Presencia y esencia de la nación

Alfredo Ríos Camarena

El presidente Vicente Fox cometió el desacato de cambiar la efigie del presidente Benito Juárez de Los Pinos a Gobernación; desde ese tiempo, ha existido una corriente encabezada por los grupos progresistas y liberales que ha hecho de este cambio una causa de no menor importancia, puesto que representa el profundo legado histórico de la nación; en efecto, encabezados, entre otros, por Manuel Jiménez Guzmán, hemos sido miles de mexicanos que hoy en día demandamos como primer acto de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto que realice un gesto simbólico, pero trascendente, de devolver la presencia de este héroe nacional a la oficina de Los Pinos.

No se trata sólo de un gesto de liturgia republicana, sino tiene un significado que un partido, como el Revolucionario Institucional, que tiene sus orígenes y causas en la Reforma y en la Revolución, muestre claramente su signo ideológico.

Juárez no sólo representa el federalismo, sino también la política soberana del país, el respeto internacional y la separación entre la Iglesia y el Estado en una nación que ha manifestado su vocación laica que, por cierto, se incorpora al texto de la Carta Magna.

En un mundo de desperdicio de los fondos públicos, de frivolidad y de gasto excesivo, se requiere, como condición fundamental para la recuperación económica, recordar con hechos la austeridad republicana con la que vivió y predicó el gran indio de Guelatao, junto con un grupo de ilustres mexicanos que constituyeron la Generación de la Reforma.

Recordar los principios juaristas no es una reacción obsoleta y anacrónica. Este legado está vigente más que nunca, cuando el país se encuentra en condiciones dramáticas de inseguridad y de falta de equidad.

Para transformar esto, se requiere una voluntad y una capacidad que debe tener el próximo gobierno federal que, hoy por hoy, va a librar sus primeras batallas en las definiciones que se den en el Congreso de la Unión, sobre temas fundamentales que ya se discuten, como la reforma laboral, la lucha contra la corrupción, el control honrado de la cuenta pública y la transparencia. A éstos, pronto se añadirá un tema substancial, la elaboración del presupuesto de egresos de la Federación, que debe contener los inicios de una seria y profunda reforma hacendaria. No podemos crecer en nuestro desarrollo económico si el Estado no tiene los ingresos para impulsar las nuevas políticas; sin los recursos necesarios, no se puede pensar en la justicia social; si no tenemos la capacidad de aumentar cuando menos en 5 puntos el Producto Interno Bruto, el gobierno no estará en posibilidades de cumplir con la esperanza que ha despertado. ¿Cómo hacerlo? Con cuatro premisas iniciales básicamente:

1. La reducción del gasto público.

 2. Un nuevo diseño institucional.

 3. La ejecución de una política recaudatoria que obligue a quienes más utilidades tienen a pagar más impuestos.

4. El gobierno federal debe respetar y asumir a plenitud el control del desarrollo y de la economía.

Por ello, el imperativo categórico de regresar a Juárez a Los Pinos no es una quimera ni un simple gesto simbólico; es darle al pueblo de México la primera certeza de que ingresamos en un nuevo gobierno federal, cuyo sentido de responsabilidad social es congruente con los principios de la Constitución de la república.

Juárez sigue siendo presencia y esencia de la nación, aspiración de un cambio colectivo y esperanza de una nación libre, laica y democrática, pero sobre todo, con sentido de justicia social.

Peña Nieto está obligado con la historia.