¿Cosa juzgada legislativa?
Raúl Jiménez Vázquez
El presupuesto base cero es una herramienta financiera sumamente apreciada en ciertos sectores de la administración pública. Su denominación refleja nítidamente el enfoque básico que la sustenta, consistente en lograr la estructuración de un plan económico sin tomar en cuenta las experiencias anteriores, implicando con ello el despliegue de una suerte de borrón y cuenta nueva. Las bondades intrínsecas de esta técnica no pueden, sin embargo, ser aplicadas analógicamente en otros campos del quehacer humano, como el político-legislativo, en los que la asunción de un escenario base cero de la realidad es definitivamente inadmisible.
Al parecer eso es lo que está ocurriendo con la nueva reforma energética de la que se empieza a hablar en los altos círculos políticos. En las declaraciones difundidas a través de distintos medios se ha dejado sentir una urgencia de modernizar Pemex y dotarlo de los instrumentos que le permitan ampliar sus capacidades, soslayándose el hecho de que en 2008 dicho tema ya fue debatido en el seno del Congreso de la Unión y que éste aprobó un paquete de reformas y adiciones a diversos ordenamientos legales tendentes al mismo objetivo. El resultado de aquel proceso parlamentario fue elogiado por el presidente Felipe Calderón y varios personajes más, expresando que se habían sentado las bases para el fortalecimiento de nuestra industria petrolera.
Luego, entonces, para evitar caer en estériles abstracciones, lo adecuado es analizar con puntual detenimiento qué sucedió con la reforma legislativa y ya con los datos duros en la mano habría que preguntarse si acaso llegó el momento de decretar su muerte prematura o bien se encuentra inmersa en un proceso de implementación gradual. De ser lo primero, resultaría ineludible desentrañar y transparentar ante la opinión pública qué impidió que se cumplieran los fines para los que fue diseñada y si las causas del fracaso obedecen al esquema jurídico propiamente dicho, o si se trata de factores de otra índole tales como debilidades institucionales, juegos de poder, inercias burocráticas, patologías organizacionales, etc., cuya superación no demanda la formulación de una segunda propuesta por parte del Ejecutivo federal.
Tampoco puede ignorarse que, entre otros aspectos plasmados en la primigenia iniciativa presidencial, aduciendo motivos de inconstitucionalidad, los legisladores desestimaron la asociación con inversionistas privados. ¿Qué justifica insistir otra vez en aquello que ya fue decidido apenas hace cuatro años y sobre lo que gravita una especie de cosa juzgada legislativa?
Es menester, además, acreditar el costo-beneficio que conllevarían el giro estratégico de la industria petrolera nacionalizada, el traslado de una porción de la renta petrolera y la cesión del usufructo del valor agregado del mercado interno de los petrolíferos. El saldo a favor de la nación tiene que quedar demostrado mucho más allá de toda duda razonable.
Lo anterior tiene que ver con el capítulo energético del Tratado de Libre Comercio de América del Norte donde el Estado mexicano se reservó para sí todos y cada uno de los eslabones de la cadena industrial derivada del área estratégica de los hidrocarburos prevista en el artículo 28 constitucional, desde el yacimiento hasta la venta de primera mano. Con ello se excluyó de ese sector a los inversionistas privados y, más aún, se proscribieron explícitamente los contratos de riesgo.
Si se tomase la determinación de permitir que los inversionistas intervengan en el desarrollo del área estratégica de los hidrocarburos, México estaría renunciando a esta reserva de manera totalmente unilateral y sin recibir absolutamente nada a cambio. En tal caso, lo sensato, lo inteligente, sería abrir una ronda de negociaciones con Estados Unidos y Canadá a efecto de que éstos definan en qué forma retribuirán a nuestro país los enormes beneficios que acarreará para sus empresas la renuncia a esta preciada conquista internacional, por ejemplo, mediante la firma de un acuerdo migratorio más la creación de un megafondo de estabilización similar a aquél que se constituyó en favor de España cuando ésta decidió abrir sus mercados a fin de adherirse a la entonces Comunidad Económica Europea.
Un quid pro quo, un do ut des, un dando y dando haría menos denso el quiebre histórico del trayecto de la industria surgida a raíz de la gran hazaña de la expropiación petrolera.