Callejón sin salida y lleno de confusiones

Alfredo Ríos Camarena

 

El proyecto de la reforma constitucional que establece las iniciativas preferentes del Ejecutivo federal se presentó y se aprobó en comisiones desde la LX Legislatura en la Cámara de Diputados; en ese entonces, se negoció con el PAN que esta iniciativa fuera aprobada en el Pleno de la Cámara con la condición de que también se aprobara la eliminación del “veto de bolsillo” que consistía en que el presidente de la república no podría dejar de publicar una ley o decreto aprobados por el Congreso. Un grupo de diputados de diferentes fracciones parlamentarias nos opusimos a la reforma constitucional, por la falta de cumplimiento del acuerdo mencionado. En la pasada LXI Legislatura, finalmente se retomaron y aprobaron ambos temas.

Esta reforma, como todos los juristas lo saben y como lo establece el artículo segundo transitorio del 71 constitucional que señala “el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación para hacer cumplir lo dispuesto en el presente Decreto, a más tardar en un año contando a partir de la entrada en vigor del mismo”, como consecuencia, la vigencia plena sólo tendría validez cuando se estableciera la legislación reglamentaria; a pesar de eso, en un golpe de audacia, el presidente Calderón —que es buen abogado y sabe de la técnica legislativa— se atrevió a presentar dos iniciativas preferentes, una en materia laboral y otra referente a la transparencia, que deberían haber esperado el tiempo de su reglamentación; con ello se inició un laberinto de ineptitudes y de intereses que ha empantanado el proceso legislativo; se debió establecer la reglamentación y el procedimiento para cuando se presentara la iniciativa preferente en el primer periodo de sesiones de una Legislatura, ya que en ese momento no están integradas las comisiones, y por otro lado, precisar hasta dónde seguiría siendo válido el carácter de preferente cuando la Cámara revisora devolviera el proyecto a la Cámara de origen; inexplicablemente no se ha reglamentado y nos condujo a un callejón sin salida y lleno de confusiones.

En el caso específico de la reforma a la Ley Federal de Trabajo, es conveniente señalar que esta iniciativa no corresponde, ni es del presidente electo Enrique Peña Nieto. Este proyecto tiene un profundo carácter neoliberal, pues favorece los intereses patronales al flexibilizar, al grado extremo, el empleo y sus condiciones; tema que ha venido siendo planteado desde la firma del TLCAN, ya que corresponde a una actitud que ha impuesto el Consenso de Washington para disminuir los salarios y, en consecuencia, aumentar las utilidades empresariales; este tema es explicado con claridad por el maestro Michel Chossudovsky en su libro La globalización de la pobreza.

A mayor abundamiento, hubo presiones de diferentes grupos para aprobar parte de la reforma, y además, implicar el resultado de ésta al presidente electo Peña Nieto, que no ha presentado —ni puede hacerlo constitucionalmente— una iniciativa con ese carácter, hasta que tome posesión. El resultado ha sido el enfrentamiento de los partidos por la falta de técnica legislativa constitucional, y porque los temas sustantivos no han sido analizados a profundidad.

En estos momentos, la realidad es que se devolvió a la Cámara de origen el proyecto, y en consecuencia, se pierde el carácter preferente por no estar regulado, lo que hoy deja un antecedente problemático de técnica legislativa, ya que no existen reglas de tiempo y forma para continuar con su carácter preferente. El tema es de importancia toral para la nación, por eso, hará muy bien la Cámara de Diputados en volver a debatir los temas pendientes, sin ninguna prisa, pues un error puede ser grave para la vida institucional del país y para su paz social.

Para que pudieran surtir efectos los temas aprobados en materia laboral, deben votarse los pendientes en la Cámara de origen y devolverse al Senado de la República, mientras esto no suceda, no hay reforma; se equivocan quienes piensan que ya quedaron firmes los temas aprobados, para ello, tiene que regresar la Cámara de origen la minuta a la Cámara revisora.

En resumen, hay tiempo para darle la oportunidad al presidente electo, Enrique Peña Nieto, que en su carácter ya de presidente constitucional a partir del primero de diciembre, presente, en su caso, su propia iniciativa.

Tampoco debemos olvidar el sentido de lo que son las garantías sociales, que se instituyeron para evitar los desequilibrios sociales, se trata de favorecer legislativamente a los más débiles, ése es el compromiso constitucional del artículo 123 y de la Ley Federal de Trabajo.