Entrevista a Edgardo Buscaglia/Investigador principal de la Universidad de Columbia
Irma Ortiz
El presidente Enrique Peña Nieto presentó hace unos días su estrategia en materia de seguridad donde anunció seis ejes de acción: planeación, sin improvisaciones para reducir la violencia y recuperar la paz; prevención, los esfuerzos institucionales buscarán atender causas del fenómeno delictivo y no sólo consecuencias; protección y respeto a los derechos humanos.
La cuarta línea de acción es la coordinación: el territorio nacional se dividirá en cinco regiones operativas, coordinados por la Secretaría de Gobernación; transformación institucional, que implica reformas a la ley de administración pública para que Gobernación se haga cargo de la seguridad nacional, con la reorganización de la Policía Federal y se cree la Gendarmería Nacional, y finalmente la evaluación y retroalimentación, que implica que la estrategia de seguridad sea evaluada periódicamente por la ciudadanía y en su caso sea ajustada.
Para algunos panistas, como el diputado Guillermo Anaya, el plan de seguridad es una obviedad y esperaba una estrategia más ambiciosa, mientras que para el perredista Alejandro Sánchez Camacho el plan anticrimen está lejos de ser una estrategia integral.
En tanto, especialistas en criminología esperan definiciones de la manera en que cristalizará el plan para saber cómo se alcanzarán las metas propuestas.
Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana de México e investigador principal de la Universidad de Columbia, en Nueva York, expresa sus puntos de vista sobre la estrategia, enfocando sus baterías en los puntos que en su opinión no fueron abordados y que deberán implementarse o, de lo contrario, no se podrá contener el tsunami de violencia que vive el país, provocado por el crimen organizado.
Visión de la estrategia de seguridad
Es una gran mejora con respecto a la administración federal anterior, que se hayan propuesto esos seis puntos. En la administración Calderón, la tozudez, la arrogancia y la falta de conocimiento de su gabinete dejó fuera muchas de estas medidas hoy anunciadas. Las acciones ligadas a la prevención social están muy vinculadas a las propuestas que hemos hecho desde hace varios años en México, en cuanto a que una política de prevención social requiere coordinar a gabinetes de secretarías para que trabajen como una orquesta sinfónica. Es un gran progreso que el presidente Peña Nieto tome esa decisión en su discurso número uno y después lo incluya como uno de sus seis bases en su programa de seguridad.
Una política de seguridad que incluye prevención social va mucho más allá de lo que hacía la administración anterior, que era básicamente tomar medidas reactivas como una gallina sin cabeza. Ahora, la coordinación entre los eslabones de la administración de justicia también se incluye y eso hace años que lo venimos mencionando.
Tuve la ocasión de comentárselo al equipo de transición en materia de seguridad cuando hablé con ellos, hace dos meses. Es ese punto de la coordinación entre los diferentes ámbitos del Estado, municipal, estatal, federal y la clave para implementar estas medidas.
Sin embargo, faltan áreas a la estrategia que no han sido incluidas y que el presidente deberá incorporar si realmente quiere tener mejoras concretas en el ámbito de seguridad humana.
Este terreno va más allá de la seguridad pública, incluye seguridad física y de la comunidad, pero se requiere seguridad patrimonial, laboral, social, sanitaria, ambiental y seguridad en el acceso a la educación, que es uno de los factores de riesgo que está impidiendo que el Estado se haga presente en áreas en las que cientos de miles de jóvenes se vuelcan como hormigas a pandillas y grupos criminales.
Las políticas de seguridad humana van más allá del tema de policías y ladrones; policías y bandas criminales y el presidente marcha hacia eso, pero faltan áreas importantes para contener el tsunami de criminalidad organizada. ¿Cómo va a hacer para desmantelar patrimonialmente a empresas criminales compuestas por pedacitos de estados, de municipios; pedacitos de policías municipales, estatales o funcionarios; pedazos de empresas legales, de personas morales que están incluidos en las empresas criminales?
Unidades de investigación patrimonial
¿Cómo va a desmantelar ese organigrama, contenerlo o controlarlo? Se requiere de unidades de investigación patrimonial en cada una de las entidades federativas incluido el Distrito Federal, donde tendrán que trabajar conjuntamente para identificar los bienes reales, patrimoniales que se constituyen en fábricas, en galpones de almacenamiento.
