Entrevista a Edgardo Buscaglia/Investigador principal de la Universidad de Columbia

 Irma Ortiz

El reconocimiento del secretario de Gobernación Alejandro Poiré a Genaro García Luna cayó como un mazazo: “es un servidor público competente y comprometido que ha respondido a los mexicanos y ha ampliado los horizontes de seguridad. Mi reconocimiento y agradecimiento”.

Un reconocimiento que estuvo acompañado por un desplegado publicado en el diario Reforma, donde Edgar Villarreal, La Barbie, acusa al titular de Seguridad Pública y a sus principales colaboradores de recibir dinero del narcotráfico desde 2002. Es la gratitud a un funcionario que basó su labor de seguridad en shows mediáticos que le valieron el mote de García Luna Productions, con detenciones como la de Florence Cassez o con producciones televisivas como El Equipo, por las que pagó más de 118 millones de pesos.

Un funcionario que sobrevivió a cinco secretarios de Gobernación, con derecho de picaporte en Los Pinos y quien ha mantenido una lucha por lo bajo en contra de los titulares de la Marina y la Defensa.

El reconocimiento está complementado por la publicación del libro de la periodista Anabel Hernández titulado México en llamas. El legado de Calderón, donde retrata a García Luna como hombre vengativo, y detalla sus ires y venires, que le han redituado fuertes dividendos políticos y económicos. Es la fotografía de un funcionario que ve apagarse su estrella y que presuntamente prepara ya su exilio en la ciudad de Miami.

Edgardo Buscaglia, especialista en seguridad, investigador principal de la Universidad de Columbia y presidente del Instituto de Acción Ciudadana, habla sobre el peso de las acusaciones de narcotraficantes en contra del titular de Seguridad Pública Federal y sus consecuencias.

El desplegado que saca La Barbie acusando a García Luna y a su equipo de estar vinculados con el narcotráfico.

Los casos de infiltración de la PGR y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal muestran en los últimos años —sin hacer alusión al desplegado de La Barbie— que ambas instituciones son franquicias que en diferentes porciones han sido utilizadas por grupos criminales para bloquear la acción del Estado.

Cuando hay mucha infiltración, la mayor represión con la mejor de las voluntades que tenga Felipe Calderón, termina generando más corrupción y violencia; la corrupción y fragmentación del Estado actúan como franquicias de grupos criminales, como es el caso SSPF.  Está el caso de Tres Marías, así como otros episodios innumerables en los últimos seis años.

García Luna es un señor que estuvo a cargo primero de la Agencia Federal de Investigación y después de la Secretaría de Seguridad Pública, por 12 años, sin lograr resultados y sólo se ven más casos de infiltración a su alrededor, así como en la Procuraduría General de la República. Son casos que hemos visto a lo largo y ancho del mundo, en Nigeria, Rusia o Sudán, países que han sufrido grandes niveles de corrupción donde el Estado fue fragmentado y capturado por grupos criminales, y que termina sucediendo lo que sucedió.

Las declaraciones de La Barbie —a través de una carta o desplegado—, en un país con un Estado sólido, se investigarían patrimonialmente y en cuestión de semanas se sabría si su patrimonio es  neto, compatible con sus ingresos. Sin embargo eso nunca va a suceder, porque el Estado mexicano es como un queso suizo, fragmentado en pedazos, que responden a diferentes grupos criminales.

Esas investigaciones patrimoniales permitirían determinar si García Luna, si Facundo Rosas, si Palomino, tienen o no un patrimonio inusual, sospechoso, para corroborar o no lo que dice esa carta. Lamentablemente en un Estado como el que tenemos, dependemos, en algún momento, de las evaluaciones de ciertas organizaciones internacionales. Sin embargo, hay organizaciones internacionales de gran envergadura como Interpol, que podría ayudar, cuentan con asistencias técnicas ligadas a la coordinación entre policías para determinar si hay patrimonios mal habidos colocados en el extranjero. Este tipo de trabajo requiere coordinación internacional que obviamente en un Estado debilitado, colapsado como el mexicano, no se impulsará por iniciativa propia, va a tener que venir por una presión internacional.

