Carmen Galindo

 Tal vez el tema central sobre la gestión estatal de la cultura en México radica en la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en 1988, ya que en ese momento, y cuando los intelectuales demandaban se elevara al rango de Secretaría, se desapareció la Subsecretaría de Cultura, que formaba parte de la Secretaría de Educación Pública, y que cobijaba tanto al Instituto Nacional de Antropología e Historia, como al Instituto Nacional de Bellas Artes. En su lugar, se creo  esta especie de organismo descentralizado que es Conaculta, con un solo propósito: que la iniciativa privada participe en la gestión cultural  mediante la deducción de impuestos o la franca asociación, como en algunos casos de teatro o cine. Hay que advertir que, como los empresarios apoyan al sector cultural por medio de la deducción de impuestos, lo cual significa un sacrificio fiscal del Estado, en la realidad, el Estado continúa aportando el financiamiento, pero en cambio la burguesía tiene injerencia en la toma de decisiones en el sector cultural. Este poder ha sido utilizado de diversas formas, por ejemplo, especulando en el mercado del arte por medio de la selección de autores para las exposiciones oficiales que así suben de precio o por el fortalecimiento de las galerías privadas, y en resumen, con el aumento de valor de las obras previamente adquiridas por los empresarios. También con la apropiación de museos estatales, como el Papalote, convertidos en rentables negocios. O bien con museos igualmente rentables, creados por ellos mismos, como el Museo de Arte Popular o los del empresario Carlos Slim. Es obvio, y éste no es objetivo menor, que estas acciones enaltecen la imagen de la burguesía, por el prestigio que obtienen con el supuesto mecenazgo de las artes. (En el Museo del Papalote, se simula la compra en Wal Mart o de plano se invita a los niños a jugar a ser empresarios).

Un discurso en contra del supuesto paternalismo del Estado, impulsó, por un lado, la llamada “independencia” de los artistas profesionales y por otro, que los directores de los museos se vieran en la necesidad de conseguir financiamiento entre los empresarios. De este modo, el Estado abdicó de ejercer la política cultural y el artista se somete hoy cada vez más a los caprichos del mecenazgo privado.

Al suprimirse la Subsecretaría de Cultura con la creación del Conaculta, y aunque este organismo sigue dependiendo de la SEP, se desvinculó al sector cultura de la educación escolarizada y poco a poco, también por exigencias del Banco Mundial que no considera rentables las Humanidades, se han ido disminuyendo la presencia de la Filosofía, de la Historia, de la Literatura, el teatro, la música y aun de la geografía,(no digamos el latín y el griego)  de la enseñanza escolarizada. Del mismo modo, Conaculta cada vez más se centra en otorgar estímulos a las élites culturales y deja de lado el llevar las artes a los recintos escolares. Las escuelas al aire libre o las misiones culturales, por citar ejemplos concretos,  estaban volcadas hacia la gente, no hacia las élites culturales.

Consuelo Sáizar, nombrada presidenta de Conaculta el 3 de marzo de 2009, luego de acusaciones de dispendio a Sergio Vela, su antecesor, tiene en su haber la creación de la llamada Ciudad de los Libros que reúne las bibliotecas de Antonio Castro Leal, José Luis Martínez, Alí Chumacero, Jaime García Terrés y Carlos Monsiváis y deja pendiente, hasta nuevo aviso, el Centro de la Imagen, que se dedicará a la fotografía, y que complementa el proyecto. Este rico conjunto de libros se puede localizar digitalmente, pero todavía no han sido digitalizados los acervos, por lo que existe el riesgo de convertirse en un elefante blanco. Un poco antes se reinauguró la Capilla Alfonsina debidamente remodelada, centro que se destina a exposiciones y otras actividades culturales, pero sobre todo a la investigación, destino tal vez de la Ciudad de los Libros.

La remodelación del Palacio de Bellas Artes concitó protestas que llegaron hasta el ámbito internacional sin que se lograra ni siquiera la remoción de un funcionario menor. La dirección de Alfonso de Maria y Campos, en el INAH, provocó que los investigadores denunciaran la destrucción de patrimonio cultural en diversos lugares, como la zona de Zintzunzan, entre otros, y casos de arqueoturismo, como espectáculos turísticos de luz y sonido o la realización de festejos privados de diversa índole que dañan el patrimonio cultural. Esta administración también  permitió que se instalaran centros comerciales en espacios restringidos por ser zonas arqueológicas o históricas.

 Los festejos del Bicentenario incluyeron, entre otras celebraciones, la Biblioteca Digital del Bicentenario, el forum cultural de León, Guanajuato, la serie televisiva de Pensemos México y culminaron con la Estela de Luz que se calificó, por su costo, como un monumento a la corrupción.