Crisis histórica de credibilidad y prestigio

Alonso Ruiz Belmont

La transición a la democracia en México marcada por la alternancia política, el pluralismo electoral y un gradual fortalecimiento de la división de poderes ha estado caracterizada también por la existencia de grandes desafíos aún no resueltos en el terreno de la desigualdad material, el crecimiento económico y la consolidación de un verdadero Estado de derecho. Sin embargo, pese a los importantes avances alcanzados en los últimos años, la política y los partidos en México sufren actualmente una crisis histórica de credibilidad y prestigio.

La ausencia de una clase política responsable y profesional se suma a una grave falta de transparencia en la vida interna de los partidos políticos y en el funcionamiento del Poder Legislativo. Un primer elemento a destacar es que, lejos de haber consolidado un núcleo doctrinario consistente que prefigure sus respectivos proyectos de nación, en dichas organizaciones la inconsistencia ideológica y la ausencia de agendas políticas viables y de largo plazo sobresale como un elemento distintivo.

Pese a haber recuperado la presidencia de la república, el PRI se ha caracterizado por ser una coalición disímbola de grupos e intereses que sólo permanecen cohesionados y disciplinados con base en el reparto de posiciones de poder. El ascenso de la tecnocracia neoliberal terminó con la doctrina del nacionalismo revolucionario, y hoy día el pragmatismo y los cambios frecuentes de discurso parecen ser el único rostro de un partido que no ha encontrado una coherencia ideológica que lo distinga de otras formaciones políticas.

En el caso del PAN, desgastado severamente luego de dos sexenios consecutivos en el poder, la institucionalidad y la identidad partidista se han desdibujado peligrosamente ante el avance de feroces disputas internas, el ascenso de la ultraderecha y la ausencia de una efectiva línea divisoria que haya sido capaz de separar el interés legítimo del partido frente a los intereses personales de las presidencias foxista y calderonista.

Por su parte, el PRD, marcado por la descomposición interna, carga con el lastre del sectarismo y el culto al caudillismo, producto en parte de las contradicciones políticas que dieron lugar a la izquierda neocardenista. Sin embargo, al igual que el panismo, el perredismo arrastra con el descrédito de varios escándalos de corrupción que han debilitado enormemente su credibilidad ante la opinión pública.

Un segundo factor a destacar en el desprestigio de nuestra clase política es  la supervivencia de elementos del antiguo régimen, pues, pese a la alternancia democrática, no han sido superados aún en nuestra vida partidista y afectan sobre todo a aquellas formaciones que con la llegada del pluralismo electoral pasaron de la oposición al ejercicio del poder. El presidencialismo autoritario quedó superado por las instituciones y las practicas democráticas, pero su herencia cultural parece quedar aún entre nosotros. Mientras el reformismo electoral se abría paso lentamente, las oposiciones al régimen parecían compartir un consenso no declarado en torno al rechazo de cuando menos dos elementos fundamentales que sostenían las estructuras del autoritarismo priista: la existencia de estructuras políticas corporativas y el patrimonialismo.

Cuando las oposiciones gradualmente se fueron convirtiendo en gobiernos, este consenso invisible comenzó a caer en el olvido. Prácticas eminentemente corporativas como el reparto de despensas y la distribución de ayudas y programas sociales en zonas marginadas pasaron a ser, en mayor o menor medida, componentes estratégicos de gobiernos perredistas y panistas a lo largo del país, particularmente en las zonas rurales. El control de los bastiones electorales a través del uso de programas sociales se convirtió también en otro elemento central para el control de sus clientelas políticas. Adicionalmente, en el caso del panismo, dos sexenios de alianzas con el cacicazgo magisterial elbista suponen un choque ético con elementos fundamentales en la doctrina cultural de ese partido.

Otro elemento negativo que se ha tornado recurrente en la vida de casi todos los partidos políticos es la existencia de tendencias patrimonialistas en las prácticas cotidianas de casi toda nuestra clase gobernante. En muchos casos, la política ha perdido su carácter legítimo como articuladora de consensos sociales para convertirse en un instrumento de fortuna personal al servicio de unos cuantos privilegiados. La tendencia de varios actores políticos a considerar como propios los bienes públicos ha redundado en un desprestigio acelerado de nuestras instituciones, que se manifiesta ya en un incremento considerable del voto nulo.

Para que México pueda transitar de lleno a la modernidad política es necesario que rompamos con la herencia cultural del presidencialismo autoritario, reivindicando la rendición de cuentas y la división de poderes como referentes indiscutibles de nuestra vida democrática. Al respecto, la consolidación de un verdadero Estado de derecho en nuestro país conlleva obligar a los partidos políticos a aceptar mayores mecanismos de fiscalización interna, así como una reivindicación del trabajo parlamentario en beneficio de la ciudadanía y no de las oligarquías partidistas. Es precisa una nueva relación entre partidos y sociedad que renueve el  compromiso de los representantes populares con sus electores.