Volver y volver a empezar
Carlos E. Urdiales Villaseñor
Como advertimos, la reestructuración en el Instituto Belisario Domínguez del Senado comenzó con la remoción de todo el personal que labora en las tres direcciones de investigaciones legislativas, una de cada partido mayoritario, es decir, en las parcelas del PRI, PAN y PRD.
La primera quincena de septiembre que les fue retenida ya se les pagó y junto con ella el aviso: “con fecha 15 de octubre termina su relación con la institución”. Algunos pensaron que llegarían al bono por desempeño que cada año se paga en noviembre, pero no.
El fondo del tema y el impacto en la calidad de los procesos legislativos que en el Senado se desarrollan son lo importante. ¿Por qué la crítica implícita a las gestiones de Carlos Navarrete y Manlio Fabio Beltrones? ¿Tiene sustento y sentido la reflexión lanzada por el fallecido senador Alonso Lujambio sobre quién controla a los asesores?
El Instituto Belisario Domínguez es un centro de investigación teóricamente apartidista, aunque como usted lo puede apreciar, es justamente un feudo dividido en lotes de poder entre los partidos y sus coordinadores parlamentarios. Pero la letra dice que será de este think-tank de donde los legisladores articulan sus iniciativas, sus debates y finalmente el sentido responsable de sus votos para crear o modificar nuestro marco legal y reglamentario.
Cuando el exsecretario de Educación advirtió, el pasado 19 de septiembre, sobre ese apoderamiento del proceso legislativo por la nomenclatura de investigadores y asesores que podían administrar y orientar el saber de los senadores, planteó un amplio debate.
¿Qué tipo de asesores e investigadores quieren en el Belisario Domínguez? A los mejores, dictaría el sentido común, o a aquellos que están próximos en ideología y praxis política, sería la razón de una clase política que no deja de mostrarnos que, más allá de discursos y desplantes mediáticos, es la cruda rentabilidad lo que motiva su toma de decisiones.
Tal y como lo dijo el senador Miguel Barbosa, presidente en turno del Belisario Domínguez, los capitanes de las otras bancadas y dirigentes del Senado, Ernesto Cordero y Emilio Gamboa, cumplieron con su palabra para hacer una limpia a fondo, total. ¿Tan mal estaba?
¿Cuánto le cuesta al país esta costumbre, de todos los partidos políticos y sus cuadros, de remodelar lo mismo una oficina que una estructura supuestamente profesional como la del Belisario Domínguez? Resultaría tan extraordinario, como utópico, esperar que se hicieran públicos los criterios con los cuales se toman tales decisiones.
Proyectemos esta lógica de trabajo a la estructura del gobierno federal, repliquemos el modelo en los gobiernos estatales y municipales y el resultado será el dispendio por llegar y quitar a los otros para poner a los míos. No hay cuentas ni balances que se entreguen.
La respuesta está en la cínica necesidad de contar con suficientes puestos, direcciones, comisiones y presidencias que permitan negociar entre partidos. Reducir esas estructuras los colocaría en la antesala de la ingobernabilidad interna. Dice la máxima: “En política, lo que se arregla con dinero sale barato”. Y si es con dinero público, más.
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