Aclaro que no es lavado de dinero, son bienes físicos de quienes desde hace años apoyan a grupos criminales, que actúan como infraestructura de producción, logística, de distribución y muchas veces utilizan flotillas de transporte de empresas legales para cometer matanzas.
Hay que identificarlos a través de unidades de investigación en cada entidad, no pueden estar bajo el dedo del gobernador, tienen que ser autónomas y trabajar en red.
Hay quedarles un estatus especial en el marco jurídico mexicano y eso requiere de un pacto político con los gobernadores.
Sobre eso no escuché nada. Si actúan sólo con unidades de inteligencia financiera a nivel federal, no van a controlar el tsunami de empresas que le trabajan a criminales. Lavado de dinero quiere decir encontrar dinero en el sistema financiero, que lo engloba la unidad de inteligencia financiera federal, que hace el trabajo muy mal, pero asumamos que lo haga bien a partir de ahora, sólo puede abarcar al sector financiero, que es un pedazo de la economía. Hay muchos sectores del PIB que no son financieros y no pueden ser investigados.
Necesitas unidades de investigación patrimonial para desmantelar las flotillas de transporte, la infraestructura de producción de drogas sintéticas, galpones donde ocultan a tus hijos cuando los secuestran. Sin esas unidades, el gobierno no podrá desmantelar empresas criminales.
Desmantelarlas no quiere decir ir con soldados a la calle sino identificar los organigramas económicamente hablando y simplemente imputarles una causa no necesariamente penal, sino civil, donde el Estado neutraliza los bienes, hace auditorías fiscales a través del SAT, y a partir de ahí, con los insumos que identifica una empresa equis, que le trabaja a un grupo criminal, Hacienda envía a sus auditores fiscales y ahí sí pueden empezar a embargar bienes, sin necesidad de una causa penal.
Limpiar la cloaca de la corrupción
Eso no lo escuché decir y es esencial que el presidente Peña Nieto lo haga. Entiendo que es políticamente difícil porque muchas veces le caes a empresas trabajándole al cártel de Sinaloa, o a los Zetas, a los Caballeros o a un grupo asiático, y esas empresas también han financiado campañas políticas, entonces le caes a políticos.
Es inevitable, México va a tener que limpiar un poco su cloaca de corrupción política. Es la segunda área que no le escuché hablar al presidente: la corrupción política, ¿cómo va a limitarla sin pegarle a la corrupción política que es la segunda área que falta en estas propuestas?
La corrupción política no es sólo corrupción a secas, es la de más alto nivel. ¿Cómo la va a controlar? Es un tema que cada país ha hecho a su manera; Italia, a través de jueces enormemente independientes, que no creo que México pueda tenerlos en el corto plazo y lo hicieron bien.
Colombia lo hizo a través de fiscales que le pertenecen al poder judicial, los fiscales no están bajo el dedo del presidente, cada país lo hizo a su manera pero tienes que proponer alguna manera para atacar la corrupción política.
Se requiere de un acuerdo político y muchas veces son los mismos Congresos en donde el presidente Peña Nieto dijo va a ser una política de Estado con respecto a los demás poderes. La forma de traducir esas palabras en hechos es que llame al Senado, que forme una comisión especial de justicia y control patrimonial con todos los partidos representados para comenzar a tejer los pactos necesarios y determinar a quiénes de los políticos impresentables, obscenamente corruptos, van a ir descubriendo a través de conductos políticamente pactados.
Eso no lo dijo el presidente. No hay una ley que describa exactamente cómo neutralizar a políticos corruptos, pero normalmente son parte de pactos políticos para controlar la corrupción, organizarla.
El problema mexicano es que el Estado se ha debilitado tanto en esta transición política hacia una democracia que no termina por llegar, lamentablemente el Estado se fragmentó, se dejaron a un lado los controles autoritarios previos, los que había en las décadas 60, 70, 80 y no se reemplazaron con nada.
Los controles judiciales para los propósitos más prácticos no existen en México. De cada 100 delitos solamente hay dos sentencias, el 98 por ciento de los delitos no se sentencia.
Los controles patrimoniales no existen, el SAT no interviene con auditores fiscales para embargar empresas vinculadas a grupos criminales, no hay controles patrimoniales, ni de corrupción política, ni tampoco de prevención social que estén funcionando.
