Carlos Guevara Meza
El pasado 29 de noviembre la Asamblea General de Naciones Unidas resolvió considerar a Palestina como “Estado observador no miembro” de la ONU, por 138 votos a favor, 9 en contra (Israel, Estados Unidos, Canadá, República Checa, Panamá y las pequeñas repúblicas de las Islas Marshall) y 41 abstenciones (entre ellas Reino Unido y Alemania). La nueva posición de Palestina no le da derecho de voto en la Asamblea ni su bandera ondeará al lado de las otras en los edificios de la organización, pero le permite ingresar a los diferentes organismos de la ONU (entre ellos, la Corte Penal Internacional).
La palabra clave aquí es “Estado”. La Asamblea General llama “Estado” a Palestina y por tanto reconoce su existencia y su soberanía sobre un territorio que la resolución aprobada sitúa en las fronteras previas a la Guerra de los Seis Días de 1967. La votación, aunque se esperaba más alta a favor de los palestinos, representa sin duda el momento más bajo de Israel en la consideración de la comunidad internacional.
Las represalias contra la Autoridad Nacional Palestina (ANP) no se han hecho esperar. Prácticamente al día siguiente Israel anunció la autorización para la construcción de 3 mil nuevas viviendas ilegales en los territorios ocupados, en la zona de Jerusalén este y Cisjordania, incluyendo la polémica área conocida como E-1 (lo que partiría Cisjordania en dos, haciendo completamente inviable al Estado Palestino), además de la retención de los impuestos palestinos de los territorios ocupados, que Israel cobra y luego entrega a la ANP (recursos vitales para la economía palestina, puesto que con ellos se paga el sueldo de los servidores públicos, prácticamente el único circulante).
La comunidad internacional cuestionó de inmediato y de manera contundente estas acciones, incluyendo los países que votaron del lado israelí y los que se abstuvieron (Estados Unidos, en voz de Hillary Clinton, señaló con claridad su desacuerdo, y los gobiernos británico, francés y español incluso convocaron a los embajadores israelíes para presentarles protestas formales; el portavoz de la canciller alemana Angela Merkel hizo declaraciones inusualmente duras al respecto, considerando que Alemania es el principal aliado europeo de Israel).
La retención económica es un golpe inmediato, pero la construcción de nuevos asentamientos ilegales llevará tiempo (el gobierno israelí anunció que le tomaría dos años poner en práctica su decisión), lo que abre un lapso mínimo para que las cosas se recompongan, aunque considerando el corrimiento a la derecha de la población israelí (sobre todo en el tema palestino) no parece que vaya a alcanzar. Las próximas elecciones en Israel se realizarán en enero y, a pesar de los dos golpes que supone para el premier Benjamin Netanyahu el fracaso en Gaza y la resolución de la ONU, no parece que haya otro liderazgo capaz de reemplazarlo; si acaso, habrá un gobierno aún más duro.
Para el presidente palestino Mahmoud Abbas, este triunfo supone una bocanada de aire fresco cuando ya tenía el agua muy por encima del cuello. El reciente conflicto en Gaza fortaleció a su contrincante, la organización Hamas, y parecía desestimar sus esfuerzos por llevar el conflicto a una solución pacífica. Ahora tiene un as bajo la manga que, sin embargo, el gobierno israelí puede echar a perder con facilidad.
Por lo pronto, felicitaciones al pueblo palestino por este reconocimiento. Esperemos que conduzca eventualmente a una paz duradera.