La Carta Laica es el fundamento jurídico filosófico de la “Cátedra Extraordinaria Benito Juárez” instalada en la UNAM y firmada por autoridades, académicos y sociedad para promover la consolidación del Estado Laico en el país.
“La democracia es sinónimo de laicidad,
en virtud de que es contraria al fanatismo,al dogmatismo, a la superstición,
al pensamiento único y a los valores absolutos
que son inaccesibles a la razón humana”
Jorge Carpizo
Considerando:
Que la laicidad del estado es una conquista que ha distinguido al México moderno.
Que desde hace 150 años, venturosamente, se consolidó una cabal separación entre las normas y las autoridades civiles y las instituciones religiosas.
Que ese proceso ha tenido reconocimiento constitucional en diferentes momentos y ha quedado plasmado en la constitución con el reconocimiento del carácter laico de la República mexicana.
Que la separación entre el estado y las iglesias y el sometimiento de estas últimas a los ordenamientos y autoridades civiles son condición para que las personas ejerzan la libertad de conciencia que la constitución les reconoce y puedan convivir en un contexto de pluralidad en el que se respetan y protegen las diferencias.
Que la laicidad es fundamento de libertad y palanca contra la discriminación y, por lo mismo, es una condición que hace posible la convivencia democrática.
Que en las sociedades democráticas la libertad de conciencia y el derecho de las personas a profesar o a no profesar creencias religiosas debe estar garantizada.
Que en un estado constitucional y democrático se reconoce a todas las iglesias que ajustan sus prácticas a las leyes del estado y que respetan los derechos de los terceros en igualdad de condiciones.
Que todos los ministros de todos los cultos deben estar sometidos a las leyes del estado sin excepciones.
Que un estado laico no es un estado antirreligioso ni un estado intransigente.
Que un estado laico reconoce a todas las personas libertad para modular su conciencia y su vida a partir de sus propias convicciones en igualdad de condiciones.
Que la laicidad también implica el reconocimiento y el respeto a las convicciones morales y filosóficas de las personas que no profesan religión alguna.
Que en un estado laico es inadmisible que una iglesia o un grupo religioso imponga sus dogmas, principios o reglas de conducta a la comunidad política.
Que la educación debe ser laica porque de ello dependen la libertad de conciencia y el futuro de la democracia.
Que la legitimidad de las normas colectivas en una sociedad democrática solo puede provenir de la legitimidad que otorgan los ciudadanos a sus representantes electos.
Que las normas colectivas deben ajustar su contenido a los límites que impone la constitución siendo un límite cardinal el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas sin discriminaciones.
Que el federalismo no puede ser un pretexto para fracturar el principio de igualdad ante la ley por lo que las creencias de la mayoría de la población en una entidad no pueden configurar el contenido de las normas colectivas en detrimento de los derechos de las minorías o restringiendo el alcance de derechos otorgados a todas las personas por la constitución nacional.
Que, como han sostenido los autores de la Declaración Universal sobre la Laicidad en el Siglo XXI, “La laicidad del siglo XXI debe permitir articular diversidad cultural y unidad del vínculo político y social, de la misma manera que las laicidades históricas tuvieron que aprender a conciliar las diversidades religiosas y la unidad de este vínculo”.
Que México enfrenta una coyuntura difícil en la que algunas personas y organizaciones militan en contra de los principios enunciados.
Los firmantes de esta carta –promovida por la “Cátedra Extraordinaria Benito Juárez” de la Universidad Nacional Autónoma de México- nos dirigimos a la opinión pública para hacer un llamado al Presidente de la República, legisladores, jueces y demás autoridades del estado en todos los niveles de gobierno para que, en observancia de lo que dicta nuestra constitución, se comprometan a las siguientes:
Acciones:
v Garantizar en todos los ámbitos de la vida pública la separación entre la esfera política que incumbe a toda la sociedad mexicana y la esfera religiosa que concierne solo a los fieles de las diversas religiones.
v Promover la tolerancia como principio fundamental de convivencia democrática para sentar las bases de una sociedad que reconoce el valor de las diferencias.
v Garantizar que el contenido de las normas respete los principios de libertad, igualdad y no discriminación que impone el marco constitucional.
v Garantizar la laicidad de la educación. La escuela debe ser un espacio de encuentro plural y abierto en el que, como dicta la constitución, los contenidos educativos –en todas las materias- se orienten por el progreso científico y combatan la ignorancia, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.
v Garantizar que existan las condiciones para que la investigación científica se desarrolle sin obstáculos fundados en dogmas religiosos. La búsqueda y la difusión del conocimiento, a través de la investigación y la docencia, deben trascurrir sin ataduras a dogmas o presuntas verdades reveladas.
v Garantizar que la laicidad sea el principio que oriente las políticas públicas en materia de salud y de preferencia sexual.
v Evitar que el federalismo se convierta en un pretexto para fragmentar el principio de igualdad en derechos. Todas las personas, independientemente de la entidad federativa en la que vivan o se encuentren, deben ser titulares de una amplia esfera de libertades en igualdad de condiciones.
v Promover las reformas necesarias para restituir la vigencia de la laicidad en los casos donde hayan sido adoptadas disposiciones que contravengan los principios proclamados en esta Carta.
México, D. F., a 14 de enero de 2013
