Los Acuerdos de San Andrés
Raúl Jiménez Vázquez
Luego de la impactante silenciosa marcha del 21 de diciembre a la que le siguió un lacónico “¿Escucharon?… Es el sonido de su mundo derrumbándose”, hizo su gran reaparición el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y fijó su postura ante el régimen de Enrique Peña Nieto, al que emplazó ya sea a reincidir en la política contrainsurgente o a cumplir los compromisos contenidos en los acuerdos suscritos por el gobierno de Ernesto Zedillo el 16 de febrero de 1996 en el municipio de San Andrés Larráinzar.
A ese respecto, es preciso recordar que, a fin de dar curso a los preceptos de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, sendos representantes del EZLN, la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión (Cocopa) y el gobierno federal se reunieron en dicho poblado para analizar y negociar cinco temas concretos, todos ellos tendentes a la construcción de un nuevo esquema de relación del Estado con los pueblos indígenas: derechos y cultura indígena, democracia y justicia, bienestar y desarrollo, conciliación en Chiapas y derechos de la mujer en Chiapas.
Los resultados obtenidos en torno al primer tema fueron plasmados en los denominados Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena, mejor conocidos como Acuerdos de San Andrés, quedando conformados por los siguientes documentos: I) Informe general sobre el proceso negociador, II) Pronunciamiento Conjunto, III) Propuestas Conjuntas a enviar a las instancias de debate y decisión nacional, IV) Compromisos para Chiapas, V) Acciones y Medidas para Chiapas.
El núcleo de ese histórico consenso fue el imperativo del reconocimiento a nivel constitucional del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, la asunción de su condición de entidades de derecho público, la garantía del acceso pleno a la justicia, y el respeto a las especificidades culturales y elementos distintivos de sus sistemas normativos.
Lo que sucedió posteriormente es bien sabido: no obstante haber sido firmados por la delegación gubernamental y pese a la aquiesencia inicialmente otorgada por el titular de Gobernación, los Acuerdos fueron desconocidos por el Ejecutivo, quien envió al Poder Legislativo una iniciativa contraria a lo expresamente pactado en los Diálogos para la Paz con Justicia y Dignidad.
La irrupción decembrina de los zapatistas trajo al presente el oprobioso comportamiento de la administración zedillista y volvió a colocar la agenda indígena en el tablero de las prioridades nacionales. Muestra de ello es el punto de acuerdo de obvia y urgente resolución aprobado por la Comisión Permanente a instancias de la senadora Dolores Padierna, en el que se exhorta tanto a la Presidencia de la República como al propio Poder Legislativo para que cumplan los Acuerdos de San Andrés y se emprenda un esfuerzo serio de diálogo que posibilite el ejercicio del derecho a una vida digna.
Cualesquiera que hubiesen sido los motivos por los cuales fue traicionada la palabra oficialmente comprometida en las mesas de San Andrés, al día de hoy carecen en definitiva de sustento jurídico a la luz de la reforma a la Carta Magna vigente a partir de junio del 2011, que obliga a todas las autoridades, sin excepción alguna, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que sea parte el Estado mexicano.
En efecto, lo asumido por el gobierno federal ante el Ejército Zapatista no constituye una graciosa concesión, ni una generosa dádiva, ni una canonjía adversa a la legalidad. Se trata, ni más ni menos, de derechos humanos consagrados en diversos instrumentos de derecho internacional público signados por México, como la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas y, sobre todo, el Convenio 169 de la OIT sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
En su discurso inaugural, el actual ocupante de Los Pinos aseguró categóricamente que el cometido fundamental de su gobierno será hacer realidad los derechos humanos. Esta es una excelente oportunidad para imprimir efectividad a ese pronunciamiento y honrar la reforma constitucional en cita; sin duda, los Acuerdos de San Andrés deben ser cumplidos al pie de la letra.