Urge el giro de timón
La próxima administración tendrá que decidir si dará o no continuidad a la estrategia de la guerra antinarco a la que Felipe Calderón apostó la totalidad de su capital político y adjudicó la masa crítica de su gestión presidencial o si dará curso a un camino alternativo.
Uno de los factores a sopesar es sin duda el desastroso saldo que ha conllevado la adopción dicha línea gubernamental: más de 70 mil vidas humanas segadas, más de 20 mil desaparecidos, más de 50 mil huérfanos y más de 250 mil personas desplazadas de sus lugares de origen.
A esta funesta y muy triste realidad han de añadirse dos circunstancias. La primera es el grave entredicho en que se halla el Estado mexicano debido a los categóricos señalamientos que han formulado diversas instancias internacionales en el sentido de que los derechos humanos se han violentado en forma generalizada y sistemática, lo que se deduce del informe “Ni seguridad ni derechos” difundido por Human Rights Watch y asimismo se corrobora a plenitud con el severo pronunciamiento hecho el 22 de septiembre por Emilio Alvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La segunda es a su vez una cuestión tremendamente delicada, pues consiste en la ausencia de validez jurídica y rotunda inconstitucionalidad que han caracterizado las acciones de los cuerpos militares, circunstancias que recientemente fueron puestas de manifiesto por el ministro José Ramón Cossío en los términos siguientes: I) el país no se encuentra en tiempos de guerra ya que no existe una declaratoria formal emitida a este respecto por el Poder Legislativo federal, ni el Ejecutivo ha expedido un decreto para disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas, ni se ha decretado la suspensión de garantías, II) dados los términos del artículo 129 constitucional, donde se estatuye que en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar, el uso de las Fuerzas Armadas en labores propias de la seguridad pública, reservada a los civiles por el artículo 21 constitucional, es conculcatoria de los dictados de la Carta Magna.
El tétrico escenario tétrico y la flagrante contradicción con la normatividad emanada de la ley fundamental son motivos más que sobrados para justificar un giro de timón, un viraje, un rencauzamiento del irrenunciable deber de combatir al crimen organizado sustentado en el incremento significativo de las tareas de inteligencia y el descenso de las actividades netamente represivas.
Con ello, además de no perseverar en una determinación visiblemente errónea que ha colocado al Ejecutivo saliente en el umbral de una investigación en el seno de la fiscalía de la Corte Penal Internacional, se propiciaría la evaluación de los pactos suscritos con el gobierno de Washington: la Iniciativa Mérida y el Acuerdo General de Seguridad Militar.
Ambos están teñidos de una inadmisible opacidad en virtud de que sus términos literales aún no se conocen. Adicionalmente, contrario a lo estipulado en los artículos 76, fracción I, y 133 constitucionales, no fueron sometidos a la ratificación del Senado de la República y contravienen los principios rectores de la política exterior consagrados en el artículo 89, fracción X, de la norma suprema.
Baste decir que al amparo de la Iniciativa Mérida agentes y representantes de las agencias norteamericanas vinculadas con la seguridad nacional operan libremente a lo largo y ancho de nuestro e inclusive realizan funciones propias e indelegables de las autoridades mexicanas. Más aún, en el informe emitido por el Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio para violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, dependiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, está claramente puntualizado que a través de este instrumento bilateral nuestro país se comprometió a otorgar inmunidad a los contratistas privados o mercenarios en relación a los delitos que cometan en México, es decir, se renunció a los poderes punitivos inherentes a la soberanía nacional.
Por cuanto hace al Acuerdo de Seguridad de Información Militar, su contenido es igualmente inquietante puesto que la Secretaría de Marina, en representación del Estado mexicano, se obligó a proteger la información sobre la seguridad nacional compartida entre ambas naciones.
Se ha dicho que el pragmatismo, la no adhesión a ideas preconcebidas e inmutables será la tónica del siguiente régimen. Esta es, entonces, una oportunidad de oro puro para poner en práctica este modelo de ejercicio del poder político y echar por la borda el lastre calderoniano.