Problemas de la justicia
Marco Antonio Aguilar Cortés
Todos los mexicanos nos sentimos agredidos al observar, directa o indirectamente, la violencia que aplicaban en contra de las personas y las cosas los grupos que ejercían su fuerza bruta para protestar en contra del presidente Enrique Peña Nieto, el primero de diciembre próximo anterior, en diversos puntos de la ciudad de México.
De 70 detenidos por fuerzas del orden, se supone en flagrancia, al escribir este artículo 56 de ellos han quedado en plena libertad, ya que el juez, o los jueces penales, a quien o a quienes fueron consignadas las averiguaciones previas correspondientes, no dictaron auto de vinculación a proceso al no encontrar pruebas de la existencia de ningún delito ni probabilidad de que el indiciado lo hubiera cometido.
Lo anterior puede significar que la policía cometió ilicitudes al realizar las detenciones: privó de su libertad a quienes no debía, y no arrestó a los delincuentes. ¡Doble injusticia!
Pero también podría significar que el ministerio público consignó con detenido averiguaciones públicas mal hechas, sin motivación ni fundamento, por su incapacidad jurídica, por consigna, o por ese torbellino de la inmediatez que suele agravarse por el exceso de trabajo.
Sin embargo, a la vez podría significar que el juez recibiera órdenes superiores, o que cometiera error en la apreciación de las pruebas aportadas, ocasionando el auto de soltura.
En cualquiera de los supuestos que he señalado se revela la existencia de pésimas autoridades: las de seguridad pública, las de procuración de la justicia y las de administración y aplicación del derecho al caso concreto con interés controvertido.
Si así están nuestras autoridades, nos encontraríamos en peor condición que a finales del siglo XIX y a principios del XX, cuando el pueblo de México, sintiendo el peso de la injusticia, gritaba con toda convicción: “¡Muera el mal gobierno!”.
Ahora habrá que ver qué pasa con los 14 indiciados a quienes se les ha dictado el auto de vinculación a proceso. Mal se hará si siendo culpables los dejan en libertad; peor será si siendo inocentes los condenan a la privación de su libertad por varios años.
Debemos volver al inicio. Los delitos se cometieron y existen esos delincuentes que nos agraviaron a todos los mexicanos. Las consecuencias de derecho deben imponérseles a ellos, sin represión, sino simplemente como aplicación coercitiva de la norma jurídica vigente.
Mal hacen quienes pretenden hacer el elogio de esa grotesca fuerza destructora de jóvenes manipulados, como hacen mal quienes justifiquen los actos de gobierno violatorios de derechos humanos.
El problema de la justicia es tan importante como el económico y el educativo. Que a los demonios de la oposición y a los demonios del gobierno, se les imponga legal castigo.