Luis Manuel Arce
El tiempo avanza y se agota el plazo para los gobiernos de llegar a la III Conferencia Global sobre Trabajo Infantil Brasil 2013, con las hojas de ruta cumplidas para la erradicación de sus peores formas como prostitución, tráfico de drogas y conflictos armados.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) no oculta que se trata de una tarea titánica pues en el mundo había hasta 2010 un total de 215 millones de niños y niñas trabajadores, 115 millones de ellos envueltos en las peores formas, es decir, trabajos peligrosos en los que les puede ir la vida.
OIT considera que en medio de la desidia se nota cierto avance en esa batalla a partir de una mejora en la información y controles de la masa laboral infantil que permite elaborar con más efectividad las hojas de ruta para erradicar el trabajo peligroso en 2016, y posteriormente abocarse a su eliminación total.
Sin embargo, en las dos reuniones regional y subregional casi consecutivas que se realizaron en agosto y octubre pasados en Panamá, se pudo constatar que si bien en América Latina y el Caribe
se ha registrado una disminución del trabajo infantil en los últimos años, las políticas públicas para prevenirlo y erradicarlo son poco eficientes.
La principal observación de la OIT es que los gobiernos aún no garantizan los fondos necesarios para llevarlas adelante de manera sostenida. En el caso de esta región, la Organización calcula que un total de 14 millones de niños y niñas entre 5 y 17 años siguen trabajando, y lo peor es que la mayor parte, 9.4 millones, lo hacen realizando trabajos peligrosos.
Elena Motobbio, coordinadora para América Latina del Programa Internacional para la erradicación del trabajo infantil de la OIT, que participó en las reuniones de Panamá, aseguró que en estos últimos 20 años se han reportado logros, el principal de ellos que se ha conseguido colocar el tema en las agendas públicas de los gobiernos, pero no han podido ser implementadas con éxito precisamente por la limitación de recursos económicos estatales y su asignación de manera sostenida.
De ponerse en peligro el cumplimiento de las metas hacia el 2016 por tropiezos en las hojas de ruta nacionales, Motobbio es del criterio que es necesario declarar en estado de emergencia el trabajo infantil en Latinoamérica.
En la reunión de octubre pasado en Panamá los ministros de Trabajo y Educación y expertos de entidades oficiales y de grupos no gubernamentales de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Belice, República Dominicana y Panamá, así como de los gobiernos de México y Brasil, insistieron en la necesidad de cumplir las hojas de ruta y llegar con ese aval al encuentro de Brasil en este 2013.
El gobierno panameño coincidió con los expertos en la necesidad de realizar un esfuerzo conjunto y dar seguimiento al Plan de Acción de las Hojas de Rutas Nacionales como instrumento rector que define el marco estratégico para alcanzar las metas establecidas.
Lo más importante que hasta ahora ha definido la OIT es la doble relación de causalidad entre el trabajo infantil y la pobreza. Los niños, niñas y adolescentes que trabajan pertenecen principalmente a hogares con las mayores privaciones, y la incorporación temprana al trabajo limita sus posibilidades para que logren un pleno desarrollo. A ese proceso le llama pobreza inter generacional.
En el caso específico de Centroamérica donde hay localizados poco más de dos millones de niños trabajadores, en la reunión ministerial de agosto pasado se adoptaron los compromisos individuales del grupo de nueve naciones, incluidas Belice, República Dominicana y Panamá.
Dichos compromisos responden a las hojas de ruta de cada país para erradicarlo antes de 2015, las cuales se engloban a su vez dentro de un programa subregional, y aparecen como parte sustantiva de la declaración final del encuentro que aprobaron los titulares.
En el caso de Belice se planteó lograr una integración más efectiva sobre las preocupaciones relativas al trabajo infantil y completar un plan estratégico de acción, mientras Costa Rica se comprometió a dar seguimiento al Plan de Acción de su hoja de ruta.
El Salvador cumplirá metas políticas hemisféricas y de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, y reforzará la inspección del trabajo. Guatemala incluirá los indicadores de trabajo infantil en los programas sociales y enfatizará también en la inspección para detectar explotación infantil.
Honduras incidirá en la asignación presupuestaria para la implementación de la política nacional contra ese problema mientras que Nicaragua seguirá impulsando las acciones que hasta ahora ha venido ejecutando con éxito. Adicionalmente hará esfuerzos para que se instale el Consejo de Ministros del Trabajo del Sistema de Integración de Centro América y coordinar acciones regionales.
Panamá hará efectiva la ejecución de la programación de su hoja de ruta y República Dominicana impulsará el programa nacional de trabajo decente, promoviendo el incremento de las oportunidades de empleo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana.
Brasil 2013 se convierte así en el gran punto de inflexión en la batalla por erradicar en 2016 el trabajo infantil en sus formas más peligrosas para iniciar la siguiente etapa de la erradicación total de ese flagelo, algo sumamente difícil si antes no se elimina la pobreza y la pobreza extrema, sus raíces más profundas.