La ley de Herodes es una película convertida en un clásico del cine mexicano, estrenada en 1999, un año antes de la salida del PRI del poder y donde los habitantes de San Pedro de los Saguaros decapitan a su alcalde por robarse el dinero de la comunidad.
Según Wikipedia, se trata de “una comedia satírica sobre la corrupción política en México durante el largo mandato del Partido Revolucionario Institucional”.
Hace algunos días, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, volvió a insistir en que la dependencia a su cargo no rescatará los estados y municipios endeudados no sólo por carecer de una partida presupuestal, sino porque ha llegado la hora de poner orden.
Y poner orden debería significar varias cosas. Por ejemplo, acabar con las causas que hacen llegar al poder a un alcalde ignorante, deshonesto y autoritario, prototipo de una cultura y una forma de hacer política que ya no le sirve al país.
Videgaray anunció que el presidente de la república, enviará próximamente al Congreso una iniciativa de reforma para poner límites y contener los excesos de endeudamiento.
La disciplina en las arcas de los municipios debería ir acompañada de otras medidas. Por ejemplo, de una nueva ley de partidos que ponga lupa a la selección de candidatos a los ayuntamientos.
La popularidad, la simpatía e incluso la generosidad de alguien que aspira a ser alcalde son méritos insuficientes frente a las necesidades de una comunidad empobrecida. La velocidad que se quiere imprimir al desarrollo del país exige que quienes estén a cargo de los municipios tengan otro tipo de estatura política, moral e intelectual.
¿Sería demasiada ingenuidad proponer que quienes ambicionen convertirse en candidatos a presidentes municipales tengan —como requisito indispensable— que aprobar un curso de capacitación?
No se trata de satanizar o de adoptar una posición prejuiciosa hacia quienes gobiernan los municipios, sino de hacer una llamada de atención con respecto a la importancia que tiene para las regiones y la evolución nacional la instancia político-administrativa más cercana a los problemas cotidianos de la gente.
La pobreza y atraso de un pueblo no justifica que deba tener como autoridad a quien está impedido para promover su progreso.
La escandalosa corrupción de muchos munícipes debería convertirse en “pieza de toque” para replantear el complejo y obsoleto entramado del sistema federalista.
El incremento de las deudas pone en evidencia no sólo un problema ético sino la dependencia financiera de estados y municipios con respecto al gobierno central. Un modelo obsoleto, propio de la Colonia y profundamente injusto como consecuencia de una recaudación que beneficia fundamentalmente a la federación.
El gasto ineficiente, opaco y oneroso de las alcaldías indica también que los congresos locales no están cumpliendo con su obligación de ser contrapesos y vigilantes de lo que hacen los ediles y el gobernador.
Jalisco es el ejemplo más reciente. El Congreso del estado acaba de aprobar una deuda al Ejecutivo local por 2 mil 439 millones de pesos. Cabe señalar que Emilio González Márquez es un gobernador que está por concluir su mandato y que su administración ya no será responsable del millonario préstamo que está contratando.
Lo que más llama la atención es que esa solicitud de deuda fue aprobada principalmente por los diputados locales del PRI, señal de que no conocen o no entienden lo que ha venido diciendo el priista que gobierna desde Palacio Nacional en materia de endeudamientos excesivos e irresponsables. Vale subrayar: no habrá cambio ni progreso con un presidente de la república de primer mundo y alcaldes de la Edad de Piedra.
Detrás de esos malos manejos financieros hay todo un sistema político y cultural que necesita transformarse. El país necesita de una revolución federalista que acabe de una vez con todo lo que representa La ley de Herodes.
Beatriz Pagés