País sin controles
En un país sin controles, el Estado se debilita, se fragmenta y cada pedacito de éste le trabaja a grupos criminales diferentes. Con esas debilidades del Estado que el presidente Peña Nieto tiene frente a sí, tiene que comenzar a frenar esa descomposición.
La corrupción nunca desaparece en ningún país del mundo, ni en Suecia, China o Japón desaparecen, se regula, se organiza, y no se deja que cualquier político haga cualquier cosa.
Se regulan las contribuciones de campaña electoral. Esa parte, el presidente todavía no ha explicado cómo lo va a hacer y si lo hará a través de una política de Estado, y uso sus palabras, eso quiere decir que tiene que implementarla mano a mano con el Legislativo, donde el Poder Legislativo no sólo redacte la ley sino que participe en la implementación.
El Ejecutivo ejecuta y el Legislativo a través de una comisión especial de justicia y control patrimonial —formada por todos los partidos en el Senado— monitoree y pacte cómo se va a neutralizar a políticos de los municipios, de las entidades y federales más impresentables que tiene hoy México.
Sin eso, no van a poder avanzar hacia un control de la corrupción política y si no avanzas a neutralizarla, los grupos criminales mexicanos, asiáticos y europeos que operan en México —que son más de 80— nunca van a terminar de expandirse, porque los políticos y empresarios se siguen vendiendo al mejor postor y eso le sirve de pilares a los grupos criminales de origen nacional y extranjero que operan en el país.
Esas áreas no fueron mencionadas por el presidente Peña Nieto, pero tengo la esperanza que lo haga y empiece a pactar con los poderes del Estado. Vi una mención hace unos meses de una comisión anticorrupción, pero si se trata sólo de un espasmo presidencial, donde el Ejecutivo los nombra, los controla, les da el presupuesto y los vigila, la experiencia internacional te dice que 9 de cada 10 comisiones, como esa, se colapsan y fallan, porque no tienen a todas las fuerzas políticas y sociales detrás.
El presidente es quien manda
El presidente Peña Nieto debe entender que con mayor represión no va a salir de esta pesadilla. Más soldados, más represión y más gendarmes y fiscales, sin tener los elementos de control patrimonial, no funcionan si no contienes la corrupción política.
Hablando de las primeras medidas, si no comienzas a pacificar el país, si no le das a esas áreas primero y solamente le tiras a más represión, esos 10 mil gendarmes los van a corromper como lo hicieron con los policías de García Luna.
Hay una secuencialidad en las medidas, que comienzan con limpiar primero el Estado, que éste se atenga a reglas básicas de comportamiento donde los políticos municipales y estatales sepan que el presidente es quien realmente manda, que no es un títere, ni una gallina sin cabeza.
Cuando los gobernadores, alcaldes y políticos vean que el Estado comienza funcionar como un bloque, donde se reintegra el poder fáctico del Estado, cuando comiencen a tomarse medidas de corrupción patrimonial y limpien el Estado, entonces se comienza generar una policía de primer mundo, así como fiscalías y jueces.
El presidente tiene que tomar medidas para limpiar el Estado antes que nada, no puede comenzar a generar gendarmes con un Estado sucio como el de ahora; no puede generar represión con un Estado corrompido como el actual, porque le van a sobornar a sus gendarmes a una gran velocidad.
La policía federal en el modelo que dejó Genaro García Luna se colapsó como se lo anunciamos en 2006-2007 en un libro publicado junto con Andrés Roemer en la UNAM y otros colegas en México; se colapsan los modelos de policía grandilocuentes de miles de funcionarios que trabajan dentro de un Estado sin controles patrimoniales, ni de corrupción, ni judiciales.
El jefe del Ejecutivo no tiene que caer en la misma trampa represiva al generar gendarmerías antes de tener un Estado medianamente limpio, insisto, no hay ningún país del mundo que tenga que tener un Estado limpio completamente, hay putrefacción en todo el mundo, pero son descomposiciones reguladas, organizadas, no son corrupciones pirañescas como las que existen en México, donde cada gobernador es un señor feudal; cada presidente municipal se considera un señor, y tienen que empezar a imponerse reglas al comportamiento de los políticos y solamente se puede hacer a través de pactos.
No abusar del arraigo
Son medidas excelentes, por lo menos en los discursos, celebro que se comiencen a poner límites a la aplicación de esa figura medieval que es el arraigo. Hay que ver cómo se implementa, pero la idea es que haya una secuencialidad en la aplicación de medidas para que tengan éxito. No se puede construir una casa y comenzar por el techo, sino por los cimientos, en este caso institucionales, que en México están podridos.
