Entrevista a Oscar Mauricio Guerra Ford/Comisionado presidente del InfoDF
Antonio Cerda Ardura
El presidente electo, Enrique Peña Nieto, entregó este 10 de septiembre a senadores de su partido, el PRI, y del PVEM, su iniciativa de reforma constitucional para dotar de autonomía al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y ampliar sus facultades.
Según esta propuesta, que prevé modificaciones a los artículos 6°, 73, 76, 78, 89, 105, 110, 111, 116 y 122 de la Carta Magna, el IFAI será un organismo constitucional con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio, en tanto que los órganos estatales serán, igual, independientes.
La competencia del IFAI abarcará los tres poderes, en los tres niveles de gobierno, salvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que tendrá un comité garante de transparencia integrado por tres ministros.
El IFAI sustituirá a los órganos garantes que actualmente existen en los otros Poderes de la Unión y en el resto de los órganos autónomos del Estado.
La iniciativa de Peña Nieto mantiene la facultad del presidente de la república de nombrar a un total de siete comisionados (respetando la vigencia de la gestión de los cinco actuales) y será el Senado la instancia que podrá objetar, por mayoría, esas designaciones.
El IFAI podrá interponer ante la SCJN acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes que afecten el acceso a la información y la transparencia, y los institutos estatales podrán hacer lo propio en contra de normas locales.
Será facultad del nuevo organismo de la transparencia revisar las resoluciones de los institutos estatales y podrá atraer casos relevantes, en tanto que sus propias resoluciones serán vinculatorias, definitivas e inatacables para la autoridad. Sólo en casos excepcionales, cuando se trate de salvaguardar aspectos de seguridad nacional, los titulares de los poderes podrán acudir a la SCJN.
Ante una resolución negativa del nuevo IFAI, el ciudadano tendrá la opción de interponer un amparo.
La propuesta de Peña Nieto coincide con la publicada el 31 de agosto, en forma de desplegado, por la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), que incluye la expedición de una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que las entidades y la Federación adecuen sus normas y todas cuenten con los mismos procedimientos, plazos, criterios de información de oficio y garantías con altos estándares de calidad.
Entrevistado por Siempre! sobre estas propuestas, incluida la presentada el 6 de septiembre por el PRD, el maestro Oscar Mauricio Guerra Ford, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (InfoDF), dice que hay acuerdo, coincidencia y hasta consenso sobre una Ley General de Transparencia y la autonomía del IFAI.
Indica Guerra Ford que, incluso, estas iniciativas podrían lograr curso para que la reforma se tenga en un plazo, no de un año o más, sino en seis meses.
Ley General
¿Qué tan positivas son las propuestas de la iniciativa de reforma presentada por Enrique Peña Nieto para el nuevo IFAI?
Es muy bueno querer fortalecer un tema muy importante en el que el país lleva inmerso diez años, desde la expedición de la Ley Federal, y antes las de Jalisco y Sinaloa, todas del 2002, aunque ya desde el 2000, con el Grupo Oaxaca, había el interés de iniciar en México el ejercicio real del derecho de acceso a la información.
En realidad son tres ciclos con estas iniciativas. El primero corrió del 2000 al 2006. En ese lapso, a partir de la Ley Federal, como que se puso de moda un afán en todas las entidades de hacer normas de transparencia, aunque la verdad no tenían los mejores atributos para que los ciudadanos pudieran acceder por completo a la información. Había muchas trabas, causales de reserva y en la mayoría se permitía que los titulares de los órganos de transparencia hicieran acuerdos clasificatorios. En general, había una disparidad enorme entre todos los estados y la Federación, y cada quien entendió el tema del acceso a la información como quiso.
Como todo lo nuevo.
Exacto. Luego, ante esta problemática, a iniciativa de algunos gobiernos estatales y de los órganos garantes de la transparencia, incluido el IFAI, se propuso una reforma al artículo 6° constitucional que diera un piso mínimo para facilitar, de manera más homogénea, el acceso a la información. Con esa reforma empezó un segundo ciclo, cuando se comenzaron a adecuar las leyes respectivas al 6° constitucional.
