Entrevista a Eugenio Monterrey Chepov/Presidente del Infoem y la Comaip
Antonio Cerda Ardura
Por falta de transparencia se han ocultado en los estados miles de millones de pesos y deudas enormes, aseguró el miércoles el presidente Felipe Calderón, al inaugurar los trabajos de la IX Semana Nacional de Transparencia 2012- A 10 años de la Ley de Transparencia: hacia la rendición de cuentas, al tiempo que era interpelado por integrantes del movimiento Yo Soy 132, que le exigían claridad sobre los recursos gastados en el monumento Estela de Luz, inaugurado el 7 de enero de este año en el Paseo de la Reforma de la capital mexicana.
Precisamente, el régimen de transparencia en México requiere profundas transformaciones con la finalidad de homologar el ejercicio de este derecho para cualquier persona en todo el país, asegura a Siempre! Eugenio Monterrey Chepov, presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (Infoem).
El también presidente de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (Comaip) indica que las propuestas de reforma constitucional sobre transparencia que han presentado tanto el presidente electo, Enrique Peña Nieto, como el organismo que encabeza son coincidentes y una muestra de y para un ejercicio de federalismo cooperativo.
Eugenio Monterrey Chepov explica que dotar de autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) es el clamor generalizado “de quienes somos convencidos de la transparencia”.
Grandes coincidencias
En su reciente asamblea nacional, la Comaip planteó la posibilidad de impulsar una tercera generación de reformas al régimen de transparencia en México. Esto coincide con la iniciativa de Enrique Peña Nieto para ampliar las facultades del IFAI. ¿Qué opina, en general, sobre la iniciativa?
Efectivamente, la Comaip va en busca y participa en todo el proceso para la siguiente generación de reformas en materia de transparencia y acceso a la información. La primera reforma data de 2002, cuando se expidió la Ley Federal de Transparencia, que tuvo un efecto de cascada a nivel de los estados. Pero hay que reconocer que poco tiempo atrás se produjeron los primeros registros legislativos en la materia que tienen el mérito de ser leyes pioneras en este rubro.
En ese marco, la Comaip hace eco de las declaraciones que el ahora presidente electo manifestó a los medios de comunicación meses atrás. Y no puede ser de otra manera, la Comaip es el único espacio de convergencia de todos y cada uno de los órganos garantes de transparencia del país. La voz de la Comaip tiene que ser escuchada, la opinión de sus integrantes tiene que ser expresada y así ha acontecido. El equipo de transición del presidente electo ha sido sensible a nuestro llamado y reconoce el lugar que en el tema tiene la Conferencia.
Al respecto, la Comaip emitió un documento con una propuesta propia de reforma constitucional y es de resaltar que en muchos puntos de la iniciativa del licenciado Peña Nieto existen grandes y afortunadas coincidencias. Sin embargo, hay matices que, más que disensos, expresan la pluralidad de ideas sobre el mejor diseño institucional para las instancias de acceso a la información pública en México.
Uno de los principales rubros de esa iniciativa y, yo diría, del clamor generalizado de quienes somos convencidos de la transparencia es dotar de autonomía constitucional al IFAI y a todos los órganos garantes, para que con ello el espectro de atribuciones se incremente hasta que resulte en un universo amplísimo de sujetos obligados.
Ambas propuestas coinciden en que los órganos de transparencia en los estados puedan resolver recursos de inconformidad en contra de instituciones públicas de los tres poderes y en todos los órdenes del gobierno, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). ¿Qué trabas existen para esto? ¿Por qué anteriormente no se hizo?
No existe ningún impedimento. Primero que nada, se trata de un ejercicio de federalismo cooperativo. Esto significa que la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios se ponen de acuerdo, a través de una ley general, para distribuirse la competencia de una misma materia. Eso es el federalismo cooperativo. Además, no es la primera vez que esto acontece en México. Si nos ponemos a revisar las numerosas fracciones equis, equis… en sus distintos incisos, se pueden observar diversos casos de leyes generales, de facultades concurrentes o coexistentes, que procuran responder a una realidad que debe ser compartida por todos los órdenes de gobierno.
Por otro lado, no será la primera vez que se genere en nuestro país un esquema de jurisdicción especializada, como sucede con la justicia electoral. En el caso de acceso a la información, sin que los órganos garantes de la transparencia se judicialicen, se convertirán en las instancias especializadas en esta materia para resolver los conflictos entre solicitantes y sujetos obligados. Asimismo, toda vez que la SCJN es el último intérprete de la Constitución y el último eslabón en la cadena de juzgadores, es por eso que se justifica que se excluya del control del IFAI. No obstante, eso no quiere decir que queden fuera el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral y todos los juzgados y tribunales federales.
Y si anteriormente no se llevó a cabo un proyecto semejante, es que se trató de paliar otra problemática con la reforma de julio de 2007, que fue la de establecer un piso llano a toda la legislación de transparencia.
¿Qué alcances deberá tener la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública? ¿Permitirá ésta plantear investigaciones judiciales en contra de funcionarios corruptos?
En principio, en la Comaip aspiramos a que la Ley General de Transparencia establezca los estándares mínimos indispensables y básicos de todo el procedimiento de acceso a la información, sin más finalidad que la de evitar pretextos y dolos de regulaciones locales que contengan procedimientos diferenciados injustamente, cuando en realidad se trata de un solo y mismo derecho fundamental. No encontramos justificación para que un estado de la república exija, por ejemplo, 15 días para entregar información, mientras que a nivel federal son 20 días, o para que un trámite sea más sencillo en una entidad y más complicado en otra.
