Círculo virtuoso
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
La libertad que hay que dar a un pueblo es la cultura.
Miguel de Unamuno
Gracias a la incansable labor del magonismo, el movimiento obrero mexicano reivindicó las necesidades sociales, materiales, educativas y culturales del trabajador y de su familia a lo largo de la lucha revolucionaria.
La solidez de tales demandas fraguó la fracción VI del artículo 123 de la Constitución de 1917, a través de la cual los diputados constituyentes determinaron que el salario mínimo deber ser suficiente para “cubrir las necesidades normales del jefe de familia en el orden social, material y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.
Como asertiva respuesta a la insatisfacción patronal de tal mandato, José Vasconcelos convenció a los revolucionarios de alcanzar los postulados del movimiento armado a través de una profunda transformación cultural y educativa.
La ruta pedagógica iniciada por Vasconcelos se enriqueció con el aporte vigoroso del movimiento plástico gestado en torno a la Revolución, cuyos máximos exponentes engalanaron muros de emblemáticos edificios públicos, a través de sus recreaciones de la historia patria y de los postulados libertarios que configuraron la nación, generando así el ideario visual del pueblo mexicano.
Ni duda cabe que el quehacer cultural de la república sustentó por décadas políticas públicas de enorme trascendencia en la vida colectiva de la sociedad, a la par de constituirse en el referente del México revolucionario en el mundo.
La imposición de preceptos económicos antagónicos a nuestros postulados de desarrollo y justicia sociales desmontó el precepto del salario mínimo delineado por los constituyentes de 1917, y con ello se expulsó de la agenda gubernamental el compromiso de garantizar a los trabajadores un salario decoroso que cubriera las necesidades básicas de sus familias —dentro del que se incluyeron las culturales—, decisión política que auspició su sustitución por una programación televisiva cuya función garantiza la unidad ideológica del espectador a través de contenidos globalizadores.
En sentido contrario a esta estrategia de enajenación, el gobierno de Brasil sorprende al mundo al decretar la Ley Vale-Cultura, incentivo que colocará en manos de cada trabajador un monto equivalente a 600 pesos mexicanos (50 reales) para garantizar con ese recurso su acceso a productos culturales como películas de estreno, conciertos, museos privados, o libros y material de lectura, discos o partituras.
La ley brasileña prevé que el incentivo sea sólo aplicable a quienes ganan entre uno y cinco salarios mínimos y —según los cálculos de la ministra de Cultura Marta Suplicy— ello representará un potencial cercano a los 42 mil millones de pesos que serán inyectados a las industrias culturales, que con ello tendrán asegurada su subsistencia gracias a este
círculo económico virtuoso.
Una acción similar por parte de los gobiernos federal y capitalino es más que deseable, es exigible, pues ello redundaría en garantizar los derechos culturales de los trabajadores y sus familias, así como los de los creadores y promotores artísticos, a la par de concretar en los hechos lo que atinadamente defendió en su época don Miguel de Unamuno, para quien la cultura es la libertad que hay que dar al pueblo.