Los cimientos se reconstituyen a través de un pacto político, luego ya hay tiempo para tener una policía bonita, con más armas, con buenos uniformes. Primero hay que reconstituir los cimientos político-institucionales y eso se hace a través de como lo dijo el presidente, de una política de Estado que implique un acuerdo puntual, no simbólico, ni de abrazos, con una comisión especial que coadyuve en la implementación de los seis puntos anunciados, más los dos puntos míos y esta comisión debería monitorear cómo, dónde se implementa, qué políticos son procesados o si tiene que haber un acuerdo político que nazca de esa comisión especial del Senado, representada por los principales partidos.
Ellos deberían pactar ya cómo se implementa esa política anticorrupción con nombres y apellidos. A partir de ahí, que los partidos apoyen el impulso de una causa penal contra alguno de esos miembros, pero que sea parte de un empuje conjunto.
Si se hace nuevamente a la vieja usanza a través de una supersecretaría de Gobernación que genere los acuerdos a la vieja usanza, si se trata de hacer a través de un espasmo de la PGR —por más bueno que sea el señor Murillo Karam— no va a funcionar.
La cultura política mexicana ha cambiado mucho en los últimos 15-20 años y no está el horno como para poder generar espasmos presidenciales y esperar que todo el sistema político se cuadre. Los gobernadores y políticos municipales ya se han acostumbrado a venderse al mejor postor en muchos casos, no en todos, y esa cultura de corrupción desorganizada hay que organizarla y regularse cono se hace en Francia, en Estados Unidos.
Tiene que haber límites claros al comportamiento de los políticos establecidos por los mismos actores políticos y los partidos mismos.
Participación ciudadana
México no tiene una tradición ciudadana de control social como Colombia, Argentina, con las Madres de la Plaza de Mayo y muchos movimientos del cono sur, que sí salieron a la calle con propuestas.
México no tiene esa tradición porque viene de un sistema en donde había por muchas décadas una pirámide de comando y control, donde la sociedad civil era cooptada y participaba en esos mecanismos de consenso con el PRI y cambió la cultura política.
La sociedad civil mexicana en vez de estar continuamente haciendo marchas y diciendo que se le tiene que incorporar, como lo demandaron organizaciones de la sociedad civil al presidente, deben trabajar. Está muy bien que se le incorpore, pero tiene que proponer medidas al presidente y éstas se tienen que considerar a través de las comisiones del Senado, de los órganos del Poder Ejecutivo.
Hay que hacer comparecer a esos grupos sociales y darles una ley de prevención social que los regule, para que la sociedad civil participe en la vigilancia social, por eso se le llama prevención social, que en Brasil, Colombia o Argentina ocurre.
Esa tarea ya la hace Desarrollo Social de manera ad hoc en México, desde hace algunos años en 15 por ciento de los municipios del país, pero hay que regularlo, incorporarlo a una ley.
La sociedad civil tiene que tener un rol de control social y sería una buena oportunidad incluirlo en la ley de prevención social, contar con un capitulado donde se regule cómo, dónde, cuándo y quiénes van a vigilar el Estado.
Hay mucha sociedad civil mexicana que busca el negocio a través de auditorías policiales, de más “contratitos” con la Secretaría de Seguridad Pública. Están llenos de pistoleros disfrazados de sociedad civil, o de académicos, aclaro, no todos, pero sí muchos, hay que regularlos para que la sociedad civil no solamente demande, sino que también tenga obligaciones.
¿Qué se espera de la sociedad civil que haga: sólo contratos, reportes o marchas?
Tiene otro rol muy importante: vigilar cómo se ejecuta un presupuesto municipal, estatal y federal; monitorear a sus jueces y fiscales a través del examen técnico de averiguaciones previas o de sentencias como hacen en Brasil, Colombia o Argentina.
Espero que en la ley de prevención social, se incorpore un capítulo para tener ese rol de control social independiente y que no sea un apéndice corrupto del secretario en turno, como sucedió en las administraciones de Calderón y Fox que estaban llenos de “sociedad civil contratista”, dedicada más que nada a buscar beneficios y no a brindar un servicio a la sociedad, que es lo que tiene que hacer.