Serias limitaciones
Humberto Musacchio
Los senadores aprobaron una propuesta presidencial que faculta al IFAI para entrar en las cuentas de los tres niveles de gobierno, fideicomisos, partidos políticos, sindicatos de trabajadores al servicio del Estado y, en general, de todas las instituciones, organismos, personas físicas o morales que reciban dinero público o realicen actos de autoridad en el ámbito federal.
Para cumplir con sus nuevas funciones, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) podrá coordinarse con la Auditoría Superior de la Federación, centros de documentación y organismos de transparencia de los estados y el Distrito Federal, lo que en principio suena muy bien, pero…
El documento aprobado establece también que las resoluciones del IFAI serán vinculatorias, definitivas e inatacables, lo que evitará que funcionarios sinvergüenzas recurran al Poder Judicial en busca de protección. Los organismos públicos tendrán que ventilar públicamente sus cuentas, pero esta disposición no procede si el gobierno federal o ¡el Banco de México! interponen acciones de inconstitucionalidad por razones de estabilidad económica o seguridad nacional, lo que anula en buena medida el afán de transparencia.
Por otra parte, debe precisarse si es constitucional que los gobiernos estatales o municipales tengan la obligación de informar a un órgano federal —el IFAI lo es—, lo que tal vez proceda cuando se manejan fondos aportados por el gobierno central, pero no si esos recursos tienen procedencia local.
El IFAI también conocerá de los recursos interpuestos por los ciudadanos sobre la reserva de información, es decir, todo aquello que los gobiernos de todos los niveles y entidades como los fideicomisos deciden mantener en la oscuridad, salvo que se trate de asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte, lo que constituye otra seria limitación a toda apertura.
Un aspecto más que será objeto de múltiples controversias es el referente a los particulares y organizaciones de particulares, como los sindicatos. Mientras que a todas luces está justificado que los partidos rindan cuentas sobre los fondos de procedencia estatal —en realidad ya lo hacen ante el IFE—, es inaceptable que se pretenda hacer lo mismo con los sindicatos, pues los fondos que reciben del Estado son cuotas de los agremiados y otros recursos resultantes de la negociación contractual, lo que significa que es dinero de los sindicalizados, no del patrón, aunque ese patrón sea el Estado. Ojalá se entienda.