Entrevista a Arturo Alcalde Justiniani/Asesor laboral

Antonio Cerda Ardura

La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados aprobó el miércoles, en lo general, el dictamen de reforma laboral.

Pese al voto a favor del PRI, el PAN y el Partido Verde, y del PRD y el Movimiento Ciudadano en contra, el propio tricolor indicó que la iniciativa preferente enviada a la Cámara de Diputados por el presidente de la república fue modificada y se excluyó la transparencia de los sindicatos y la limitación de huelgas.

“El derecho de huelga y de asociación, la libertad sindical, y el derecho de los trabajadores a autodictarse sus normas regulatorias están a salvo en el dictamen”, sostuvo el legislador priista, Fidel Pacheco.

El PRD, cuyas propuestas no fueron incluidas en el dictamen, indicó que la iniciativa calderonista es “un grave retroceso que no podemos admitir”,  ya que de entrar en vigor se abriría la puerta a los despidos masivos, para que las empresas realizaran recontrataciones temporales, a través de la subcontratación y sin prestaciones.

Al cierre de esta edición, y en medio de protestas populares, el jueves continuó la discusión de 261 artículos reservados por todos los partidos políticos y se esperaba que el viernes concluyera.

Entrevistado por Siempre!, el prestigiado abogado y asesor laboral Arturo Alcalde Justiniani asegura que el argumento de que la iniciativa presidencial pretende mejorar el empleo y la competitividad no está sustentado.

Indica el también articulista de La Jornada y Premio José Pagés Llergo 2009, que de aprobarse la reforma laboral como se plantea, se afectaría la estabilidad del empleo y se abarataría el costo de la mano de obra.

 

Premisas falsas

Se afirma en general que la iniciativa preferencial para la reforma laboral presentada por el presidente Felipe Calderón es en beneficio de la productividad y la competitividad. ¿Cuáles son los puntos benéficos o negativos de tal iniciativa?

El tema de la reforma laboral es antiguo y lo viene planteando, básicamente, el sector empresarial, que busca reducir un conjunto de derechos, alegando que tenemos diferencias en la competencia con respecto a otros países y que necesitamos abaratar el costo de la mano de obra, reducir la estabilidad e incrementar algunos controles de orden colectivo.

La afirmación de que se necesitan estos cambios para  mejorar el empleo y la competitividad no está sustentada y, por el contrario, hay elementos muy claros, y así lo acreditan el propio informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la experiencia internacional, en el sentido de que cuando se precarizan las condiciones de trabajo y no se compensan con algunos elementos de protección social, lo único que se abate y se afecta es el mercado interno. Así que entonces se genera una crisis en la economía y no se dan los supuestos beneficios de estos cambios. Un elemento clave que se plantea es el permitir el esquema de subcontratación u outsourcing. Se alega que existe en todo el mundo, y, en efecto, hay fenómenos de subcontratación justificados. Suele afirmarse que la subcontratación es como el colesterol: puede haber bueno y puede haber malo. Sin embargo, en el proyecto original de Calderón se establece la subcontratación sin las debidas compensaciones o equilibrios  y se rompe con el principio fundamental de lo que se entiende por un trabajo, que reconoce como un patrón a aquel que recibe el servicio personal subordinado de otro. El lunes se dio un dictamen, en una comisión en la Cámara de Diputados, que matiza este punto. Dice: “Sí a la subcontratación, siempre  y cuando exista justificación para subcontratar aquellas actividades que son las esenciales, las que constituyen el objeto social de la empresa. Deberá de acreditarse cuál es el agregado especializado que da razón de ser a este fenómeno y evitar afectar el principio de igualdad con respecto a los otros trabajadores”. Por ahí está la discusión, pero sabemos que el sector empresarial no está muy conforme con estos requisitos. Lo que ellos quieren, en pocas palabras, es romper con todos los derechos y, alegando razones de competencia internacional, quitarse responsabilidades. Pretenden poder disponer de la mano de obra como si fuera una mercancía desechable, pero es un elemento que requiere protección porque tiene que ver con la calidad de vida de la gente.

El propio gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, casi en un tono de burla decía que había que flexibilizar la contratación, pero también los despidos para que no salgan tan caros.

