Para que no haya complicidad

Marco Antonio Aguilar Cortés

Como orador oficial en la ceremonia del 247 aniversario del natalicio de José María Morelos, el presidente Felipe Calderón Hinojosa aseveró que al gobierno de Michoacán le hizo entrega “del mayor monto de recursos federales en la historia”, pero que hubo ineficiencia y deshonestidad en su manejo.

Y si lo anterior es verdad, los michoacanos esperamos que, para que no haya complicidad, del discurso se pase a la aplicación de la ley, a efecto de recuperar ese dinero del erario, y aplicar las consecuencias jurídicas a los responsables. Expresó también, en su visita, que “la avenida Madero, o calle Real, es la calle borracha, porque siempre está tomada… Michoacán necesita reivindicarse, y eso implica que todos entendamos que debemos tener cierto orden, y el orden lo da la ley y, por cierto, el gobierno es el encargado de aplicarla”.

Calificó como “crónico” el asunto de esa borrachita, agregando: “no nos respetamos a nosotros mismos; llega un grupo, y de facto, por sus pistolas, hace lo que se le da la gana”.

Añadió: “observamos el progreso en nuestras narices, al lado de nosotros. ¿Por qué una planta como Mazda, o como Volkswagen, o Honda, por qué se instalan en Guanajuato y no en Michoacán? Porque allá hay un poquito de orden. Allá hay gobierno. No digo que no lo haya aquí, pero allá hay orden.”

Esos tonos coloquiales del presidente muestran la soltura de su sexto año, cuando empieza a desquebrajarse el acartonamiento de los años iniciales; pero, a la vez, exhiben superficialidades que no resisten un análisis lógico.

Es tan viejo el sobrenombre de la “borracha” puesto a nuestra calle principal, que el constante desgaste le ha quitado la gracia.

Que Michoacán necesita reivindicarse, y que tal tarea implica que todos entendamos la ventaja del orden, es tan cierto, como obvio resulta que todo orden, en un sistema como el nuestro, emana de la ley.

También es verdad que el gobierno mexicano es el encargado de aplicar la ley en todo el territorio patrio y, por ende, resulta su garante, según las atribuciones que la propia norma jurídica les impone al gobierno federal, estatal, y municipal, respectivamente.

Así que al presidente de la república le corresponde el conservar el orden en las 32 entidades federativas de nuestro país, en la materia federal, ya que es su competencia. Y respecto a ésta no puede demandarse a sí mismo, sino sólo  cumplir cabalmente sus obligaciones.

Y si el presidente de México encuentra que el orden encargado jurídicamente a los gobiernos de las entidades, o el encomendado a los ayuntamientos, está quebrantado, sería más propio de su parte organizar una reunión de trabajo con las autoridades que real o supuestamente incumplen sus obligaciones, que señalárselos a través de entrevistas de prensa, o en discursos improvisados, a efecto de que eficazmente se avance en las soluciones a esos problemas, más cuando, quizá, el propio Ejecutivo federal sea parte del esos conflictos.

Eso es respetarnos a nosotros mismos.