Esclarecer lo que nunca debió suceder
Raúl Jiménez Vázquez
El Ejecutivo federal dio a conocer las seis líneas de acción que vertebrarán lo que él mismo denominó la “nueva política del Estado en materia de seguridad y justicia”: planeación, prevención, promoción y defensa de los derechos humanos, coordinación, transformación institucional, y evaluación y retroalimentación.
En relación con la tercera de las líneas aseguró que se implementará un programa nacional de derechos humanos con el fin de fortalecer las áreas de gobierno en esta materia y que asimismo se creará la instancia federal encargada del seguimiento de la instrumentación de la reforma constitucional vigente desde el 11 de junio del 2011.
Este pronunciamiento dista mucho de ser un gesto magnánimo o gracioso ya que ahora por mandato directo del artículo 1 de nuestra Carta Magna todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Tiene, no obstante, el mérito de haber hecho pública la voluntad de trasladar a la realidad la trascendental determinación de elevar a rango constitucional los derechos humanos, sin duda el paradigma jurídico del siglo XXI, hecho que jamás llevó a cabo la administración calderonista. Aun así en su contra milita el escepticismo ciudadano existente en torno a lo genuino de planteamientos de esta índole.
No es para menos, pues a pesar de la adhesión del Estado mexicano a un impresionante número de tratados internacionales, esto no ha servido para detener el creciente curso de los ataques cotidianos a los derechos humanos. Imperan todavía graves irregularidades como corrupción e inoperancia en los sistemas de procuración e impartición de justicia, cateos ilegales, detenciones arbitrarias e incomunicaciones, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, persecución de defensores de los derechos humanos, ausencia de sanciones a los responsables, etc. Estamos en presencia de un aparato gubernamental cuya vinculación con los derechos humanos se ha mantenido en el plano meramente discursivo, nominal, vacío de contenido.
Para hacerle frente a esta percepción social, en la formulación del programa anunciado deberán considerarse los siguientes aspectos estratégicos: I) visión de Estado: los compromisos han de ser asumidos explícitamente por todos los Poderes y órganos dependientes de los tres órdenes de gobierno; II) universalidad: es preciso abarcar todos los derechos humanos, sin distinción alguna, en particular los referentes al trabajo, la seguridad social, la salud, la vivienda, la educación, la alimentación, el medio ambiente, la verdad y el proyecto de vida, así como las prerrogativas fundamentales propias de mujeres, niños, indígenas, migrantes y refugiados; III) participación ciudadana: es un requisito sine que non, sin ella el programa no rendirá los resultados esperados; IV) organicidad: habrá que fijar las bases conforme a las cuales la actividad de promoción y defensa de los derechos humanos será incorporada dentro de las estructuras y programas institucionales del sector público, incluyendo a Pemex, CFE y demás entidades paraestatales; V) cambio cultural: igualmente será necesario desglosar los lineamientos a los que se ceñirá la conducción y evaluación del complejo proceso del cambio cultural y mental de los servidores públicos, sin el cual la reforma constitucional no tendrá posibilidades materiales de éxito.
Todo ello, sin embargo, es insuficiente. Adicionalmente es menester contemplar la realización en el corto plazo de medidas ejecutivas y de alto impacto, a saber: I) cumplimiento al 100% de las recomendaciones emitidas por la CNDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; II) allanamiento a las quejas promovidas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en casos emblemáticos como la matanza del 10 de junio de 1971 y la masacre de Acteal; III) acatamiento pleno e íntegro de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; IV) solventación de las más de mil 500 observaciones hechas por el Comité contra la Tortura, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y otras instancias de la ONU.
El movimiento se demuestra andando. La prueba de fuego del afán garantista de la nueva administración indiscutiblemente será la preservación y el respeto absoluto a los derechos humanos a la verdad, a la justicia y a la memoria histórica inherentes a las decenas de miles de víctimas de la nefanda guerra antinarco. Por tanto, el programa en cita constituye el vehículo idóneo para establecer las bases que posibiliten la creación de una comisión de la verdad abocada al esclarecimiento de lo que nunca debió suceder.