En el foco de la opinión pública
Raúl Jiménez Vázquez
La vertiente del derecho internacional es una variable crítica que ineludiblemente deberá ser tomada en cuenta en la formulación e instrumentación de las políticas y decisiones gubernamentales, ya que éstas podrían ser objeto de escrutinio o evaluación por organismos de carácter supranacional.
Esta enorme relevancia se ha acentuado a raíz de dos sucesos memorables; el primero de ellos es la trascendental reforma constitucional del 2011, por la que todas las autoridades, sin excepción alguna, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que es parte el Estado Mexicano.
El segundo, la adhesión de nuestro país al Estatuto de Roma, instrumento fundacional de la Corte Penal Internacional donde se halla radicada la denuncia interpuesta hace varios meses por más de 25 mil ciudadanos en contra del entonces presidente Felipe Calderón, tres de sus secretarios y Joaquín “El Chapo”Guzmán, alegando que en el transcurso de la guerra antinarco se perpetraron crímenes previstos dentro de dicho tratado multilateral.
Como se recordará, la respuesta del otrora Ejecutivo federal fue en todos sentidos desastrosa. En tono vitriólico y encolerizado descalificó la acción, amenazó a los denunciantes, los tildó de ignorantes y les endilgó la perversa intención de querer causar un daño irreparable a la nación.
Una segunda denuncia en análogos términos fue planteada por el expresidente del PRI Humberto Moreira el pasado 29 de noviembre, lo que evidencia que el ahora profesor visitante de Harvard requerirá algo más que un simple arsenal de epítetos a fin de hacer frente a las delicadas imputaciones que gravitan en su contra; esto no hace sino confirmar que el tema de la Corte Penal Internacional debe estar en el foco de la atención de la opinión pública nacional.
Teniendo como principal referente histórico el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, el órgano jurisdiccional en cita surgió a la vida jurídica el 17 de julio de 1998, día en que fue aprobado el Estatuto de Roma por los Estados participantes en la conferencia diplomática convocada por la ONU, entrando en funciones el 1 de julio del 2002.
Se trata de un tribunal independiente, permanente y de jurisdicción complementaria, cuya sede está ubicada en la ciudad de La Haya. Sus poderes punitivos no son universales, están limitados a los Estados que han decidido adherirse al Estatuto, excepto cuando medie una solicitud del Consejo de Seguridad de la ONU, pues en esa hipótesis puede avocarse al conocimiento de una situación relacionada con un Estado no miembro, tal como sucedió en los casos de Libia y Sudán.
No juzga Estados, sólo a las personas físicas que cometen los delitos más graves que afrentan a la humanidad en su conjunto y que por lo mismo son de naturaleza imprescriptible: genocidios, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, incluyendo los que se llevan a cabo durante un conflicto armado de carácter interno, y crímenes de agresión o guerra agresiva.
No puede, sin embargo, ocuparse de hechos acaecidos antes de la entrada en vigor del Estatuto para el Estado de que se trate, salvo que éste lo solicite expresamente; tampoco puede intervenir de manera directa e inmediata en virtud de que sus atribuciones se actualizan solamente cuando el Estado no puede o no quiere llevar a cabo la función punitiva.
De lo anterior se colige que están dadas las condiciones para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abra una investigación preliminar: I) los hechos sucedieron después del 1 de enero del 2006, fecha en que el Estatuto de Roma entró en vigencia para el México, II) prima facie, a primera vista, detrás de las decenas de miles de muertes, desapariciones forzadas, torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes que acarreó la guerra antinarco podría haber comportamientos calificables como crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, III) existe una clara inacción penal, es decir, no se ha hecho patente la voluntad del Estado de indagar esa hecatombe nacional.
Así pues, el fantasma de La Haya acecha a Calderón.