Establecer una comisión especial

La carta de La Barbie, en un país con un Estado serio, generaría primero que el Poder Legislativo estableciera una comisión especial para monitorear el procesamiento de una causa ligada a funcionarios de alto nivel, como hace en Brasil, con 38 funcionarios, el presidente Lula, del mismo partido de la presidenta Dilma, procesados judicialmente por presuntos actos de corrupción, y acaba de ser sentenciado el jefe del gabinete del presidente Lula. Eso en México no va a suceder todavía, debido a que el Estado mexicano está en manos de mafias legalizadas y mafias ilegales.

Acaba de salir el libro de Anabel Hernández, donde asegura que Felipe Calderón sabía que García Luna estaba vinculado al narcotráfico y sin embargo lo encumbra en una dependencia que maneja la seguridad de este país.

México es una nación en transición política y en estos países normalmente hay vacío de controles. Se vedan controles autoritarios del pasado y se supone que marchas a una nueva definición de controles democráticos que en México no han llegado a ser tales. Controles que sirven para investigar estas denuncias o como las generadas por Anabel, a quien estimo y respeto mucho por la valentía que tiene. Hemos denunciado el sesgo gubernamental a favor del cártel de Sinaloa.

Cuando hay un vacío de controles, cuando los presidentes quieren realizar investigaciones, no lo logran, porque esos pedazos del Estado no le responden. Para tener un Estado que actúe, debería haber generado un gobierno de coalición —como propusimos en 2006—, para contar con un pacto político mínimo e investigar los casos más obscenos  de denuncias de corrupción, contra García Luna o quien sea.

Es un Estado que no responde a las denuncias por bien fundamentadas que estén, como las de Anabel, debido a los enormes agujeros negros de ausencia de institucionalidad que no se definen. La clase política mexicana, por su parte,  vive en un dulce estado de satisfacción ante la ausencia de controles; diputados, senadores y gobernadores han acumulado millones de dólares en patrimonios mal habidos vinculados a delincuencia organizada y a la delincuencia de Estado.

No hablamos de drogas nada más, son 22 tipos de delitos económicos, muchos de los cuales son de delincuencia organizada de Estado, es decir, dentro del Estado está la delincuencia organizada mexicana y muchos no serán investigados nunca mientras no se ponga de acuerdo un grupo de políticos de todos los partidos para establecer mínimos controles y purgar la cloaca de corrupción que ya les llega a la nariz.

Hasta que no los comiencen a matar pasivamente como sucedió en Italia, Colombia, Indonesia, y que comiencen a caer los políticos como patos, no se pondrán las pilas para lograr acuerdos amplios que toquen puntos esenciales para contener la mafia de Estado, las mafias legalizadas en el sector privado y empresarial que capturan el Estado mexicano y lo usan como condón, para llevar adelante sus actividades,

A las denuncias de Anabel se suma la de Ricardo Ravelo, de Proceso, quien transcribió una declaración jurada del guardaespaldas de García Luna, donde los AFI daban cuenta, hace unos años, de un presunto encuentro entre García Luna y un capo. Nadie investigó nada.

Cuando hablamos de vacío de Estado, me refiero a no hay reacción del Estado. En todos los países del mundo hay corrupción y delincuencia organizada, pero el Estado reacciona ante la corrupción, que quizás no sea perfecta, pero reacciona.

En México, ante los vacíos de Estado, debido a la transición política, que no se termina de dirimir, no hay esa reacción. Son los casos de Anabel, de Ravelo y otros que involucran denuncias en contra del círculo de García Luna y otros de la PGR, y los funcionarios han sobrevivido a las denuncias, por esos vacíos. Sólo a través de un acuerdo político, bajo presión y violencia focalizada en la red, tendrás una reacción del Estado futuro donde se reconstituirá el Estado mexicano.

Mala medicina

Lamentablemente el remedio que aplicó Calderón es peor que la enfermedad, y los resultados están a la vista.

