Quieren que continúe su fracasada guerra
Félix Fuentes
Los perdedores están en el derecho de criticar y ejercer su libertad de expresión, pero es distinto a que el próximo presidente, Enrique Peña Nieto, se ciña a deseos y caprichos de ellos como la toma de decisiones en su ya próximo mandato, en particular el combate a la delincuencia organizada.
Sin posibilidad de aceptar su abrumadora derrota del 1 de julio, pese al contundente 6.62 % respecto al porcentaje de Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador alarga sus insultos carretoneros y afirma que el priista viola la Constitución por aceptar los servicios de asesor del general colombiano Oscar Adolfo Naranjo.
Eso espanta al tabasqueño, pero nada ha dicho al presidente Felipe Calderón sobre el desempeño de las agencias de seguridad estadounidenses como son FBI, CIA, DEA, las cuales ocupan oficinas otorgadas por el calderonismo, y sus agentes actúan en México sin ninguna restricción.
Durante la pasada campaña presidencial, Andrés Manuel se hizo a un lado del tema de la seguridad e ignoró la comisión de por lo menos 70 mil ejecutados durante el gobierno panista.
El equipo de transición de Peña Nieto anunció la semana pasada la creación de áreas especializadas de inteligencia para garantizar la seguridad y combatir a los grupos criminales. Esto no gustó al panismo, el cual insiste en continuar la frustrada guerra de Felipe Calderón con el Ejército nacional por delante, sin más.
Alejandro Poiré, titular de Gobernación que en otro régimen no habría pasado de secretario general de cuarta, se incomodó por el anuncio del equipo de Peña Nieto, y según dijo a 22 procuradores y fiscales del país, “la estrategia para abatir la impunidad y el crimen debe continuar”.
Afirmó el exvocero panista en materia de seguridad: “este paso fundamental que hemos dado como sociedad no puede frenarse ni desviarse… debe profundizarse con más recursos, con más compromiso, con cada vez más transparencia ante la sociedad”.
Habla Poiré de estrategia, pero de ella se careció en la dichosa guerra de Calderón, con la cual involucró a los militares, hoy señalados en diferentes medios por las víctimas de martirios, extorsiones, homicidios y tratos con mafias de las drogas. Por ello están encarcelados seis generales y soldados de menores grados.
A nadie consultó Calderón en esa valentonada de poder que, infortunadamente, demeritó el prestigio de las fuerzas armadas. En esto miente Alejandro Poiré porque no fue una decisión “como sociedad”. Se trató de un impulso personal del presidente y es el único responsable del escandaloso fracaso.
El Ejecutivo federal debió ponerse de acuerdo, primero, con gobernadores y alcaldes de los principales municipios, a fin de unir fuerzas y lanzar el ataque, una vez elaborado el mapa de los lugares dominados por el narcotráfico. A tontas y a locas no se gana una batalla de esa importancia.
Después vinieron los reclamos a mandatarios estatales, presidentes municipales y al pueblo mismo “porque todos somos responsables en esa lucha”. Cuando advirtió su fracaso, Calderón intentó lavarse las manos y la cara mediante sus ociosos y repetitivos discursos. No lo logró, pero tampoco se resigna y sigue adherido al micrófono.
Es insultante, grotesco, que después de tanta sangre derramada, la cual dio lugar al enorme crecimiento de los cárteles, Calderón y sus congéneres pretendan que Peña Nieto siga su fracasada guerra.
El combate al hampa, la herencia maldita, ha de continuar, pero bajo otros esquemas, con una verdadera estrategia ideada por expertos, y sin propiciar otras decenas de miles de ejecutados. Esto no lo entendió ni lo entenderá Calderón debido a su enfermiza necedad.