Pero el problema del artículo 6° es que no se pueden poner muchas cosas y, como lo planteó el Grupo Oaxaca desde hace mucho tiempo, debía expedirse una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El 6 de septiembre el PRD envió al Senado una iniciativa al respecto, igual que la presentó el lunes Enrique Peña Nieto. Con eso vamos a comenzar una tercera etapa.
Es decir, hay bastantes coincidencias.
Eso lo veo positivo: una Ley General que nos permita homogenizar información de oficio; los causales, que deben ser excepcionales, en materia de reserva; la temporalidad de la reserva, y los procedimientos para resolver recursos, porque en el país tenemos seis formas distintas en que un ciudadano se puede ir a quejar cuando no le contestan bien su petición de información. Lo que se plantea, entonces, y en lo que estamos de acuerdo, es que, mediante un cambio constitucional, se faculte al Congreso de la Unión a emitir esa norma con todas estas características de homogenizar. Pero algo muy importante y de lo que debemos estar al pendiente, es que esa Ley General tenga altos estándares. Actualmente tenemos leyes de transparencia muy buenas del Distrito Federal, Veracruz, Coahuila y en el propio Estado de México. ¡No nos vaya a quedar la Ley General por debajo de eso que ya tenemos! Y ya con esa norma, todos los congresos estatales tendrán que homogeneizar las propias. Y si un estado quiere ir más allá, adelante, eso no lo impedirá esta ley.
Hay que observar que todo esto no es novedoso. Ya está por escrito. Lo propuso el Grupo Oaxaca, la COMAIP y yo lo incluí en varios libros y artículos. Otra propuesta del presidente electo, que también vemos positiva, pero que tampoco es novedad, es la de un órgano de transparencia autónomo con competencia no sólo ante el Ejecutivo, sino ante los poderes Legislativo y Judicial y todos los órganos del gobierno federal y autónomos, a excepción de la Suprema Corte. Es decir, estamos pasando a una etapa que nos pudo haber ahorrado diez años.
Partidos transparentes
¿Qué tan novedosa podría ser la inclusión de una supervisión a los recursos de los partidos políticos?
En la propuesta del PRD está claro que los partidos políticos deben ser sujetos directos. ¿Qué quiere decir? Hoy los partidos políticos son sujetos indirectos en materia de transparencia, a través de los institutos electorales locales en 16 estados, otros ya son directos y, a nivel federal, lo son a través del IFE. En el Distrito Federal, por ejemplo, que ya son directos, el PRI, el PAN y el PRD cuentan con oficinas de información pública para atender a los ciudadanos; tienen que publicar información de oficio; reciben solicitudes, vía el sistema Infomex o telefónica; tienen que contestar y, si no lo hacen, interviene el InfoDF, y, si las respuestas no son correctas, les damos vista al distrito electoral. Así que ya se han aplicado sanciones y multas a los partidos cuando no han cumplido. Esa es la propuesta a nivel federal y para todas las entidades del país, para homogeneizar. También se busca no sólo transparentar los recursos públicos, sino los donativos y todo tipo de recursos privados que reciben los partidos. Esa propuesta del PRD no la he visto en la que presentó Peña Nieto: los partidos políticos no están como sujetos obligados. Otra cuestión, que sí llevan ambas mociones es que deban transparentarse todos aquellos recursos que se entreguen a personas morales que no sean públicas, es decir: organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, sindicatos, etcétera. Con esto se pretende que si la SEP, por ejemplo, le entrega recursos al sindicato o a una fundación, esa dependencia tendrá la obligación, por ley, de responsabilizarse de ese dinero. Tendrá que informar el monto, el destino y pedir a quien se lo entregó que compruebe lo que hizo. En el Distrito Federal ya lo tenemos así, pero hay coincidencia en lo principal: órgano autónomo y Ley General.
Hay propuestas sobre el número de comisionados, pero parece que aún no se establece un nombre para el nuevo IFAI.
