Condenan en Italia a expertos por muertes y daños ocasionados por un sismo
René Anaya
El juez italiano Marco Billi dictó sentencia a siete destacados científicos de renombre internacional, a quienes encontró culpables de homicidio culposo por la muerte de 309 personas, mil 500 lesionados y 65 mil damnificados, que ocasionó un sismo de 6.3 grados Richter en la ciudad de L’Aquila, en el centro de Italia, el 6 de abril de 2009.
La condena no solo afecta a esos investigadores, sino que se extiende a la comunidad científica mundial y a los fundamentos de la ciencia, en general, ya que la sentencia judicial se basa en que los científicos estimaron, de acuerdo con sus conclusiones científicas, que había pocas probabilidades que ocurriera un sismo de gran magnitud en esa región. En otras palabras, culpa a la ciencia de hacer predicciones.
La naturaleza de la ciencia
El conocimiento científico es predictivo, según refiere el filósofo de la ciencia argentino Mario Bunge en su libro La ciencia, su método y su filosofía: “la predicción es perfectible y, si falla, nos obliga a corregir nuestras suposiciones, alcanzando así una inteligencia más profunda. Por esto la profecía exitosa no es un aporte al conocimiento teórico, en tanto que la predicción científica fallida puede contribuir a él”.
Eso fue lo que hicieron los científicos ahora condenados. En marzo de 2009, una serie de pequeños sismos sacudieron a la ciudad de L’Aquila, en la región central de Italia, por lo que se solicitó a la Comisión de Pronóstico y Prevención de Grandes Riesgos estimara la posibilidad de que ocurriera un sismo mayor en poco tiempo.
La Comisión de Pronóstico estuvo integrada por su presidente, Franco Barberi; Bernardo de Bernardinis, subdirector técnico de Protección Civil; Enzo Boschi, presidente del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología; Giulio Selvaggi, director del Centro Nacional de Terremotos; Gian Michele Calvi, director del Centro Europeo para la Formación y la Investigación de la Ingeniería Sísmica; Claudio Eva, profesor de Física de la Universidad de Génova; y Mauro Dolce, director de la Oficina de Riesgo Sísmico de Protección Civil. Por lo tanto, era una comisión libre de toda sospecha y provista de científicos de prestigio y experiencia.
Los comisionados anunciaron el 31 de marzo que los pequeños sismos habían liberado energía, por lo que la situación era normal. De acuerdo con la experiencia de enjambres de sismos pequeños ocurridos en diferentes partes del planeta, su presencia no predice necesariamente un sismo mayor, sino que al contrario, se reducen a dos por ciento las probabilidades de que ocurra.
Con esos datos se tranquilizó la población, pero días después, en la madrugada del 6 de abril ocurrió el terremoto que causó decenas de muertes, miles de damnificados y derrumbes de muchas construcciones, ante la indignación y descontento de los pobladores, que las autoridades lograron canalizar hacia las predicciones científicas, en un gran golpe político.
La responsabilidad compartida de la ciencia
El juicio contra los investigadores, que comenzó en septiembre de 2011 en L’Aquila, culminó el 22 de octubre pasado con una sentencia que condena a cada uno de los científicos a seis años de prisión, el pago de 12 millones de dólares y la inhabilitación de por vida para ocupar un puesto público.
La sentencia ha ocasionado las protestas de revistas y asociaciones científicas de prestigio; así como de investigadores de las Ciencias de la Tierra reconocidos internacionalmente.
La revista Nature señaló que “se trata de un fallo perverso, de una condena ridícula”. En tanto que la Real Sociedad Británica y la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos advirtieron que “esto podría desembocar en una situación en que los científicos temerán dar su opinión de expertos por miedo a ser procesados o a sufrir represalias”. También consideraron que los científicos “pueden recopilar todas las evidencias disponibles y ofrecer un análisis a través del prisma de aquello que sí conocen”, aunque algunas veces las predicciones sean equivocadas.
El actual presidente de la Comisión de Pronóstico, el físico Luciano Maiani renunció a su cargo, ya que “no es posible presentar al Estado conceptos serenos, desinteresados y altamente profesionales con esta presión judicial y mediática. Lo que pasó aquí no se había producido nunca en ningún país del mundo. Eso significa la muerte de los servicios prestados por los profesionales al Estado”.
En todo caso, los científicos deberían haber presionado al gobierno para que se cumplieran normas de construcción más rígidas que evitaran el desplome de los edificios, pues un sismo de 6.3 grados Richter no es muy fuerte. Pero hasta allí habría podido llegar su responsabilidad.
Habría que señalar que la asesoría científica se limita a hacer recomendaciones o a formular hipótesis, con la advertencia de que la ciencia es refutable y perfectible porque no cuenta con la verdad absoluta, lo que le permite seguir avanzando. Aunque los científicos sí tienen una responsabilidad social, no pueden ser responsables de conductas políticas e intereses económicos que pueden dañar a la población.
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