Malo, un gobierno sin pueblo
Marco Antonio Aguilar Cortés
Morelia.- Integrantes del grupo Yo Soy 132, usando la voz del ventrílocuo, manifiestan: “Con Peña sería otra tragedia… Rechazamos la inminente imposición”, sin entender que sólo hay un mandato de más de 19 millones de votos, y que lo único trágico es su resistencia civil con capucha de Ku Klux Klán.
Su táctica se emparienta con la “emboscada” que asegura el gobierno estadunidense que uso nuestra policía federal en contra de dos de “sus diplomáticos”, acompañados de un capitán de la armada de México, quienes laboraban sospechosamente armados en territorio nacional.
Claro que hay de emboscadas a emboscadas, pero independientemente de sus causas, personajes, y confusiones, ambas enturbian la vida de un país que, como el nuestro, desea la paz y busca afanosa su desarrollo.
Los fueros en cuanto privilegios son indeseables, puesto que rompen el principio de la igualdad jurídica, sean militares o “diplomáticos”.
Obvio que los fueros en tanto competencia son necesarios, ya que establecen la suficiencia jurídica para que una autoridad conozca de un determinado asunto, sea por materia, territorio, cuantía, grado, o por otros supuestos jurídicos.
El actual fuero militar existe a partir de 1917 como competencia; y cualquier interpretación aplicativa, en otro sentido, ha sido y es a todas luces inconstitucional.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación es quien con su jurisprudencia distorsionó lo ordenado por el vigente artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por ello sorprende que (a partir de la sentencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviendo que los delitos cometidos por militares contra la población civil deben ser juzgados por la autoridad civil que corresponda) haya gente que afirme equivocadamente: “los militares se van quedando sin fuero”; “la Corte rescató la constitucionalidad del fuero militar”; “la Corte acotó el fuero militar”; “hito en la historia de la judicatura… reforman la justicia militar”.
Los militares no se quedan sin fuero, pues subsiste el fuero de guerra como una competencia militar, porque lo dispone nuestra Constitución federal.
La Corte, primero, deformó por décadas la constitucionalidad del fuero militar, y ahora la rescata, con cierta tardanza.
Con su reciente sentencia, no acota dicho fuero, sino sólo interpreta de manera legal y exacta lo señalado por nuestra norma jurídica fundamental.
El resolutivo en comento de la Corte no es ningún hito histórico, ni reforma la justicia militar; únicamente es un moroso retorno a la letra de nuestra Constitución.
Basta leer el artículo 13 de nuestra Carta Magna, en su origen y en su texto vigente: “… Cuando en un delito o falta del orden militar estuviere complicado un civil (un paisano) conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”.
Aclarado lo anterior, la reciente sentencia de la Suprema Corte sobre el fuero militar es correcta, y debemos reconocerlo, pero sin exagerar ni deformar nuestra realidad.
La credibilidad de un gobierno se genera por la exacta aplicación de la ley, cuando esta norma jurídica es clara, breve, y auxilia al desarrollo de la población. Tan malo un gobierno sin pueblo, como un pueblo sin gobierno; peor si con ello se sirve al extranjero.