En segundo término, no debemos confundir que la materia de transparencia comprende, en este caso, sólo el acceso a la información, que si bien es un instrumento para combatir la corrupción, no es el único. Precisamente por eso, el presidente electo ha planteado la posibilidad de crear una Agencia Nacional Anticorrupción que va más enfocada a dictaminar los casos de malos funcionarios que pudieran tener responsabilidades legales que merezcan una sanción. Esto no significa que los órganos garantes de la transparencia no puedan denunciar ese tipo de anomalías si en el ejercicio del acceso a la información se descubre una irregularidad sancionable.
Si estos mecanismos permiten hacer efectivo el derecho a la información, deberá haber puntos específicos para conocer, por ejemplo, los asuntos de corrupción en Pemex y otras dependencias. ¿Qué impide actualmente llegar hasta esto?
El acceso a la información no tiene más límites que aquella documentación que es reservada o confidencial. La corrupción no es óbice para conocer de los documentos que la constaten. Por el contrario, el régimen de transparencia nos ha dado lecciones de cómo a través del ejercicio de un derecho fundamental, como lo es el del acceso a la información, se han destapado casos escandalosos de corrupción. Y no sólo en México, sino en otros países, pues basta recordar el caso de la transnacional Enron o de Pharmalat. En rigor, al día de hoy nada impide que se conozcan esta clase de documentos, lo que en realidad sucede es que a veces el trámite es tan complicado, tan rijoso, que la entrega oportuna de la información se vuelve estéril, o bien, da tiempo para hacer el maquillaje respectivo que permita esconder o disfrazar su sentido verdadero.
Instancias adecuadas
Si estas iniciativas buscan más facultades para vigilar el cumplimiento de las leyes en materia de transparencia, ¿establecerán mecanismos para sancionar?
Uno de los puntos que más interés ha despertado la discusión sobre la transparencia es si, coloquialmente, se le dan o no dientes a sus órganos garantes. La experiencia nos indica, paradójicamente, que aquellos institutos de transparencia que tienen facultad de sanción no han aplicado ninguna, y los que carecen de ella han logrado, por medio de denuncias ante las contralorías internas, la sanción de funcionarios opacos. Como opinión personal, estimo que no es una solución que a los órganos garantes se les dote con esa clase de facultades sancionatorias, porque desvirtúan su naturaleza. Esto es, porque los desnaturaliza al convertirlos en una especie de contraloría especializada que puede generar conflictos de competencia con las contralorías internas. Esto no significa que no haya sanciones. ¡Por supuesto que las debe haber! Sólo que debe existir la instancia adecuada para hacerlo, y ésa no es el órgano garante.
¿Qué perfil debe tener la Comisión Nacional Anticorrupción? ¿Es necesario establecer representaciones o comisiones locales en los estados?
Contesto en primer lugar la última pregunta: No, no creo que deba haber copia del original en los estados. Primero tenemos que ver cómo y qué tal funciona esa Comisión Nacional Anticorrupción. Y si el desempeño de la misma es tan adecuado que vale la pena representarla a nivel estatal, adelante. Con esto quiero decir que dejemos que la reforma, de aprobarse, se ejecute, se lleve a cabo y la realidad nos demuestre sus virtudes y sus defectos, a tal grado que nos permita un juicio de valor sobre la conveniencia de mejorarla o, de plano, buscar alternativas que sí respondan a esta demanda de combate a la corrupción.
Ahora bien, sí creo que es un buen instrumento que puede mejorar la situación actual de la Secretaría de la Función Pública, pues, al darle autonomía constitucional, se consolida la tan esperada sana separación de esta instancia respecto del Ejecutivo federal.
Y en cuanto al perfil, es importantísimo en cuanto a dos aspectos: el primero es que quienes ocupen la dirección de esta Comisión deben ser ciudadanos ajenos a una carrera política, además de apartidistas. Y, segundo: que sea de naturaleza colegiada. Creo que ambos aspectos son recogidos en la iniciativa y hay que apostar a que es un buen diseño institucional. Sólo faltaría ver su desempeño funcional.
El presidente Calderón presentó una iniciativa preferente que promueve obligar a los gobernadores y alcaldes a transparentar su salario y detallar las participaciones, aportaciones federales, subsidios y convenios de reasignación, así como ingresos locales. También pretende que se transparenten todos los “pasivos” del gobierno estatal, como los llamados PP y las asociaciones público privadas, independientemente de la deuda que reportan de manera formal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Por qué los institutos locales no tienen facultades para esto y cómo deberá ser su participación para apoyar esta tarea?
Es que se trata de dos cosas distintas. Lo que el presidente Calderón ha presentado ante el Congreso es una iniciativa de Ley General de Contabilidad Gubernamental que homologue todos los procesos contables y financieros para que, coloquialmente dicho, en las “cuentas” no se escondan gastos indebidos; se transformen deudas en inversiones, o se distribuyan salarios reales en prestaciones laborales. En fin… Se trata de evitar los maquillajes contables que a cada estado y a la federación se les ocurra. Esto es muy distinto a lo que las leyes de transparencia establecen para las llamadas Obligaciones o Información Pública de Oficio. Esto es, todo el conjunto de información esencial que explica la razón de ser y el funcionamiento de los sujetos obligados y que debe estar publicada en las páginas de Internet a la disposición de todos los particulares, sin que medie solicitud de parte interesada. Dentro de esta Información Pública de Oficio se encuentran los sueldos de los funcionarios, la deuda pública, el presupuesto ejercido, etcétera. Lo que en realidad sucede es que en el fondo se trata del mismo tema, pero visto desde dos ópticas diferentes: una aborda el problema desde la postura de generar un mismo método contable del gasto público, y a la otra le atañe colocar esa información a la vista de todo el público.