Rajoy y Mas se enfrentan en una batalla de declaraciones

Bernardo González Solano

“Eramos pocos y parió la abuela”, dice el viejo refrán. Como si a  España no le faltaran problemas por resolver, inopinadamente el añejo deseo independentista de Cataluña revivió (no casualmente, es cierto), y en pocos días el asunto creció en forma espectacular, aunque ayudado por la estridencia de no pocos medios de comunicación  y por la resonancia de fenómenos similares —en Escocia y en Quebec—, sin olvidar la problemática del País Vasco, donde los comicios locales de la semana anterior le dieron el triunfo a las fuerzas nacionalistas aunque sin la presión de la banda terrorista ETA (Euskadi ta Askatasuna: Patria Vasca y Libertad), que ha dejado de matar en los últimos tiempos.

Vale decir que el movimiento catalanista es un sentimiento complejo compuesto de realidades distintas, diferentes razones. El hecho es que aparte de la crisis económica y financiera —por ende sociopolítica— que Mariano Rajoy intenta resolver, aunque con mucha dificultad, ahora debe contender con la problemática “independentista” de Cataluña.

Aunque Cataluña no es Escocia ni Quebec, no puede negarse que hay algún parecido entre ellas, y que los procesos de secesión que viven esos territorios sirven de referencia para el incierto panorama que se presentará después de las elecciones (anticipadas) del 25 de noviembre próximo.

 

Lo que prevé la Constitución

El presidente catalán, Artur Mas (Barcelona, 31 de enero de 1956), prometió convocar una consulta, pero hasta que la fecha se cumpla no está nada claro el punto de partida ni cuál sea el camino legal a seguir.

De acuerdo a la Constitución del Reino de España, poco hay que especular.

El artículo 92 de la misma prevé que un referéndum debe ser convocado por el Rey, a propuesta del presidente de gobierno, previo permiso del Congreso; y, el artículo 2 dispone la indisoluble unidad de la nación española. Dadas las circunstancias, es poco probable que un presidente de gobierno —para el caso, Mariano Rajoy—, pacte con el de la Generalitat para un proceso similar como el de Inglaterra y Escocia.

De hecho, el ejecutivo gallego (cuyo partido, el Partido Popular, ganó ampliamente los comicios en su natal Galicia, la semana pasada) afirmó que se opondría por todos los medios al referéndum y que Mas cometería un delito si continuara en su empeño bajo la “protección” del Parlamento catalán.

De tal suerte, muchos políticos, analistas, periodistas, empresarios y ciudadanos comunes y corrientes —españoles y catalanes— manifestaron su perplejidad  ante los propósitos del presidente de la Generalitat. Artur Mas ha declarado querer convocar a un referéndum para que Cataluña tenga “un Estado propio” o, más aún, “sea un nuevo Estado de la Unión Europea”. Frases imprecisas que le permiten no utilizar el término, tabú para muchos, de “independencia”. El presidente catalán inició un exagerado pulso entre su comunidad autónoma y el resto del país. Oportunista decisión mientras España está al borde del naufragio financiero.

Proyecto de pacto fiscal

Mas pertenece a Convergencia i Unió (CiU), partido de centro derecha calificado como “nacionalista moderado”. Desde el final del franquismo, CiU ha gobernado en Cataluña durante 25 años, de treinta y dos de vida democrática en España.

Poco después de la gigantesca manifestación independentista en las calles de Barcelona, la antigua Ciudad Condal, el martes 11 de septiembre, Mas presentó su proyecto de pacto fiscal a Rajoy, quien rechazó categóricamente modificar el modelo fiscal imperante. Cinco días más tarde, Mas convocó a elecciones regionales anticipadas, fijadas para el domingo 25 de noviembre próximo, es decir en veinte días.

Al respecto, Oriol Pujol, secretario general de Convergencia Democrática de Catalunya, el principal partido en el interior de la coalición CiU, afirmó: “Serán las primeras elecciones de una nueva etapa… el único camino que nos queda, tener un Estado”.

Agrega: “Ni Portugal, ni Grecia, ni probablemente España son Estados independientes… Son Estados soberanos que decidieron transferir una parte de su independencia a estructuras supranacionales”.

Sucede que aún no se determina la pregunta que se hará en el referéndum. “Dependerá del resultado de las elecciones”, acota Oriol Pujol.

Poco antes de que renunciara  a su cargo, Esperanza Aguirre, a la sazón presidenta de la  Comunidad de Madrid, al referirse a la crisis de España y el mantenimiento económico de las comunidades autónomas, dijo: “España no puede permitirse el lujo de tener 17 mini-Estados”.

El argumento de la crisis económica sale a colación por muchos motivos. Para la derecha (Partido Popular), que llegó al poder hace diez meses, es el momento de revisar el dogma de la descentralización.

Más aún, la tentación recentralizadora corresponde al deseo de un parte creciente de la población española. De acuerdo al Centro de Investigaciones Sociológicas, el 22% de los españoles son partidarios de un Estado centralizado, contra solo el 9% hace diez años. Asimismo, el 17% desea limitar las competencias de las comunidades autónomas, porcentaje que va en aumento.

