Hidrocarburos, columna vertebral del proyecto nacional
Raúl Jiménez Vázquez
El pragmatismo es una corriente de pensamiento enmarcada en la historia de las doctrinas filosóficas. Sus figuras preponderantes fueron William James, Charles Sanders Peirce y John Dewey, quienes postularon que el modelo racionalista de René Descartes, condensado en el enunciado “pienso, luego existo”, era insuficiente y que la actividad intelectual y el conocimiento debían ser las herramientas para estar en el mundo y resolver los problemas del mundo. Desde otra atalaya, esa misma inquietud guiaría las reflexiones de Carlos Marx y Soren Kierkegaard.
La visión pragmática en modo alguno prescinde de los cuerpos teóricos, al contrario, éstos son su materia prima, su punto de partida, y lo que se busca es conciliarlos con la realidad. Hoy en día tal faena no puede ser acometida sin la adopción de una perspectiva plural o multidimensional, lo que demanda ineludiblemente la utilización de los instrumentos provenientes de la teoría del pensamiento complejo y del enfoque de sistemas; este último sostiene que los elementos de un sistema están relacionados entre sí y que el cambio en uno de ellos provoca necesariamente cambios en el todo y en sus demás componentes.
El nuevo equipo gobernante se ha definido a sí mismo como pragmático, permitiéndose en aras de esa percepción hacer declaraciones en torno al tema de los hidrocarburos que no hace mucho habrían cimbrado a la opinión pública, tales como “debemos dejar atrás los dogmas”, “hay que echar a la basura viejos tabúes”, “se requiere romper ataduras ideológicas”.
Más allá de su efecto mediático, dichos pronunciamientos no contienen los ingredientes requeridos a fin de poder encuadrarlos dentro de la corriente a la que nos estamos refiriendo; en primer lugar no se han explicitado el aparato crítico y el marco teórico de referencia, es decir, no se han enunciado las razones, ni mucho menos se han aportado las evidencias empíricas, por las que se ha arribado a la conclusión de que ya no es procedente persistir en la vigencia del modelo constitucional que preserva para la nación la propiedad originaria, el dominio directo y la explotación integral de los hidrocarburos.
Por otra parte, se pierde de vista que, a diferencia de lo que ocurre en otros países (Brasil, Noruega, etc.), el petróleo forma parte de un sistema resultante de un largo proceso histórico en el que se conjugan en forma armónica distintas instituciones políticas que están plasmadas en el capítulo económico de nuestra Carta Magna, como el proyecto nacional, la rectoría del Estado, las áreas estratégicas y la planeación democrática del desarrollo
El Proyecto Nacional constituye la trama y urdimbre del tejido constitucional; al Estado le compete la conducción del desarrollo integral en el marco de la planeación democrática; para el cumplimiento de ese mandato supremo tiene asignadas de manera exclusiva las áreas estratégicas de la economía nación, incluyendo los recursos energéticos, las cuales, a su vez, deben estar a cargo de organismos sujetos a la propiedad y el control del gobierno federal.
Los hidrocarburos son la columna vertebral de todo ese sistema. Si se tomase la determinación de trastocar el concepto y alcances de la industria petrolera nacionalizada, el conjunto de esas decisiones políticas fundamentales se vería afectado de modo ineluctable. De cederse, así sea parcialmente, el manejo y usufructo de la exploración, explotación, refinación, petroquímica básica, transporte, almacenamiento, distribución y venta de primera mano del crudo, los petrolíferos y los petroquímicos básicos, ¿qué sentido tendría ya hablar de áreas estratégicas de la economía nacional? ¿Habría acaso argumentos para seguir manteniendo vigentes la Rectoría del Estado y la planeación democrática del desarrollo nacional? ¿Cuáles serían las piezas emergentes con las que se remplazarían dichas instituciones primigenias? ¿Dónde quedaría el Proyecto Nacional?
Lo mismo puede decirse en relación con otros sistemas en los que los hidrocarburos están más que presentes: la geopolítica, la seguridad nacional, las finanzas públicas, el mercado interno, la memoria histórica y la identidad nacional. Las consecuencias que aparejaría el cambio estructural en cuestión todavía están por dilucidarse.
Así pues, aún hay mucho camino por recorrer. En materia de petróleo, evidentemente no cabe aventarse como El Borras.