Recuperar la credibilidad en la política
Nora Rodríguez Aceves
El 50% de los países de América Latina tienen ley de partidos y la otra mitad no; entre los que no la tienen está México, sin embargo, “los partidos políticos en México, además de su inclusión en la Constitución en el artículo 41, tienen un régimen jurídico de regulación bastante amplio en el libro Segundo del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tiene 86 artículos que están dedicados a regular diversos aspectos de los partidos políticos”, como constitución, su registro, sus derechos y sus obligaciones.
No obstante, existe “una perspectiva positiva en torno a la posibilidad de una nueva ley de partidos políticos, principalmente, porque en el imaginario colectivo se ha instalado la idea generalizada de que la creación de una ley de esa naturaleza construiría una especie de solución casi instantánea para terminar con la crisis en la que se encuentran inmersos dichos institutos políticos”. Lo cierto es que un buen marco jurídico no garantiza esto, pero sí ayudaría significativamente, señala el consejero electoral del Instituto Federal Electoral (IFE), Lorenzo Córdova, en su ensayo: ¿Hacia una ley de partidos? Ejes temáticos para la discusión.
Cabe mencionar que de acuerdo con estudios comparados, “todos los países en América Latina cuentan con un código o con una ley electoral, sin embargo, no todos tienen una ley de partidos políticos. Nueve países contemplan la existencia de ambos cuerpos normativos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela”.
Por su parte, “en los ocho países donde aún no se han promulgado leyes de partidos políticos, las regulaciones sobre estas instituciones se encuentran contenidas en la legislación electoral. Dichos países son: Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y República Dominicana”.
Asimismo, Córdova asegura que para la creación de una nueva ley que refuerce el sistema de partidos existente deben tomarse en cuenta los siguientes puntos: democracia interna; respeto de los derechos de la militancia; fortalecer la lógica de la legalidad en el interior de los propios partidos políticos; fomentar el fortalecimiento ideológico que debe naturalmente articular la existencia y el funcionamiento de un partido político; propiciar una mejor rendición de cuentas y mecanismos eficaces de justicia interpartidista, y fortalecer la transparencia, que son todos ellos temas ya presentes en la actual legislación, pero que deberían ampliarse y reforzarse.
En el libro coordinado por Raúl Avila, Lorenzo Córdova y Daniel Zovatto, ¿Hacia una ley de partidos? Experiencias latinoamericanas y prospectiva para México, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Instituto Belisario Domínguez de estudios legislativos del Senado de la República, e IDEA, Instituto Internacional para la Democracia y la Existencia Electoral, México, 2012, que contiene documentos sobre experiencias latinoamericanas como: Principio democrático y partidos políticos en Colombia; Los partidos políticos en Costa Rica; Las finanzas electorales en Brasil, entre otros temas.
En esta recopilación de materia el director regional para América Latina y el Caribe, IDEA Internacional, Daniel Zovatto asegura en su documento: La regulación jurídica de los partidos políticos en América Latina, que “los partidos no atraviesan su mejor momento en ningún lugar del mundo, pero por mucho que se potencia la participación de la ciudadanía y la movilización de la sociedad, sin partidos serios y confiables es difícil imaginar que se puedan formar gobiernos eficientes. En particular, no tiene sentido tratar de erradicar la corrupción de los gobiernos si no se buscan mecanismos que desincentiven las formas ilegales de financiación ilegal…”
En ese sentido, Córdova coincide en que los partidos políticos hoy no gozan de una buena fama pública, “como lo constatan reiteradamente diversos estudios de cultura política. El demérito a estas instituciones se ha acentuado aceleradamente en la última década, al grado de colocarlos, junto con los parlamentos, en los peores niveles de confianza y aprecio ciudadano. A ello ha contribuido, sin duda, un difundido pragmatismo electorero, un vaciamiento ideológico y programático, y la falta de representatividad y democracia interna que los caracteriza”.
Además de que para muchos analistas políticos, “el problema central en México es que la figura del registro está totalmente amarrada a la figura de las prerrogativas, por lo tanto debemos buscar alguna solución que nos permita tener partidos, tener libertad los ciudadanos para formar partidos, pero sin que estos partidos se conviertan de inmediato en cargas automáticas para el erario, debemos tener partidos que se esfuercen por que sus simpatizantes los sostengan; no es posible que con el dinero de usted o el mío que pagamos como impuestos se sostengan, incluso, los partidos por los que no simpatizamos y por los que nunca votaremos, pero, bueno, ésa es una de las facetas, por eso digo que el tema es muy complejo”.
Ante este panorama a la conclusión que llegan los especialistas en materia electoral, “el tema del registro es muy complejo porque está totalmente vinculado al tema de las prerrogativas, hay que desvincularlo, pero mientras ocurre eso, lo que hoy se discute es si pasamos de nuevo al modelo en el que puede haber nuevos partidos con registro cada tres años; habrá que evaluar hasta dónde podemos avanzar en ese terreno. El modelo que había antes era que cada tres años podía haber nuevos partidos, el modelo que hoy tenemos es que sólo puede haber nuevos partidos cada seis años”.
Por ello es importante, señala Lorenzo Córdova, “si la ley de partidos nos permite reforzar y reparar el sistema de partidos, podríamos aprovechar ese buen ánimo para efectivamente oxigenar, fortalecer e intentar reivindicar ante la opinión pública los partidos políticos. Al tiempo que se mantenga el equilibrio entre la autodeterminación que permita dar una identidad política, ideológica a un propio partido político, y el respeto, por otra parte, a los principios, a los cánones de democracia y de legalidad que deben de inspirar a todo partido en un sistema democrático”.
“La sostenibilidad de la democracia, su profundización y consolidación demandan el fortalecimiento e institucionalización de los partidos políticos, no su extinción. Los problemas de la democracia se solucionan con mejores partidos no con outsider, con política de mejor calidad, no con antipolítica. De ahí la importancia de recuperar la credibilidad en la política, de mejorar su calidad, de hacerla más transparente, y de volverla más eficaz, de acercarla a la ética, pero sobre todas las cosas, de reconectarla con la gente”, afirma Daniel Zovatto.