Efectivamente el presidente del Banco de México fue muy sincero, y dijo: “Bueno, la intención de la reforma laboral es contratar, sumar y restar, y despedir más barato”. Eso provocó reacciones muy encontradas de algunos sectores, que le dijeron: “Bueno, no se vale que seas tan sincero, porque nosotros estamos diciendo que es para mejorar el empleo y tú sales a descubrir la verdadera razón de estas modificaciones”. Y, en efecto, son un conjunto de medidas que van desde el tema de la subcontratación y formas de contratación temporal, hasta un elemento que es muy doloroso en México, que son los juicios laborales. Estos juicios duran mucho: cinco, seis, siete años. Y en lugar de resolver el problema de fondo, que sería contar con jueces laborales, como sucede en muchos países, incluso en las naciones centroamericanas, donde las juntas de conciliación y arbitraje ya son instituciones en desuso, el resabio corporativo lo que plantea es que se mantengan los vicios, sin plantear soluciones de fondo, y únicamente resguarda el interés empresarial diciendo: “A los trabajadores, únicamente les vamos a pagar hasta el término de un año de salarios caídos”.

Otro elemento de las propuestas de reforma es permitir el contrato por horas.

Y el empleo temporal.

Incluso suena superficialmente bien y ponen el ejemplo de otros países, como Alemania, donde hay empleo temporal. Pero lamentablemente las diferencias entre nosotros y los alemanes son muy marcadas. Allá, los salarios son entre diez y quince veces mayores. ¡Nosotros tenemos un salario mínimo de alrededor de 60 pesos mexicanos, quizá unos cuatro o cinco dólares al día! En segundo lugar, en Alemania y en otras naciones hay una contratación colectiva, derrame en la cadena productiva, los sindicatos son más legítimos y nosotros tenemos un problema de vicio gremial muy arraigado. Somos quizás el único país en el mundo donde el patrón decide cuál es el sindicato que debe haber en una empresa; no hay una consulta cuando se va a firmar el contrato colectivo y, entonces, más del 90 % son sujetos a contratos colectivos de protección patronal. Este fenómeno ha originado una queja muy importante ante la OIT, donde se pide la modificación del sistema de negociación colectiva, porque reduce los derechos y, además, genera un control indebido de las formas de expresión de los trabajadores. Esto ha provocado un estado de indefensión.

En el tema específico del pago por horas, ¿habría alguna ventaja?

El contrato por horas luego se confunde con el sistema de pago por horas. La ley permite el pago por horas, pero el contrato por horas es algo muy diferente, porque van incluidas antigüedad, estabilidad,  prestaciones, y aspectos como el séptimo día. Nosotros estamos de acuerdo en que haya un sistema de pago por horas, dependiendo de las características de la rama de actividad, y en un entorno de negociación colectiva, informada, responsable, abierta, pero no en un esquema simulado donde se habla de una supuesta libertad de una persona que acude a pedir trabajo, que bien sabemos que no tiene libertad. La gente tiene necesidad y, bajo ese esquema, tenemos vicios tan arraigados en este país como el hecho de que un tercio de las contrataciones ya obligan a los trabajadores a firmar en blanco. ¿Por qué sucede? Porque el trabajador tiene necesidad del empleo y le dicen: “Firme en blanco. Si no, no le doy el trabajo”.

Se aprovechan de la situación.

Sí, y entonces hay esta libertad para morirse de hambre, como decían antiguamente, pero ésa es una reflexión muy actual.

Un elemento adicional es el control sindical. Ahí hay mucha discusión. La propuesta del presidente Calderón era que se redujera el espacio de representación de los trabajadores, llevándolos a una situación muy grave que era que no podían cambiar de sindicato cuando el patrón les ponía uno, con algunos obstáculos insalvables: tienen que dar los nombres, las firmas, obtener una autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, etcétera. En el dictamen presentado en la Comisión de Trabajo, ya se quitan esos aspectos y se empieza a avanzar hacia un esquema relativamente diferente. Se agregaron a los temas de subcontratación un conjunto de condiciones; queda pendiente el tema del pago por horas, y, en el del año de salarios caídos tampoco se quiere avanzar porque no se le quiere entrar a transformar el sistema de justicia y reconocer que la lentitud es imputable al administrador de justicia, que es el Estado y no a los trabajadores.

En el tema colectivo, hay una especie de claroscuros porque, por un lado, efectivamente en el dictamen se quitan algunas de las restricciones al derecho de huelga que proponía Calderón, pero por otro hay una resistencia a contemplar elementos democráticos que son básicos, como el voto secreto, la transparencia y la rendición de cuentas.

 

Diálogo y concertación

Que son temas que han sido la gran controversia de los sindicatos.