Lo anuncié en 2006, ahora ya hay muy poca gente que se pueda oponer a esto, y los que lo hacen te decían antes que no es cierto, pero ahora nos amenazan, nos difaman, nos intentan sacar del país. Miembros de mi equipo han sido amenazados de violaciones contra las mujeres; hay amenazas continuas,  no es la misma reacción que teníamos hace 6 años.

E insisto, las denuncias no tendrán reacciones, porque los controles patrimoniales, judiciales y políticos requeridos no existen. México no tiene controles funcionales.

El problema es la sobrevivencia de funcionarios acusados de corrupción que hoy buscan espacios en el nuevo gobierno, vendiendo información o incluso preparando su exilio a Miami…

Un funcionario público tiene la obligación de dejarse indagar, hablo de países con Estados serios. No tiene que haber una denuncia para indagar patrimonios de ciertos funcionarios, en la OCDE sucede. En México, se dejaron los controles políticos autoritarios del pasado, donde todo partía de Los Pinos, pero no se reemplazó por nada.

En una democracia en transición, los partidos acuerdan los nuevos controles, pero no se hace porque es muy dulce vivir sin control. La clase política mexicana vive así, hay una gran cantidad de actores políticos cuyos patrimonios llaman la atención, por no tener un aparente origen legal; habría que indagarlos, pero eso no existe.

Llega el momento en que una nueva administración tome el poder en pocas horas, y esos mismos actores, esos mismos pistoleros a sueldo, disfrazados de académicos que han favorecido la aplicación del modelo de Calderón que nunca dio resultados, ahora se acomodan con las fuerzas del presidente Enrique Peña Nieto, vendiendo humo blanco y buscando reencarnarse en la próxima administración.

¿Es viable que se le de a García Luna “inmunidad”?

Ni a García Luna, ni a ningún otro funcionario se le tiene que dar ningún tipo de inmunidad, es legalizar un Estado mafioso. Si el señor cometió delitos, hay que procesarlo; si no los cometió, saldrá libre. No puede ser que se discuta la figura de la “inmunidad” en un momento en que el país pasa por la peor crisis de inseguridad humana de su historia, desde la Revolución Mexicana.

Tienen que someterse a un procesamiento judicial, tiene que haber un desarrollo de los Congresos locales y de la Unión, son “tigres sin dientes”, instituciones que no tienen ningún poder de monitoreo, hacen comparecer a los funcionarios en shows políticos, en vez de ser monitoreos técnicos de su desempeño, de su gestión.

Se necesita un Congreso de la Unión y Congresos locales que llamen a comparecer a estas gentes y determinen si han cometido irregularidades y después, que deriven los casos a los fiscales correspondientes como ocurre en Francia, Alemania, Estados Unidos, Canadá.  En todas las democracias modernas, el centro de gravedad de la democracia son los congresos, sean parlamentarios o no.

Sin necesidad de comisiones anticorrupción, sin shows mediáticos, así funcionan las democracias modernas, pero México tiene ese vacío de controles judiciales, legislativos, patrimoniales a través de Hacienda; además de los vacíos de controles sociales porque la “sociedad civil” mexicana se dedica a buscar contratitos, a hacer reportes, a realizar marchitas y la élite de los medios se queda feliz con esa sociedad civil diciendo ¡qué bueno! porque concientizan a la población.

Urge poner en funcionamiento esos controles y asegurarnos de que denuncias como las de Anabel Hernández, de Ravelo, de Pepe Reveles o de Ana Lilia Pérez —quien está refugiada en otro país, porque la iban a asesinar— prosperen. Estos periodistas hacen trabajos de investigación supliendo al Estado mexicano.

Aun cuando Genaro García Luna se vaya de sus funciones, debe comparecer ante el Congreso de la Unión. Yo formaría una comisión especial legislativa —­con los tres partidos—, con investigadores detrás de la comisión patrimonial, para que al término de su administración se le obligue a comparecer, bajo apercibimiento de desacato.

Si no se presenta, se emite una orden de aprehensión, debe comparecer y es sometido a una investigación. Si el Congreso determina que hay irregularidades en su desempeño, se le deriva a un fiscal la investigación y que se le procese.