo que se ha pensado, o cuando menos así yo lo entiendo y me parece que podría ser muy benéfico, es que hubiera una especie de sistema de transparencia, en el que cada estado, con su propia ley y su propia entidad reguladora que garantice el acceso a la información, se base en una ley general. Las leyes generales normalmente fijan los grandes estándares que deben de observar los distintos ámbitos de poder: el federal y el estatal. Pero esto no querría decir una sola autoridad, sino tal vez una sola ley en la que estuviera claramente establecida cuál es la naturaleza del organismo garante, cuales son sus procedimientos, que tipo de información tiene que ser obligadamente pública, en cuantos días se tiene que resolver, etcétera. No puede ser que una autoridad con una ley semejante a la federal interprete que una información no es pública, por ejemplo, tratándose de la deuda de un estado, cuando a nivel federal sostenemos que la deuda de un gobierno tiene que ser información pública. Ese es el tipo de contradicciones que hallamos, siendo que el acceso a la información es un derecho humano. Es difícil pensar en un derecho humano cuando alguien que vive en Veracruz goza de menos garantías que alguien que vive en el Estado de México o en el D.F. Así que creo que después de diez años de las primeras leyes de transparencia, ya hemos logrado avances significativos cuando 21 estados tienen ya un organismo constitucionalmente autónomo. Lo que hay que hacer ahora es avanzar hacia la uniformidad en prácticas, en procedimientos, en normas para que el derecho no tenga estas asimetrías en su ejercicio.

¿Tendría que tener dientes el IFAI para que se obedezcan sus resoluciones y se sancione a quien se nieguen a dar información?

Hay estados que, efectivamente, sancionan al servidor público que no entrega la información. En Morelos, por ejemplo, hay un organismo autónomo que puede sancionar y es una autoridad no solamente para el Poder Ejecutivo, sino para el Legislativo, el Judicial. Y uno se pregunta: “¿Esto ha hecho que sea más eficaz el acceso a la información?”. Parecería que el ideal es que toda norma complete sus disposiciones con algún tipo de sanción a quien no las acate. En el ámbito federal, por ejemplo, la entidad que sanciona es la que aplica la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que es Función Pública. Pero yo diría, y esto es sólo mi opinión muy personal, que cuando se sanciona a un servidor público, esta persona tiene la posibilidad de defenderse frente a quien lo sanciona, pero no necesariamente se establece un procedimiento que facilite el acceso a la información. Es decir, posiblemente en el largo plazo un sistema efectivo de sanciones podría hacer que los servidores públicos comprendiéramos que la información tiene que estar ahí para la libre consulta de los ciudadanos. Pero mi idea, muy particular, repito, sería más bien trabajar con lo que se denomina “medidas de apremio” para poder garantizar que las dependencias que se resisten a entregar información, finalmente la entreguen. Me parece que la apuesta no está en la sanción, aunque quizás en términos de técnica jurídica sería una posibilidad, sino en ciertas atribuciones del organismo garante para hacer que la información que se considera que debe de ser pública, finalmente lo sea.

 

Modelo internacional

Hay países, en particular Estados Unidos, que condicionan sus ayudas a México exigiendo más transparencia y democracia interna. ¿Cómo es visto nuestro país en el exterior? ¿Cómo se ha ubicado el IFAI?

En estos diez años el IFAI ha ganado un reconocimiento internacional y así lo muestran las invitaciones que ha tenido, por ejemplo, del Banco Mundial. México ha ido a presentar su modelo de transparencia en el sudeste de Asia, en la India o Pakistán; ha sido invitado para presentarlo en el Medio Oriente, y ahora tenemos una invitación para acudir al norte de Africa. El modelo mexicano ha sido aceptado en América del sur. Lo fue para Chile, lo ha sido para Honduras, y está siendo revisado y fue un modelo para Brasil. En muchos países, cuando una dependencia no satisface el deseo de información de un particular, se acude al Poder Judicial. Perro en el caso mexicano, es el propio organismo garante el que sirve como última instancia y como un organismo especializado. Eso es lo que dice la Constitución y cuando menos es un modelo que se toma como referencia en el plano internacional.

También ha sido muy apreciado en el exterior nuestro sistema electrónico para acceder a la información, Infomex (www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action), una plataforma informática mediante la cual se hacen solicitudes para obtener información pública del gobierno federal y se les puede dar seguimiento. Aquí se pueden presentar quejas o recursos de revisión ante el IFAI, y el propio IFAI, por la vía de convenios, ha posibilitado que todos los estados vayan adoptando este mismo portal para que los ciudadanos, independientemente de qué tipo de información requieran, de un gobierno local o del gobierno federal, accedan a esos datos por una misma ventana. Esto hace más ágil el acceso a la información y ha sido muy apreciado, por ejemplo, por la institución garante de la transparencia en Canadá, que no tiene un sistema informático de solicitudes a pesar de que cumple ya 25 años de contar con una Ley de Transparencia.