Entrevista a Blanca I. Martínez/Directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Nora Rodríguez Aceves
El Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios ha “denunciado desde hace tiempo, y es una hipótesis que sostenemos, que varias entidades de Coahuila están vinculadas o facilitando la actuación de grupos criminales; esto no es algo nuevo, esto ha venido denunciándose por cantidad de organizaciones no sólo en el estado Coahuila sino a nivel federal, y desafortunadamente con esta tragedia ahora también a la familia Moreira, el asesinato de José Eduardo Moreira Rodríguez, hijo del exgobernador, Humberto Moreira, queda visibilizado lo que han denunciado los sin nombres; desgraciadamente, tuvo que pasarle a esta familia para que los medios y la población civil en general pudiera darse cuenta del drama que estamos viviendo en Coahuila”.
“Esto lo hemos estado denunciando, la colusión de agentes estatales, policías municipales, estatales, federales, Ejército, ministerios públicos, bueno, agentes del estado vinculados a estas redes de apoyo a la delincuencia organizada y lo que les dicen a las familias de los que no tienen nombres reconocidos es: «no es cierto», desgraciadamente esta tragedia está permitiendo a los miles y miles de víctimas de nuestro estado y de nuestro país demostrar una realidad que se ha estado denunciado desde hace tiempo”, afirma Blanca Isabel Martínez Bustos, directora del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.
Cabe recordar que el pasado 3 de octubre, José Eduardo Moreira Rodríguez fue asesinado a balazos en el municipio de Acuña, Coahuila. El joven Moreira, de 25 años, ocupaba el cargo de coordinador de Programas Sociales de la Secretaria de Desarrollo Social de Coahuila y era sobrino del actual gobernador, Rubén Moreira.
De acuerdo con la información que han publicado, en su momento, los medios de comunicación nacionales, “una de las principales líneas de investigación de la Procuraduría de Coahuila es que Moreira fue entregado por policías locales a los criminales que lo asesinaron”.
Además de que el Gobierno estatal ha señalado en un comunicado que “es muy probable la participación de miembros de la delincuencia organizada en el homicidio, en el cual, por los hechos y declaraciones ministeriales, se presume la colaboración con autoridades o servidores públicos”.
En el mismo sentido, el 5 de octubre, el procurador de Coahuila, Homero Ramos Gloria en un entrevista radiofónica “se refirió también a la posible vinculación del asesinato del joven con el enfrentamiento de fuerzas policiales estatales con la delincuencia organizada que se produjo la misma mañana del asesinato y en el que falleció el sobrino del líder del cartel de Los Zetas, Miguel Angel Treviño Morales, alias el Z 40”.
Ante la rapidez con que se ha llevado a cabo la investigación y detención de presuntos culpables del crimen del hijo de Humberto Moreira, Blanca Isabel Martínez, asegura que “una cosa es que lamentamos la ejecución del joven Eduardo Moreira, pero nos indigna también el trato discriminatorio para acercar la justicia, las familias con desaparecidos desde el momento inicial de la desaparición han estado pidiendo que todas las fuerzas del estado se muevan para localizar sus desaparecidos, como lo hicieron ahora con el hijo del exgobernador y ese trato discriminatorio no se ha dado con la gente común y corriente, con los civiles que llevaron al poder a toda esta gente, entonces eso lo denunciamos, eso nos indigna y eso lo estaremos demandando”.
Demandan frenar la violencia
Asimismo, el fundador y presidente del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, el obispo Raúl Vera, el pasado domingo 7 de octubre, declaró a los medios que “por la trayectoria política y social que tiene el profesor Humberto Moreira Valdés a nivel nacional, debería de fortalecerlas y continuar con su lucha social, demandando justicia y que los hechos de violencia se frenen en Coahuila y en México”.
El obispo de la diócesis de Saltillo expresó que Moreira “…podría seguir en actitudes similares a las del poeta Javier Sicilia, a quien también le asesinaron a un hijo, y por lo que ahora demandan justicia a las autoridades de los tres niveles de Gobierno en México”
Sin embargo, la directora del asociación civil expresa que “el exgobernador Humberto Moreira tiene mucha información, él sabe muchas cosas, por eso su mejor manera ética, moral y como político es desenmascarar lo que él sabe y así permitir en verdad acercar la justicia a miles y miles de víctimas, yo creo que en congruencia por esta situación que está viviendo debería de hablar, debería de desenmascarar, debería de comprometerse en verdad por la justicia y por el pueblo”.
“En los últimos meses, la violencia en el estado de Coahuila se ha incrementando alarmantemente, seguimos con los problemas fuertes de desapariciones, de desplazamiento, de ejecuciones, de extorsiones, de secuestros, de víctimas inocentes que mueren en los enfrentamientos que son en zona urbana, es decir, tú puedes andar en la calle a cualquier hora del día y te puede tocar algún enfrentamiento. Aquí, en el enfrentamiento, es importante señalar que nosotros lo que vemos es enfrentamiento entre fuerzas del estado y delincuentes, lo cotidiano no es ver que se anden las bandas peleando entre ellas en zonas urbanas o en medio de sociedad civil, sino vemos a fuerzas del estado ya sean militares o civiles en persecuciones o enfrentamientos con la delincuencia organizada sin ningún protocolo de seguridad mínima para la población”.
