La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de liberar a Florence Cassez fue repudiada por gran parte de la sociedad, entre otras razones, por no existir una estrategia que blindara penal, política y mediáticamente el escenario.

Antes que la Corte, la opinión pública ya había emitido su fallo desde hace siete años: Cassez era culpable de secuestro, y consideraba su encarcelamiento no sólo como un acto de justicia a favor de las víctimas, sino como un símbolo de la lucha contra la impunidad.

Debe subrayarse que el secuestro es uno de los delitos que más lastiman la dignidad humana. Si la francesa estuviera acusada de robo o incluso de asesinato, no provocaría la repulsa, el odio que hoy causa en gran parte de los hogares mexicanos.

Este importante antecedente tenía que haber sido considerado en una estrategia —que no hubo— dirigida a controlar o contrarrestar los daños políticos y psicológicos que causó su liberación en una sociedad que se siente insegura, agraviada, atemorizada e impotente.

Segundo punto. Si el montaje televisivo, armado por la Agencia Federal de Investigación (AFI), es el causante de haber corrompido el proceso y de haber provocado la violación de los derechos humanos de la inculpada —asunto del que se tenía conocimiento desde hace siete años—, ¿por qué no está detenido Genaro García Luna, extitular de la AFI, y el resto de los policías involucrados?

Si paralelamente a la liberación de Cassez, las autoridades hubieran procedido a iniciar un proceso judicial en contra no sólo de quien ordenó el montaje sino de un funcionario, como García Luna, que utilizó el cargo y la lucha contra el crimen organizado con fines político-personales, el excarcelamiento de Cassez tendría hoy un significado menos indignante.

El mundo vio en las pantallas de televisión a una Cassez victoriosa. La reflexión lógica, natural, fue: a ella se le libera, y ¿a quién se sanciona? ¿Ganó la justicia?

Los abogados defensores de la acusada alegan que su liberación deberá convertirse en una lección para los policías violadores de los derechos humanos. ¿De veras lo entenderán así?

“Hoy —se escuchó decir a algunos abogados destacados— es un día triste para la justicia.” Y es que se trató de una victoria pírrica para el Poder Judicial que inevitablemente lo arrastra al terreno de la duda. Los ministros que votaron a favor de concederle el amparo se apegaron a la técnica, pero tal vez no al derecho o a la interpretación de la justicia con un sentido más universal.

Es difícil que la sociedad entienda lo que, en el mundo de los hombres comunes y corrientes, parece ser un razonamiento propio de la esquizofrenia. “La Suprema Corte de Justicia de la Nación —se dijo— no dictaminó sobre la inocencia o culpabilidad de Cassez, sino sobre un proceso judicial en el que se violaron los derechos humanos de la quejosa”.

La decisión pudo ser constitucionalmente impecable, pero el mensaje, la señal, es que una mujer acusada de privar de la libertad y de torturar a sus víctimas es tratada como si fuera una especie de Juana de Arco. Al final, lo que termina pesando más para efectos políticos es la percepción de la sociedad.

La gran cobertura mediática que recibió Cassez tanto aquí como en Francia no es responsabilidad, obviamente, de los ministros, pero sí de quienes sabían que el desahogo del caso estaba en puerta, y que las circunstancias obligaban a impedir que la resolución cayera en “seco”. Nadie se ocupó de preparar la vacuna o de ponerle agua tibia a la tina.

Sobre todo, cuando se sabía que la presión internacional sobre el país iba a influir de manera contundente en el fallo. Para Europa, México es un país tercermundista violador de los derechos humanos, y la liberación de Cassez contribuye, paradójicamente, a limpiar de alguna manera esa imagen.

La decisión, sin embargo, equivale a la explosión de una carga de dinamita que provocó fuertes daños políticos internos que tienen que ser, de alguna manera, reparados. La liberación de una extranjera despertó un sentimiento de mexicanidad que estaba dormido. ¿Los mexicanos somos de segunda? ¿No valemos? ¿Quién nos defiende?

La gente no entiende lo que dicen los ministros, pero sí lo que muestran las pantallas de televisión: a una mujer acusada de secuestro, hasta ahora culpable, que anda libre por las calles de París y recibiendo un trato de Juana de Arco.