Y yo diría que quizá uno de los elementos más importantes son las grandes ausencias. Nosotros queremos que haya jueces auténticos, democracia sindical y negociación colectiva, producto de una negociación de actores legítimos. Y con esto me refiero no solamente a actores obreros, porque también el sector empresarial tiene lo suyo. Ellos también tienen mecanismos de control corporativo que no son representativos de los intereses del propio sector empresarial. Planteamos, en suma, que el mundo de la democracia transite también al mundo del trabajo, entendiendo que este esquema de diálogo y de concertación es la mejor salida. Queremos sindicatos democráticos, negociaciones colectivas auténticas que permitan el detallar y precisar las condiciones de trabajo en beneficio de la empresa, de los trabajadores y de los consumidores.

En una de sus columnas periodísticas, Jacobo Zabludovsky hacía un recuento de hechos y situaciones que devinieron en el reconocimiento de los derechos la clase trabajadora, desde aquel episodio de los soldados matando “en caliente” a los obreros de Cananea. Ya que usted hablaba de estabilidad laboral, ¿esta iniciativa termina con ella?

Sí. De aprobarse como la plantean, obviamente se afectaría la estabilidad del empleo, y, por otro lado, el costo de la mano de obra. Con los mecanismos de control individual. Los trabajadores estarían prácticamente en un estado de indefensión y se cerraría el cerco a los llamados contratos colectivos de protección patronal. Más del 90 % de los centros de trabajo en nuestro país tienen esa enfermedad: contratos colectivos que se celebran sin tomar en cuenta la opinión de los destinatarios, que son los trabajadores. Es, efectivamente, una iniciativa muy nociva. Se le quitaron algunos de los “dientes” en el dictamen del lunes, porque se ha dado una situación muy curiosa: el sector sindical tradicional, por un lado dice: “No quiero democracia, pero tampoco quiero un conjunto de restricciones al ejercicio de derechos colectivos. Así que hay algunos aspectos positivos, pero otros negativos. Lo que se está negociando es que el sindicalismo tradicional diga: “¡Quítame tus propuestas democráticas, y yo te acepto algunos elementos de flexibilidad!”. El problema es que en ese aspecto de elementos de flexibilidad, pues van restricciones a derechos fundamentales y acotamientos a aspectos centrales como la estabilidad del empleo. Un empleo sin estabilidad es francamente un estado en el que uno no puede planear, ni puede casarse…

Es una incertidumbre perenne.

Hay la tesis de que en otros países la gente es temporal y nosotros tenemos demasiada gente de planta. En consecuencia, no somos competitivos. Pero no dicen que en otros países hay seguridad social universal, seguro de desempleo, contratos colectivos y colchones o protecciones sociales; hay lo que se llama la Flex seguridad y en México no tenemos ninguna de estas garantías.

Además, hay mejores sueldos o más justos.

Nosotros tenemos un sueldo malo, un tercio de lo que reciben otros países: 60 pesos mexicanos. Comparemos con los países latinoamericanos y estamos muy por abajo. Entonces sobre esa precariedad salarial no se pueden construir esquemas como se pretende.

¿Qué riegos plantean estas reformas con el país agobiado por la inseguridad, la carestía y la pobreza?

Yo diría que un esquema de más precariedad. En un entorno de tanta violencia como existe en nuestro país, con tanta angustia, lo que se genera es encono; un crecimiento del empleo informal e incumplimiento de la ley. Si se les cierran las puertas a los trabajadores, el resultado será un sindicalismo clandestino. Ese es un riego que tenemos si no se le da salida a sus formas de expresión colectiva. No hay que perder de vista que los problemas del empleo tienen un contexto más económico. Es un problema de inversión, de crecimiento, de política económica, más que de modelo laboral. Los economistas, la gente más calificada sostienen que está demostrado que existe una falsedad en el planteamiento de que precariedad trae consigo empleo. Lo han demostrado experiencias en otros países, como en España.

 

Presión empresarial

Está pasando en buena parte de Europa.

Está pasando en Europa. Pero hay una gran presión del sector empresarial. Hay un chantaje del sector empresarial, que dice que la modernización significa precariedad y reducción salarial, pero preservan los vicios. No hablan claro, sino que manipulan. Y no hay razón en reducir estabilidad y facilitar un despido barato. Es posicionarse más por parte del capital, eso es evidente. Pero, de alguna manera, es un manejo poco inteligente. El presidente del partido en el poder ha tenido esa visión, además alejada de experiencias de otros países, que finalmente se va a revertir en contra de las empresas, que necesitan tener consumidores y un mercado interno. Muchas empresas cierran no porque la renta del local sea muy alto, sino porque no hay quien les compre. Entonces es un desarrollo mal entendido.

¿La reforma va a prosperar?

Yo creo que sí. La tenemos en la Cámara de Diputados y, a finales de octubre, en la Cámara de Senadores.  La incógnita es hasta dónde hay la capacidad de resistir esta presión empresarial.