Alexander Serikov
Letonia, ex república soviética situada en el litoral del Mar Báltico, fue una de las primeras en separarse de la Unión Soviética a principio de los años 90 del siglo pasado. Allá vivían representantes de otras nacionalidades de la ex URSS, la mayoría de ellos rusos. Los nuevos gobernantes de Letonia eran nacionalistas y sus políticas internas tenían por objetivo el depurar su sociedad de la presencia de otras naciones.
Cuando en 1991 Letonia obtuvo su independencia, los habitantes cuyos antepasados vivían allá antes de la Segunda Guerra Mundial, obtuvieron automáticamente la ciudadanía letona. Los que vinieron a este país después de la Segunda Guerra Mundial así como también sus hijos obtuvieron el estatuto de no ciudadanos. Con un estatuto como éste, viven en Letonia unas 320 mil personas, es decir el 16 por ciento de toda la población. A diferencia de los “verdaderos letones”, los no ciudadanos llamados allá negros, inclusive aquellos que vivieron en Letonia más de 30 años aportando con su trabajo al desarrollo de este minúsculo Estado báltico, están privados de elementales derechos ciudadanos. Ellos no tienen derecho de voto, no pueden ser militares, policías, burócratas, abogados, notarios, etc. Para ellos existen limitaciones en la adquisición de bienes inmuebles, en los estudios superiores.
A decir verdad, ellos pueden aprobar los exámenes del idioma e historia de Letonia y pagar un impuesto para obtener el estatuto de ciudadano real. Sin embargo, el idioma letón es muy complicado, sobre todo para personas de avanzada edad que son muchos entre los no ciudadanos.
Durante los últimos 20 años el problema de la discriminación de los no ciudadanos en Letonia se debatió en varias ocasiones. Se exhortó a concederles el derecho de votar en las elecciones. Los diputados de las minorías nacionales intentaron 37 veces abolir las limitaciones existentes en este sentido. También ellos se pronunciaron por la formación de un parlamento paralelo que representaría los intereses de las minorías nacionales.
Todas estas iniciativas fueron rechazadas por la mayoría parlamentaria nacionalista. Y fue a finales del mes de agosto último cuando el movimiento llamado Por la igualdad de derechos comenzó a recoger firmas en apoyo a la realización del referendo en defensa de los derechos de los no ciudadanos.
En un país con una población de poco más de dos millones de personas, la cantidad de 12 mil firmas recogidas fue más que suficiente. Según las leyes letonas, son requeridas apenas 10 mil firmas para poder llevar a cabo un plebiscito. Y si el Comité Electoral Central reconoce las 10 mil firmas, el mismo Comité Electoral realizaría una nueva recolección de firmas y luego llevaría a cabo el referendo.
Para aprobar los resultados será necesario que voten a favor 150 mil ciudadanos, o sea el 10 por ciento de aquellos que tengan el derecho de votar. Desafortunadamente, entre ellos no van a figurar aquellos que no tienen derecho a votar, los no ciudadanos, los negros letones.