Admitió ayer ante un juez federal la Procuraduría General de la República (PGR) que no ha podido corroborar los dichos de Jennifer y Mateo, testigos colaboradores, quienes involucraron al general Tomás Ángeles Dauahare y otros militares con el crimen organizado.
Por su parte, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) aceptó que el único dicho que han “comprobado” es que los indiciados son o fueron servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Por lo que hace al procesado Tomás Ángeles Dauahare, los deposados (señalamientos) de los testigos colaboradores no se encuentran corroborados con medio convictivo alguno, salvo el hecho de que el encausado fue servidor público de la Sedena, sin que al día de la fecha se cuente con probanza alguna para confirmar los dichos de los atestes Jennifer y Mateo”, se indica en el documento integrado a la causa penal 44/2012.
En tanto, el juez fijó un plazo de 10 días hábiles al subprocurador general de Justicia Militar para que entregue el nombre del personal militar que se encontraba adscrito en diciembre de 2007 al aeropuerto internacional de Cuernavaca, donde supuestamente Ángeles Dauahare dejaba pasar cargamentos de droga del cártel de los Beltrán Leyva.
Asimismo, el juez notificó ayer a los militares encarcelados junto con Ángeles Dauahare (los generales Roberto Dawe y Rubén Pérez, además del teniente Silvio Isidro de Jesús Hernández y el mayor Iván Reyna) que el militar pidió que se le dicte sentencia de inmediato, motivo por el cual solicitó responder si se adhieren a esa petición o buscarán enfrentar su proceso penal por separado.
Jennifer es Roberto López Nájera, un abogado que sirvió a Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, operador de los Beltrán Leyva, mientras Mateo es Sergio Villarreal, El Grande, segundo al mando en ese cártel hasta que la Marina lo detuvo en 2010.
Cabe mencionar el ex subsecretario de la Defensa (Ángeles Dauahare) se desistió de presentar más pruebas de descargo y de llamar a comparecer a los testigos Jennifer y Mateo, quienes lo involucraron con el cártel de los Beltrán Leyva.
Ricardo Sánchez Reyes Retana, abogado del general, comentó que la semana pasada solicitó el cierre de instrucción, pues es insustancial que comparezcan los delincuentes que lo ligaron con el crimen organizado.
Indicó que lo más lógico es que los testigos colaboradores que sirvieron a la PGR no admitan que mintieron en sus declaraciones ante el Ministerio Público federal, pues si lo hacen perderían sus privilegios.
Sin embargo, Luis Fernando López Capella, el defensor del general Roberto Dawe González, dijo no compartir la posición de Reyes Retana, aunque dijo que es un excelente abogado.
López Capella mencionó que lo más viable para Dawe González es que siga su proceso y aporte pruebas a favor, y que carearse en videoconferencia con los testigos, quienes se encuentran en Estados Unidos. En caso de un fallo en contra, agregó, pueden apelar o solicitar un juicio de amparo para poner fin al asunto.