El PRD sugiere que se llame Consejo Federal para el Acceso a la Información y Protección de Datos y, en los dos proyectos, se plantea que el número de comisionados pase de cinco a siete. Ahí hay acuerdo. La propuesta del PRD es un poco más radical, porque habla de renovar todo el Consejo, con la posibilidad de que los comisionados que están ahora puedan concursar, y que tal cambio sea escalonado, con equidad de género. El presidente electo refiere dos nuevos comisionados y que los cinco que están ahora se queden hasta terminar el periodo y se vayan sustituyendo según llegue el final de su gestión. Sin embargo, la forma de elección, desde mi punto de vista personal, es la más cuestionable, porque se mantiene la que se usa actualmente para designar a los comisionados del IFAI. El presidente de la república los propone al Senado y, si el Senado no objeta, y en los diez años que tiene el IFAI no ha habido ninguna objeción, entonces se quedan. Si hay objeción, ¿qué sucede? El presidente retira esa candidatura y lleva otra. Y si vuelve a haber objeción, la retira y él ya pone directamente. En el IFE, por ejemplo, que es un órgano autónomo, la forma en que se elige a los consejeros es a través de la Cámara de Diputados, porque es la cámara de origen, y es con dos terceras partes de sus integrantes. La propuesta que está haciendo el PRD es igual, nada más que la cámara de origen seria el Senado. Pero creo que sí se está hablando de un órgano autónomo, la diferencia es que nosotros concebimos a los órganos autónomos, como el IFE, o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tanto a nivel federal como en los estados, como órganos ciudadanos. Pensamos que debe haber una participación ciudadana. Obviamente quienes fueran los comisionados tendrían que ser personas con prestigio académico en la materia, o profesionales que estén ligados a los temas de transparencia. Estos comisionados deben garantizar una imparcialidad total, porque, de lo contrario, se puede prestar a un ajuste de cuentas con determinadas entidades o con determinados municipios.
¿Qué hay de la ampliación de las facultades del IFAI a los estados y municipios?
Algo que me sorprende de la propuesta del PRD, en el buen sentido de la palabra, y que también la incluye Peña Nieto, es que este nuevo órgano no sólo va a ser competente ante los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los órganos autónomos federales, sino ante los estados y municipios. ¿Bajo qué formula? Bajo lo que se llama un “tribunal de alzada”. Si yo como ciudadano meto, por ejemplo, una solicitud de información a la Secretaría de Obras del Distrito Federal, y me contestan mal, puedo acudir al InfoDF y me quejo. Si aún la resolución no me gusta y creo que fue incompleta, o a la mejor hasta me reservaron la respuesta, entonces hay la posibilidad de ir ante el nuevo IFAI a meter un recurso, que se puede llamar de Reconsideración, para que ellos vuelvan a analizar la solicitud y se resuelva. Y esa resolución, que puede ser distinta a la del órgano estatal, es también definitiva e inatacable. Eso está en los dos proyectos.
Creo que, en general, la discusión sobre el nuevo IFAI va a ser importante y se va a centrar, en el Congreso, en la aprobación de la Ley General de Transparencia, con muchas posibilidades de salir adelante; la entrada de partidos políticos como sujetos directos, tanto en recursos públicos y privados, y en el énfasis para que quien otorgue a personas morales recursos públicos, informe sobre el uso, el destino y la comprobación de los mismos. Y léase aquí la palabra fuerte, que son los sindicatos, aunque también están las ONG, las fundaciones, etcétera. Otra discusión será el nombramiento de los comisionados de ese nuevo instituto y una más tiene que ver con la iniciativa preferente que metió el presidente Felipe Calderón, para reformar la Ley de Contabilidad Gubernamental, la cual, como él propone, obligaría a todas las secretarías de Finanzas de los estados y a la propia Secretaría de Hacienda a realizar un informe mucho más detallado del uso de los recursos públicos, principalmente del llamado Ramo 33.
En resumen, tal vez tomando de las distintas propuestas daríamos un paso mucho más definitivo y más completo hacia la transparencia.
En ese sentido van estas iniciativas de reforma constitucional, pero creo que el asunto más definitorio va a ser la Ley General que deberá tener altos estándares. Ahora son cuestiones generales, en las que veo muchas coincidencias, pero se tiene que reformar la Constitución para poder hacer esa Ley. El plazo que está dando la iniciativa que mandó el presidente Peña Nieto es de un año, pero se me hace mucho tiempo para construir una ley que podríamos tener en seis meses. Y es responsabilidad ya del Congreso. Ya hay muchas cosas avanzadas y lo que hay que hacer es esa ley, con altos estándares, y tomar tres o cuatro definiciones importantes de las iniciativas que ya han sido presentadas.