Seguridad y justicia: política de Estado
Mireille Roccatti
El gobierno de Enrique Peña Nieto presentó su política en materia de seguridad pública y justicia. El tono y el contenido resultan reconfortantes y esperanzadores. Se abandonó el tono belicista, el militarismo exacerbado y sobre todo se habló de paz. El énfasis se centró en la planeación y el abandono de las acciones reactivas, lo cual contrastó con la improvisación y las ocurrencias del régimen de gobierno anterior.
Es cierto que como todo buen ejercicio de política pública resultó necesario presentar un diagnostico para desnudar el problema y plantear soluciones para resolverlo. Las cifras y datos que fueron exhibidos resultan incuestionables y evidencian lo errático, fallido y equívoco de las acciones que durante seis años provocaron un baño de sangre. Abundar y regodearse en los resultados adversos del pasado régimen en la materia tampoco abona a la salud de la republica. El juicio histórico será implacable.
Los seis ejes de la política anunciada de seguridad y justicia, la cual se busca que tenga visión de horizonte, que se construye pensando en el futuro, tomando en cuenta que muchas de las acciones propuestas cristalizarán a mediano y largo plazo, tienen así perspectiva histórica y visión de Estado.
Planeación, prevención, protección de derechos humanos, coordinación, transformación institucional y evaluación, que integran esta política pública, además de contener todos los elementos teóricos que deben conformarla, implica sin ninguna duda un cambio de estrategia, un viraje de rumbo.
En la implementación de esta nueva estrategia, destaca el consenso de que debe ser adoptada por todos los órganos del Estado mexicano, por todos los órdenes de gobierno y apoyada por la sociedad civil organizada. El tiempo se ha agotado y no hay cabida para mezquindades y regateos.
Muchos son los puntos, las propuestas y las acciones que pueden destacarse, habría que empezar quizás por la prioridad que se otorga en perseguir y castigar las conductas delictivas, esto significa disminuir la impunidad. Se prioriza el abatimiento de los delitos de alto impacto: homicidios, secuestro y extorsión.
Por la importancia toral que tiene en la nueva estrategia debe destacarse el que se “carguen las tintas” en la prevención del delito, como una acción multifactorial y multidimensional, que incluye acciones de prevención de pautas de conductas antisociales, prevención de adicciones y atención de adictos, recuperación de espacios públicos, generación de empleos, renovación del tejido social.
En materia de protección de derechos humanos, resulta muy satisfactorio el compromiso con su respeto y protección a través de un programa nacional en la materia.
Por otra parte, el retorno a la Secretaría de Gobernación de la responsabilidad en materia de seguridad pública permitirá una mejor y adecuada coordinación entre todos los órdenes de gobierno. En este orden de ideas se regionaliza el país para que la atención se realice de conformidad con las características y particularidades regionales.
Otros planteamientos destacadísimos, que habrá que abordar con la amplitud que merecen son la modernización de la PGR y la creación de la Gendarmería Nacional.
Y finalmente resulta plausible la inclusión de mecanismos de evaluación con la presencia de la sociedad civil organizada. En suma, mirando al futuro se busca la paz.