No confundir disentimiento con deslealtad.
Edward R. Murrow
Con las iniciativas del presidente electo
José Fonseca
Aunque la tradición ha sido que las reestructuraciones que propone el presidente entrante suelen ser aprobadas sin mayores aspavientos, las dos iniciativas con que el presidente electo, Enrique Peña Nieto, desea disponer de una estructura adecuada a sus objetivos de gobierno, han desatado cierta polémica.
Hay quienes ven con recelo, por ejemplo, las funciones que se asignarán a la Secretaría de Gobernación. No les falta razón al sugerir que la conducción de funciones políticas puede contaminarse con la coordinación de las instancias de seguridad. Muchos opinantes consideran que la absorción de las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública, con toda su poderosa estructura, será de difícil manejo y, sobre todo, será difícil compartimentarlas.
Es posible que los críticos tengan razón, insistimos, pero la opción para el gobierno entrante era la concentración o la dispersión. Por ahora no encontró mejor opción que la concentración, para atender los problemas de descoordinación y especialmente para impedir que esos problemas devengan en enfrentamientos entre dependencias de seguridad y, a veces, hasta entre dependencias con facultades políticas, enfrentamientos que contribuyeron a dispersar los esfuerzos del gobierno saliente.
Una administración ordenada parece ser el objetivo primario. El tiempo dirá si a quienes corresponde alcanzar ese objetivo lo tienen claro y logran, como se dijo líneas arriba, compartimentar las tan diversas funciones asignadas a la nueva Secretaría de Gobernación.
Una de las decisiones que no conocemos es el destino de la estructura, los mandos y personal de la Secretaría de Seguridad Pública. Constituyen el trabajo institucional de un sexenio. Una gigantesca inversión en equipamiento de una corporación con 35 mil hombres, en herramientas tecnológicas modernas y en capacitación de miles de personas para las tareas de seguridad.
El equipo de transición tiene que ver más allá de las malquerencias hacia la Secretaría de Seguridad Pública, porque sería patético que el afán innovador repitiera errores del pasado y al cambio de sexenio se desmantelara lo construido.
Como sea, no adelantemos vísperas, esperemos saber cuál es el propósito del presidente electo antes de juzgar.
En cuanto a la Secretaría de la Función Pública, es posible que sus funciones, parte de ellas, sean trasladadas a la Secretaría de Hacienda, donde puedan ser desempeñadas con mayor eficacia, pues Hacienda concentra mejores recursos para auditar y exigir mejor ejercicio del gasto.
Esas funciones, al final, serán un mecanismo de control administrativo que permite albergar esperanzas de que muchos de los abusos actuales sean detectados, corregidos y castigados severamente los responsables. Ese sería el mejor mensaje de la nueva administración sobre sus intenciones anticorrupción.
Por lo demás, insistimos, hay que esperar a conocer a quienes se asignen los puestos del gabinete, porque aunque constitucionalmente el poder se concentra en el titular del Poder Ejecutivo federal, el perfil, capacidad, honorabilidad y lealtad al país de quienes forman el equipo de gobierno puede ser definitivo para el éxito o fracaso de un gobierno de la república.
jfonseca@cafepolitico.com