Camilo José Cela Conde

Madrid.-Ilusos al estilo de los padres de la Ilustración —primero francesa, luego inglesa y pendiente todavía la española— inventaron el hermoso cuento de hadas de la justicia basada en la solidaridad, ésa que consiste en darle más a quien menos tiene y al contrario. Carlos Marx, cuyo solo nombre produce urticaria en buena parte de los articulistas españoles, dijo aquello de que a cada cuál se le asistirá según sean sus necesidades. Si se le pregunta a cualquier autoridad actual en el ejercicio de su cargo en España en qué medida se trata de ideas aceptables, dirá de inmediato —siempre que no se le recuerde el marxismo— que la justicia distributiva es el fundamento del Estado de Derecho aunque puede que no utilice esas mismas palabras. Pero luego va la Agenda Tributaria española y hace públicas sus cifras. El pasado año las empresas pagaron en España, en promedio, el 11.2 por ciento de sus beneficios; menos aún que esa especie de caramelo fiscal utilizado por Irlanda para acoger fortunas.

Comparar tales números con los de la renta de las familias españolas es difícil porque hablar de beneficios cuando uno tiene que ajustar el sueldo a los costes de la vida intentando llegar lo más cerca del fin de mes, resulta hasta hiriente. Pero no nos pongamos pejigueros. Basta con preguntar a cualquier ciudadano español si recuerda qué parte de sus ingresos, que no de sus beneficios, se llevó la hacienda pública el año pasado. Es probable que se eche a llorar.

Según nos cuentan, la razón por la que las empresas pagan tan poco y, encima, en proporción inversa a su tamaño, reside en parte en los beneficios fiscales que el Estado español les da para mantenerlas contentas —que tampoco— y en otra parte en los artilugios contables y extracontables —que esos sí que dan mucho gusto–. Los ajustes por consolidación, la amortización de activos, las exenciones y las bonificaciones —la fontanería fiscal, vamos— es el pan nuestro de cada día para las multinacionales que todavía pagan algo en España. No es raro que el gobierno de Madrid se haya gastado casi tres millones y medio de euros para explicar por carta a los pensionistas la suerte que tienen y lo bien que viven. Las películas más caras que hay son las de ciencia ficción.

Dicen que los planes gubernamentales pasan en España por endurecer la exigencia de impuestos a las grandes empresas que, hoy por hoy, son las que pagan menos. Permítaseme que dude de semejante gesto porque, a juzgar por la historia reciente, cuesta trabajo creerse el maquillaje. Hace demasiado poco tiempo que la amnistía fiscal permitió a los defraudadores españoles regularizar su dinero negro pagando un 10 por ciento. Los cálculos del gobierno hablaban, cuando se trataba de dorarnos la píldora, de 25 mil millones de euros a aflorar. No es una cifra a ojo de buen cubero; la ley de los presupuestos generales del Estado español consignó para este año ese diez por ciento, 2,500 millones de euros. A mitad de año, la Hacienda pública había recaudado 52. Como tales dineros son imprescindible para cuadrar el déficit que tiene España, ¿de dónde saldrá la diferencia? Por supuesto que del bolsillo de las familias. Como para organizar una misa en la plaza madrileña de Colón.