Atender legítimas inquietudes
La democracia, mucho más que un derecho a gobernar,
es un estado de la conciencia.
Horacio Quiroga
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
A nadie escapa que el proceso de consulta propuesto por Andrés Manuel López Obrador a los participantes a la asamblea informativa del pasado domingo 9 de septiembre en el Zócalo capitalino ha sido interpretado bajo las diversas ópticas y agendas políticas de los medios de información, muchos de los cuales han dado por sentado que el destino del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) está ya determinado a fin de transformase en el brazo partidario del excandidato presidencial.
Si bien la propuesta convoca a un debate franco y fraterno entre la opción de mantenerse como movimiento social o transformarse en partido político, poco abona a la convocatoria la determinación de asumir la división electoral como referente territorial organizativo del proceso de consulta, decisión que de entrada genera desazón e incertidumbre en torno a las expresiones gremiales que se han generado como referentes del Morena a lo largo y ancho del país, y cuya única opción para contar con una representación en las Asambleas estriba en obtener el 25 % de delegados en las juntas distritales, quienes se integrarán al 75 % conformado por los representantes de la estructura formal y electoral de Morena, asumiendo con ello una distinción difícilmente aceptable en democracia.
Bajo esta innegable concepción de estructura partidaria, los más participativos y comprometidos sectores de este movimiento social de las izquierdas se ven menospreciados en razón de una burocracia cuyas resistencias nunca mellaron el impulso y los bríos del quehacer movimientista de los grupos sociales, como lo demuestran la solidez de Morena-Cultura, Morena-Laboral, Buzones Ciudadanos, Círculos de Estudio o Flor y Canto, por mencionar algunas de las múltiples expresiones que nutren el dinamismo de Morena desde trincheras eminentemente populares.
En este contexto, los integrantes de estas formas espontáneas de organización expresan legítimas inquietudes que deben ser atendidas y resueltas por los organizadores de las asambleas, y cuyo único fin no es otro que el garantizar los principios de inclusión y equidad inherentes a un proceso, cuyo resultado será la más trascendentes toma de decisión para la izquierda mexicana, sobre todo para quienes desde los ámbitos de la participación popular y societaria buscan la transformación democrática, desde una concepción distinta a la preeminencia de los partidos como únicas vías de participación política y de acceso a la democracia representativa, esos grupos que exigen la inaplazable ruptura de los viejos esquemas de control partidario por sobre los legítimos anhelos participativos de una sociedad que defiende la democracia como un derecho humano fundamental y no como simple nicho de oportunidad.
De igual forma, los convocantes a este proceso deben definir, desde este momento, los compromisos que el movimiento o el partido —sea cual sea la figura que defina la mayoría— asumirá de cara a la conformación del Partido-Frente de las izquierdas, propuesto como secuencia responsable de un esquema que —en este 2012— garantizó no sólo la unidad electoral de las izquierdas, sino que las consolidó como opción viable para cerca de 16 millones de votantes, lo que las colocó como la segunda fuerza política en un complejo escenario nacional.
Despejar estas inquietudes y entendibles observaciones, resulta obligado para quienes han defendido la participación incluyente y solidaria de la sociedad como norma de vida y principio irreductible de compromiso democrático en el desempeño de funciones públicas, y es —como lo afirmó Horacio Quiroga— hacer de la democracia un estado de conciencia permanente y colectivo.