Por lo tanto, “estamos hablando de una situación en verdad de emergencia para nosotros, en la que desgraciadamente las autoridades no han tenido la capacidad de responder a las víctimas y en el que también hacemos responsables en parte también a las autoridades, porque el nivel al que llegaron a tener poder los grupos delincuenciales no es nada más porque sí, sino porque se les facilitó desde las instancias de poder formal que tuvieran el poder que ahora tienen”.
La activista apunta que la situación de violencia en Coahuila es “una escalada desde hace ya buen tiempo, podemos decir de años, y durante los últimos seis años estamos viviendo en el estado algo que nunca habíamos vivido, y como sabemos, la violencia tiene sus ciclos, hay un incremento, luego una estabilización y luego vuelve a incrementarse; la nuestra, sin embargo, ha sido con momentos de estabilización muy mínimos y más bien es como una tendencia sostenida, la situación de enfrentamientos permanentes en diferentes regiones, no sólo en Torreón, no sólo en Piedras Negras, no sólo en Saltillo, tienen el estado convulsionado”.
“Desgraciadamente vivimos tal cual, en un estado de guerra, en el que al no estar reconocida jurídicamente como tal aunque de facto y después aunque Calderón se quiso retractar, en realidad desde el 2006 él declaró la guerra, donde la sociedad civil no tiene ninguna protección de parte de las autoridades, entonces nosotros no vemos todavía cuando llegará el momento de estabilización y de que empiece a descender la tendencia.”
Frente a esta situación, lo que se hizo el pasado 9 de septiembre fue firmar un convenio para supervisar las labores de trabajo sobre la investigación de desapariciones forzadas, entre miembros de las organizaciones civiles, representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno del Estado, lo cual pudo ser “por la presión que durante años hemos tenido con las familias de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, después de casi tres años de estar sentados en una mesa para llegar a acuerdos para abordar la problemática de la desaparición en el estado, y tiempo en el que no hemos podido localizar a nadie de los desaparecidos que tenemos nosotros registrados”.
No hay confianza en las autoridades
Por eso es importante para nosotros, el haber logrado “un acuerdo con el gobernador en el que se comprometió a asumir las recomendaciones del grupo de trabajo de Naciones Unidas en materia de desaparición forzada y también, el 9 de septiembre, se firmó un convenio para la integración de un grupo autónomo, porque no tenemos confianza en las autoridades, que haga propuestas para lo que deben ser los mecanismos de búsqueda, investigación, definición de un marco jurídico de protección, así como propuestas para la atención integral a víctimas”.
Entonces, podemos decir que “el actual gobernador, el licenciado Rubén Moreira, ha manifestado voluntad política como gobernante para tratar de buscar salidas a esta demanda de las víctimas, y bueno esperamos que este convenio nos ayude a logar los objetivos fundamental de las familias, que es encontrar a sus familiares desaparecidos”.
Sobre este tema Martínez Bustos agrega que “en el caso de desaparecidos se tienen registradas personas desaparecidas desde el 2007 y te puedo decir desde ahorita que hemos pasado por tres gobernadores, por dos procuradores, por cantidad de ministerios públicos, hemos hablado con políticos de todos los partidos y nadie ha hecho nada; esperamos que el licenciado Enrique Peña Nieto por fin, alguien, él se ponga atento y en verdad responda a esta grave situación y tragedia humanitaria que estamos viviendo en Coahuila y en nuestro país”.
De acuerdo al “último corte que tenemos sistematizado al 31 de julio, hay 258 personas desaparecidas en 108 eventos, porque una de las características de la desaparición acá, en el noreste, es que las personas desaparecen en grupo, porque una de nuestras principales hipótesis y, la más fuerte, es que se están llevando gente para trabajo forzado”.
“Son víctimas de delincuencia organizada en colusión con autoridades; sólo hay que recordar que en marzo de este año detuvieron a cerca de 16 funcionarios estatales, federales y militares aquí en el estado de Coahuila acusados de ser parte de una red de complicidad y protección a la delincuencia organizada, entonces la mayoría de los actos de desaparición son perpetrados por agentes estatales, sin embargo también tenemos casos donde están involucrados policías federales, policías municipales y Ejercito”.
De ahí que para la directora del Centro de Derechos Humanos, la iniciativa de Ley General de Atención y Protección a las Victima, enviada por el Ejecutivo federal el pasado 30 de agosto al Congreso de la Unión, “es una reverenda falta de respeto lo que está proponiendo Felipe Calderón; es una propuesta donde trata de deslindar responsabilidad de las autoridades a diferentes niveles para la atención integral y gubernamental que deben de dar cualquier autoridad. Para el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, es en realidad una agresión y una afrenta a los miles y miles de víctimas de la guerra provocada por él y es una ley que más que proteger a las víctimas intenta proteger al Ejecutivo y a sus cómplices y él es responsable ante la comunidad nacional e internacional de esta masacre”.