Pero, para algunas comunidades, las más prósperas y las más orgullosas de su identidad, al contrario: es el momento de reclamar límites a la solidaridad nacional, es decir, “amenazar con el fantasma de la secesión”.

Cataluña y Barcelona

Cataluña, por ejemplo, es la que más reclama. Segunda comunidad más poblada —7.5 millones de habitantes—, con una sólida tradición industrial, representa el 18.7% del PIB español. Es también la región más endeuda: 42 mil millones de euros, siendo que su PIB autonómico es de 200 mil millones de euros.

La situación es tan delicada que Cataluña tuvo que pedir a España que acudiera en su auxilio, y el mismo día que el gobierno catalán reclamó la ayuda del Estado, el Parlamento regional exigió de Madrid un “pacto fiscal”.

Dicho de otra manera, un nuevo cálculo —a la baja— de lo que debe aportar Cataluña al tesoro púbico español. La coincidencia suscitó las burlas de la derecha: que la comunidad pague primero su deuda y entonces podría reclamar mayor autonomía. Nada más, nada menos.

A su vez, en Barcelona, el ministro regional de economía, Andreu Mas-Colell, reviró el argumento de la capital española. Después de su victoria en las elecciones regionales en diciembre de 2010, los nacionalistas de CiU aplicaron el plan de austeridad sobre el plan de austeridad. “Fuimos pioneros en numerosas medidas, como la aplicación del ticket moderador para la salud… Lo elevado de nuestra deuda demuestra que el sistema de financiamiento no es suficiente. Somos contribuyentes netos, por lo tanto, no tenemos ningún complejo cuando pedimos ayuda al gobierno central”.

El concepto de “contribuyentes netos” no puede entenderse más que en el marco de la organización muy descentralizada de España. En Cataluña, el Estado toma lo esencial de los impuestos. Los catalanes calculan el dinero que regresa a la región bajo forma de inversiones, subvenciones y de prestaciones… y sus cuentas no cuadran. Llaman “déficit fiscal” a la diferencia entre la aportación en impuestos y la devolución en inversiones.

Pero cada quien tiene su propia visión de los hechos. Andreu Mas-Colell utiliza el argumento de la crisis: “Cataluña siempre ha denunciado este infrafinanciamiento… pero en tiempo de crisis, los problemas estructurales se manifiestan más vivamente, son más evidentes a los ojos de los ciudadanos”.

Las negociaciones

Queda por saber hasta dónde está dispuesta a llegar Cataluña. Si Madrid se niega a negociar, cómo reaccionará la región. Según los cálculos de la Generalitat, Cataluña cedió, en promedio, el 8% de su PIB al Estado central entre 1986 y 2009.

Además, dicen, es la región en tercer lugar con mayores impuestos por habitante, mientras que ocupa el lugar número diez en las ayudas estatales. Esta tendencia, informan, no ha cambiado en las últimas dos décadas.

De tal suerte, el lunes 22 de octubre, Mariano Rajoy anunció a su equipo de confianza que iba a “dar la batalla” en Cataluña en los comicios del 25 de noviembre para impedir la mayoría absoluta de CiU en el Parlamento catalán.

Además, en un cambio de estrategia, desde que se inició la crisis catalana, se lanzó a la yugular de Artur Mas i Gavarró, a quien prácticamente acusó de haber intentado chantajearlo en La Moncloa.

De acuerdo al sucesor de José Luis Rodríguez Zapatero, Rajoy dio un portazo a Mas, contando la versión opuesta de aquella reunión a la que casi no se había referido.

El gallego aprovechó una pregunta de  la senadora de CiU, Montserrat Candini, sobre el referéndum  en Escocia. “Dice usted que tengo miedo a la democracia, señora Candini”, dijo Rajoy, “pero es que a mí nadie me ha pedido un referéndum. El presidente de la Generalitat me dijo que tenía que aceptar un concierto económico para Cataluña. Yo le dije: «hay que hablar». Y él me dijo que «no, acepta esto y si no traerá consecuencias». No me pidió ningún referéndum. Pocos días después me encontré con que Mas disolvía las Cortes. Y después que iba a hacer un referéndum que podía ser o no legal. Y después en un periódico apareció la pregunta y se le puso fecha. Así es muy difícil construir algo”.

Rajoy abundó en el tema y en una respuesta a José Montilla, expresidente de la Generalitat,  agregó: “Me dice, señor Montilla, que pude haber ofrecido u acuerdo a Mas. Así lo hice. Pero también le dije a Mas: «no le puedes decir o lo tomas o lo dejas al presidente del gobierno, y si no atente a las consecuencias». Yo lo he intentado, pero para que se pueda hablar tienen que tener la voluntad las dos partes”.

Al día siguiente, Mas desmintió a Rajoy, diciendo que sus palabras eran “excusas de mal pagador”. Y el funcionario dijo estar dispuesto al dialogo, pero, agregó: “Lo que ocurre, y esto es lo que a veces no se entiende en Madrid, es que una cosa es estar dispuesto al diálogo y otra cosa es simplemente el trágala, eso es distinto. Para Madrid el diálogo significa que lo que ellos quieren es lo que vale, y eso no es diálogo”.

El diferendo va para largo. Algunos aseguran que después de las elecciones del 25 de noviembre, Mas negociará con el gobierno de Mariano Rajoy. Ya se verá.